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CONSECUENCIAS ACTUALES DEL TERRORISMO DE ESTADO EN LA SALUD MENTAL

CONSECUENCIAS ACTUALES DEL TERRORISMO DE ESTADO EN LA SALUD MENTAL

Salud mental y Derechos Humanos (Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación. Buenos Aires, 2006)*

 

“A los/as trabajadores/as de la salud mental desaparecidos/as en la Argentina.[1] A quienes soñaron con serlo[2], y la dictadura les arrebató esos sueños. Y a quienes sobrevivieron y hoy cuentan lo ocurrido para que nadie se olvide que ESTO NOS SUCEDE.”

 

Agradecimientos

Este cuadernillo fue realizado con el aporte de profesionales de los servicios de salud mental del Hospital General de Agudos Dr. Parmenio Piñero de la Capital Federal, Dr. Juan Dobón y Lic. Christian Schaller; del Hospital General de Agudos Dr. Ricardo Gutiérrez de La Plata, Dr. Oscar Ortiz, Lic. Jimena Cuadrado y Sra. Cecilia Christin; de la Dirección de Planificación y articulación de programas de la Secretaría de Salud, Lic. Mónica Macha; de la Subsecretaría de Organizaciones y Derechos Humanos de la Municipalidad de Morón, Prof. Gustavo Fernández; y de la Lic. Mirta Clara.

 

Presentación

Especialmente a partir de la década del 70, se evidenció una generalización de metodologías represivas en Latinoamérica. El rasgo predominante ha sido la asunción por parte del Estado de la eliminación del disenso social ejercitado bajo la forma de Estado terrorista, fundamentado en la llamada “Doctrina de la Seguridad Nacional”.

El caso argentino ha sido considerado paradigmático en la aplicación de esta política, no sólo por su carácter masivo sino por lo siniestro y clandestino de las metodologías utilizadas.

El campo de la Salud Mental también se vio afectado por el desmantelamiento de los servicios hospitalarios y de investigación, los cierres de carreras universitarias, el secuestro y exilio de profesionales, así como por las formas autoritarias que fueron alejando a los profesionales del padecimiento en el campo de lo social.

Como respuesta al daño sufrido por los sujetos afectados en particular y en la comunidad en general, algunos profesionales de la salud mental debieron dar respuesta a las diversas consecuencias. Se generó así un campo inédito en sus prácticas llamado Salud Mental y Derechos Humanos, trauma político, efectos psicosociales del terror de Estado, entre otras denominaciones.

Esta producción clínico asistencial, comunitaria, social, de investigación y producción teórica se realizó en condiciones difíciles y durante mucho tiempo bajo los efectos de persecución de aquellas mismas situaciones que intentaba resolver. En nuestro país estas tareas se llevaron adelante en torno a los Organismos de Derechos Humanos a cargo de sus llamados “equipos psicoasistenciales”, organizados a partir de 1981.

Hubo que redefinir conceptos y técnicas, debatir acerca del modo de nombrar patologías o hablar de padecimiento psíquico, para dar cuenta de una situación social traumática con especificidades individuales. Así se inauguró un campo de producción que se fue enriqueciendo con los numerosos intercambios y debates con los equipos y profesionales de los distintos países latinoamericanos con los que compartíamos la hermandad en el dolor, o quienes desde otros lugares, en la forzada distancia, aportaban con su compromiso y reflexión.

Si bien esta experiencia fue rica y perduró en el tiempo, incluyendo investigación y cátedras universitarias, fue perdiendo la fuerza de la producción inicial. Esto se debió a que luego de los primeros años de recuperación de los gobiernos constitucionales también se fueron gestando las condiciones de la impunidad, propicias para la instalación de la desmemoria aún vigente, a partir de las leyes e indultos que la impusieron. Ya decíamos entonces que si la demanda de Verdad y Justicia vuelve a ser depositada en los familiares y grupos solidarios sin que haya un cuerpo social que lo reivindique como propio, como reclamo colectivo, será la sociedad en su conjunto la que quedará atrapada sin retorno en la encerrona trágica de la cual los familiares pudieron salir a través de su lucha, recreando de esa manera el lazo social solidario dañado por el terror.

Este cuadernillo producido desde el Estado puede darse en este momento histórico debido a que para la actual gestión de la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo del Dr. Eduardo Luis Duhalde, los derechos humanos son considerados el eje que debe atravesar toda la política pública para la recuperación ética del país.

Si bien muchos son los especialistas ligados a los originarios equipos que aún hoy siguen atendiendo a las víctimas y repensando sus efectos, consideramos que era necesario este compromiso con la temática que propicie el propio Estado. Así se crea el Programa sobre Consecuencias actuales sociales y subjetivas del Terrorismo de Estado, en el marco del cual se retoma este debate que pretende aportar a la memoria colectiva, la reflexión necesaria que el conjunto de la sociedad necesita sobre nuestro presente.

La lucha por la vigencia de los Derechos Humanos es un analizador del movimiento de resistencia a la Dictadura y sus consecuencias hasta la actualidad. En la actividad por la recuperación de las libertades democráticas se produjo también el gesto ético de una sociedad paralizada por el miedo y la renegación ante el horror. Desde los primeros años de la dictadura militar, hemos contado con profesionales que han asumido el compromiso de asistir a quienes llegaban a demandar tratamientos en situaciones de clandestinidad obligada y de terror paralizante, encabezando las marchas junto a sus pacientes, entre otras acciones de resistencia. Estas páginas también son un homenaje a ese trabajo realizado.

Lic. Victoria Martínez

(Directora Nacional de Asistencia Directa a Personas y Grupos Vulnerables)

 

“La última dictadura militar no solo mató a una generación de jóvenes valientes sino que además nos dejó, a los hijos, huellas en nuestra sangre que en cada caso se comportan de manera particular y distinta.

Algunos rearmamos nuestra historia e identidad por relatos de otros; por cartas, por fotos, por pequeños recuerdos e incluso por nuestra propia imaginación. Lo que he observado es que ante la ausencia nosotros intentamos desesperadamente llenar ese vacío. Mi manera de llenarlo es pintar y contar nuestra historia”. (María Giuffra)

 

Las consecuencias del Terrorismo de Estado en la salud mental

“Si hay olvido es que hay memoria, aunque te hagás el tonto y no la quieras ver ni mostrar”. Nosotros seremos “la pulguita en la oreja”, la que dice: “Acuérdense, esto ha pasado.”[3]

Este cuadernillo está dirigido a los servicios de salud mental del país con la intención de reinstalar el debate acerca de las prácticas y compromiso que hemos sostenido durante estos 30 años, en torno a las consecuencias tanto sociales como subjetivas, del terrorismo de Estado, del cual ha sido destinatario todo el corpus social.

Intentamos que este material dispare el interés de nuestros colegas –los trabajadores del campo de la salud mental- para trabajar en los servicios hospitalarios los ejes aquí planteados.

Esta producción forma parte de un proyecto más amplio que se enmarca en el Programa “Consecuencias actuales del terrorismo de Estado”, a cargo de la Lic. Fabiana Rousseaux, que se lleva cabo desde la Dirección Nacional de Derechos de Grupos Vulnerables de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Para realizarlo hemos contado con la participación de profesionales de diversos servicios de salud mental de hospitales públicos y es nuestra intención, que este cuadernillo sirva como puntapié inicial de una serie de publicaciones vinculadas con la temática. Para ello tenemos planteado realizar un próximo cuadernillo con algunos de los trabajos más trascendentes producidos sobre estos temas, por los referentes del campo de los derechos humanos, a lo largo de 30 años de lucha.

En tanto profesionales del campo de la salud mental no estamos ajenos a esas consecuencias, pero además nos compete un compromiso particular: asistir responsablemente a los pacientes.

Aludimos a la responsabilidad en la medida que desde el punto de vista etimológico, responsable es aquella persona de la que se espera una respuesta.

Informarnos acerca del contexto histórico que significó la implantación del terror por parte del Estado no es un hecho ajeno a la práctica clínica, en la medida que no podemos desconocer los significantes que marcaron esa época y que formaron parte del discurso social produciendo un modo particularizado de inscripción en lo inconsciente, que no podemos desestimar.

Es necesario resaltar que ese terror no sólo produjo consecuencias en los afectados directos, sino en toda la sociedad, manifestándose aún hoy bajo formas sintomáticas, modalidades que retornan repitiéndose, o continúan bajo una mascarada silenciosa.

Por otra parte quienes han sufrido estas consecuencias de un modo más directo (sobrevivientes, familiares, etc.), portan en sus cuerpos esa historia lacerante que debemos repensar en el campo clínico.

La violación de los derechos humanos hoy es parte de lo que deben analizar los profesionales de la salud mental, realizando una tarea de recuperación de la memoria, no sólo en el sentido sociológico o historiográfico que nos compete como ciudadanos, sino más específicamente en tanto memoria de lo inconsciente.

Este cuadernillo pretende promover una reflexión en cuanto a la especificidad del tema, en tanto se ha sostenido cierto acuerdo implícito acerca de que “de estos temas se ocupan sólo algunos”. Si bien eso forma parte de las decisiones personales de cada profesional, no podemos excusarnos en este principio supuesto, para renunciar a nuestras obligaciones éticas de asistir de la manera más adecuada y acorde a las necesidades que impone la especificidad de las intervenciones clínicas en aquellos que han sido víctimas[4] del terror impuesto desde el mismo Estado, precisamente para conmover ese lugar paralizante que produce la categoría eternizada de la “víctima”.

Al decir de Marcelo Viñar[5] : “..mal servicio le hacemos a nuestros pacientes confirmándolos en su posición de héroes o víctimas que el discurso social ya les ha asignado”. Pensamos que ubicarlos en alguno de estos dos lugares contribuiría a perpetuar en ellos el lugar de “objeto” a merced de un otro arbitrario y feroz, siendo esta situación la que efectivamente han atravesado estos sujetos. En este punto debemos contar con una precisión clínica que nos permita trazar las coordenadas sobre las cuales intervenir, haciendo lugar a la palabra propia de cada uno.

Por ende, el hecho de hablar de Obligaciones Éticas de los profesionales del campo “psi”, nos lleva a plantear dos cuestiones de importancia: por un lado, la posición ética de los profesionales de la salud mental frente a lo siniestro y por el otro, el problema de los tratamientos especiales para afectados, directos e indirectos, del terrorismo de Estado.

Así, en relación a la primera cuestión –posición del terapeuta frente a lo siniestro- el Dr. Fernando Ulloa nos propone una pauta de carácter básico estrechamente ligada a los principios del psicoanálisis; a saber: “El psicoanalista, concorde con su ideología, podrá o no aproximar su colaboración directa al campo de los Derechos Humanos, pero si es cabalmente analista, si su práctica no desmiente las propuestas teóricas del psicoanálisis, no podrá dejar de hacer justicia desde la promoción de verdad como antídoto frente al ocultamiento que anida lo siniestro”[6].

En cuanto a la segunda cuestión planteada –tratamientos especiales para afectados por el terror de Estado- es digna de mencionar la postura que Marcelo Viñar sostiene al respecto: “no hay tratamientos especiales, de eso ya tuvieron bastante en el cuartel y en los centros de tortura. (…) No hay psicoterapia especial para torturados o familiares. Lo que hay (o no hay) es sensibilidad y disposición del terapeuta para recorrer un itinerario de horror en que la realidad ha redoblado y confirmado los espantos del fantasma. (…) El sufrimiento y el silencio que nos traen estos pacientes no requieren tratamientos especiales porque no hay respuestas normalizables, sino un abanico de reacciones diferentes al mismo tratamiento”.[7]

Entonces, podemos dimensionar la particular distancia que plantea Viñar entre “tratamientos especiales” como repercusión en lo inconsciente del “trato especial”; de lo que denominamos “especificidades” en la clínica que es un concepto intrínseco de lo clínico en la medida que el relato es siempre singular y específico.

En este sentido, somos allí en el acto médico, clínico, etc., representantes de un Estado en tanto estamos atravesados por una responsabilidad, y la respuesta que propiciemos a esa demanda, se inscribe en una “lógica reparatoria”.

Cabe agregar que es en función de esta respuesta propiciada en tanto funcionarios del Estado que debemos estar advertidos de los lugares que podemos favorecer -o no-. El concepto de “Encerrona Trágica”, introducido por Ulloa[8] , en tanto figura que tiende a infiltrarse en cualquier proyecto de carácter institucional, nos hace pensar en nuestra práctica en tanto propiciadores de un lugar de tercero –el dispositivo analítico/terapéutico- que rompe con la situación dramática y sin salida que propone cualquier dispositivo fundado en la inexistencia del “tercero de apelación” que Ulloa refiere como lugar de la ley, y que preserva a los sujetos de la arbitrariedad del sólo dos lugares, situación intrínseca a la lógica de los campos de concentración (represor y reprimido).

Nuestro país como tantos otros, al decir de Ulloa respecto de esta situación, convivió familiarmente con el horror.

Plantear entonces lo reparatorio implica pensar en el modo de abordar o tratar el tema cuando un paciente llega a un servicio pidiendo asistencia.

Tratándose entonces de las secuelas que provoca el terrorismo de Estado en particular, sería indispensable incluir la perspectiva del derecho de los afectados a ser considerados en su integridad, como sujetos que pondrán en juego historias que conforman uno de los capítulos más trágicos de nuestra historia reciente, evitando de este modo su revictimización.

Es el trauma que provoca la violencia y dimensión del crimen organizado desde el Estado terrorista, lo que nos toca escuchar. En esas coordenadas debemos intervenir, sin perder de vista que a quien escuchamos es un sujeto singular que deberá conmover el lugar objetivante de la pura victimización, para comenzar a hablar de su dimensión más íntima y de las particulares marcas que estos hechos han producido en él.

Estos crímenes tal como lo proclamó Massera, en la ESMA el 2 de noviembre del 76, tenían un claro objetivo de transmisión, de provocar efectos perdurables en el tiempo: “No vamos a combatir hasta la muerte, vamos a combatir hasta la victoria, esté más allá o más acá de la muerte”[9].

Esa victoria hoy se juega en quienes aún no han accedido a la palabra, como también en todo el tejido social, y por ende la promoción de la verdad aún no ha conseguido, al decir de F.Ulloa, “drenar, aliviar y curar el absceso de lo siniestro”[10] . Así como también pensamos que “esa victoria” ha tenido su correspondiente impacto en todo el tejido social dado que la última dictadura militar mediante la metodología de la desaparición forzada de personas consiguió no solo eliminar a sus opositores, sino que además intentó la destrucción de los lazos sociales y familiares, con la consecuente repercusión transgeneracional; es decir, las secuelas que esto podrá tener sobre las generaciones venideras, en tanto lo que se transmite está más allá de lo dicho.

Desconocer, entonces, las especificidades de esta escucha, tiene consecuencias directas en la clínica, en la lectura de los síntomas del sujeto que escuchamos y de los preconceptos de los cuales partimos, si no logramos hacer lugar a la especificidad de la que trata este tema.

 

La significación del Terrorismo de Estado

El Terrorismo de Estado fue una metodología precisa y sistemática, producto de un plan político para la región que estaba inmersa en procesos y luchas populares de liberación, con el objetivo de destruir y desmantelar todas las estructuras sociales, culturales, civiles y políticas. Además, esto permitió instalar un proyecto político económico que sumió a la Argentina en un plan de empobrecimiento y endeudamiento ininterrumpido.

Tal como plantea Eduardo L. Duhalde[11] “No se trata sólo ya del Estado militarmente ocupado, asaltado por su brazo militar, donde la coerción ha reemplazado a las decisiones democráticas y donde el autoritarismo se configura en el manejo discrecional del aparato del Estado y en la abrogación de los derechos y libertades de los ciudadanos. Por el contrario, implica un cambio cualitativo y profundo en la propia concepción del Estado, se trata de un nuevo Estado, una nueva forma de Estado de Excepción.[12]

Para implementar un modelo de estas características se necesita un control absoluto de la sociedad civil. Éste conlleva necesariamente algún grado de “legitimación” por parte de la sociedad civil y la creencia extendida a vastos sectores, de que el régimen “debía” actuar como lo hizo, más allá de que se acordara con las políticas implementadas. Algunos sectores sociales consideraron que la situación política, económica y/o social resultaba insostenible y albergó esperanzas en que el nuevo régimen, detrás del poder de las armas, generara “orden”.

Para poder implementar el terror como práctica y método sistemático al servicio de reconvertir económica, política y socialmente al país, no alcanza un Estado autoritario legitimado, es necesario un Estado terrorista, que combine la modalidad clandestina con la que presenta públicamente. La violencia del terror estatal debe ser ocultada y evidenciada simultáneamente, esta combinación es necesaria para poder sostener tanto el consenso con la coerción, como la legitimidad con el miedo, implantado fundamentalmente a través de la política de secuestros clandestinos y desapariciones.

La significación emblemática que cobró la ESMA fue esencial para sostener una suerte de clandestinización del crimen, pero a condición de “dar a ver”, ese terror. Se muestran actos que ocultan la verdad de lo ocurrido, y allí reside la eficacia de la política estatal del terror. Paradójicamente los sobrevivientes demolieron esta eficacia, con la persistencia de la lucha contra el régimen.

La lucha de los organismos de derechos humanos y de vastos sectores de la sociedad civil que se resistieron al silencio, desgastaron la política del terror y erosionaron el discurso y acciones oficiales.

Los organismos impulsaron con sus luchas múltiples avances a nivel jurídico instaurando un debate a nivel internacional acerca de la figura de la “desaparición forzada de personas”, y exigiendo la imprescriptibilidad del delito de apropiación de niños/as, además de las indemnizaciones por medio de las cuales el Estado reconoció los delitos cometidos durante el terrorismo estatal.

En el año 1983, se constituye la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) que significó la toma de testimonios a familiares de víctimas del terrorismo de Estado y de ex detenidos y que dio lugar a una investigación sistemática por parte del Estado constituyéndose en la principal fuente de testimonios utilizada por el posterior juicio a los integrantes de las Tres Primeras Juntas Militares. Esos testimonios fueron publicados en el libro “Nunca Más”, que ya cuenta con 6 ediciones. El 30 Aniversario del Golpe Militar de 1976 ha provocado la presentación espontánea de familiares y víctimas de la dictadura. Por ejemplo, en Famaillá, Tucumán, se realizaron 300 nuevas denuncias y en la provinica de Córdoba 800. La actualización de estos datos, incluidos en los Anexos del NUNCA MAS recientemente reeditado desde su primera publicación en 1984, requiere una actualización permanente. Los mismos conforman pruebas en este proceso continuo de construcción de la memoria.

Deberíamos pensar también en otra de las secuelas que se generaron durante el terrorismo de Estado, como lo es la problemática de los sobrevivientes de la guerra de Malvinas. Un dato novedoso que ha comenzado a resonar en diversos espacios públicos es el reclamo de algunos de los sobrevivientes de ser considerados como víctimas del terrorismo de Estado. El alto índice de suicidios que continúan produciéndose –350 al día de hoy- dan cuenta no sólo de lo que significó ir a una guerra descabellada, sino también el desamparo que recayó sobre la generación de jóvenes que fueron arrastrados al horror y al abandono social y gubernamental.

“Luchamos por escribir la historia”, aseguran los sobrevivientes, intentando salir del lugar de “objeto a matar”, o “carne de cañón” en el que los han convertido las Fuerzas Armadas.

La guerra de Malvinas es imposible de desvincular de la lógica del terrorismo estatal, que asesinó y mutiló a dos generaciones de jóvenes en el transcurso de los 8 años que se enquistó en el poder.

La eliminación física de una parte importante de la población civil y la organización de aparatos coercitivos clandestinos y permanentes al margen de toda legalidad formal para asegurar el orden social impuesto, de aquí en adelante, es la finalidad inmediata.[13]

Podemos afirmar entonces que el terrorismo de Estado no es sólo algo que ocurrió, sino algo que ocurre -a través de sus consecuencias- en la medida que aquello ocurrido sigue pulsando en lo actual.

Los derechos humanos son aquellos pertenecientes a todos los seres humanos por el mero hecho de serlo, en tanto atributos inherentes a la dignidad humana con protección jurídica.

La gravedad de los sucesos ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial hizo que el mundo entero tomara conciencia de la necesidad de proteger de este flagelo a las generaciones venideras.

Es así que en 1945, más de 50 Estados, aquellos que habían resultado vencedores de la guerra, deciden crear un organismo de carácter internacional e intergubernamental, capaz de velar por la paz y seguridad internacionales, comprometiéndose al respeto de los derechos humanos: la Organización de las Naciones Unidas .

En 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta Declaración Universal en principio no revestía carácter obligatorio, sin embargo en el año 1968, 84 Estados proclamaron que constituía una obligación para la comunidad internacional.

A partir de la creación de la Organización de las Naciones Unidas, y bajo los auspicios de ésta, comienza todo el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, el cual se plasma en distintos tratados.

A la Declaración Universal, le siguieron dos tratados internacionales aprobados en el año 1966, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Todos ellos conforman lo que se denomina Carta Internacional de los Derechos Humanos. Posteriormente se adoptaron otros tratados fundamentales para la protección de los derechos humanos.

La importancia fundamental de la ratificación por parte de un Estado de un tratado internacional radica en la obligación que los mismos asumen de aplicar las cláusulas que el mismo establezca. Por lo tanto, los Estados se obligan a tomar todas las medidas legislativas, administrativas o de otra índole para hacer efectivos tales derechos hasta el máximo de sus recursos disponibles.

El 24 de marzo de 1976, la falta de vigencia del Estado de Derecho tuvo como consecuencia el avasallamiento de todas las garantías individuales protegidas por la Constitución Nacional.

La denuncia internacional de exilados y organizaciones de Derechos Humanos como Madres de Plaza de Mayo, Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticas, Abuelas de Plaza de Mayo, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), Servicio de Paz y Justicia, entre otras, permitieron sacar a la luz el plan sistemático criminal del poder estatal y la gravísima violación de los derechos humanos.

El Estado es el garante de los derechos humanos y quien encarna el lugar de velar por la seguridad e integridad de las personas. Por consiguiente, es el responsable de implementar políticas reparatorias en caso de que los derechos humanos sean violados.

En América Latina el concepto de Derechos Humanos surge bajo la significación que le concede su ligazón a la implantación de las dictaduras militares, y muy especialmente a la coordinación represiva del cono Sur, conocida como Plan Cóndor.

Al respecto E. Jelin, plantea: “Detengámonos en el momento histórico de mediados de los años setenta. Si bien hay antecedentes internacionales importantes, es a partir de los golpes militares del Cono Sur que las redes internacionales de activistas y organizaciones ligadas a los derechos humanos se incorporan como actores significativos en la protesta contra la represión y el terrorismo de Estado (Keck y Sikkink, 1998). Desde la perspectiva de los paradigmas latinoamericanos, lo que ocurrió en ese período fue la incorporación del marco de los derechos humanos en la lucha anti-dictatorial. Antes, la dominación y las luchas sociales y políticas eran interpretadas en términos de lucha de clases o de revoluciones nacionales. La incorporación de la clave “violaciones a los derechos humanos” fue, en ese marco, una verdadera revolución paradigmática. Esta definición implica concebir al ser humano como portador de derechos inalienables. Supone también la asignación de una responsabilidad central a las instituciones estatales de garantizar la vigencia y el cumplimiento de esos derechos.”[14]

 

Los primeros equipos asistenciales de los organismos de Derechos Humanos

“…luego de los primeros momentos de parálisis y miedo los trabajadores de la salud, intentaron una respuesta a lo que estaba ocurriendo…Ante el padecimiento de miles de víctimas, ya sea por la represión directa hacia ellos o por ser sus familiares, las teorías conocidas no bastaban para dar cuenta de esta realidad. Hubo que recurrir a multiplicidad de marcos teóricos y técnicas para comprender la complejidad de este fenómeno que se producía a nivel individual, familiar y social”[15].

En los años previos al golpe militar, se había creado la Coordinadora de Trabajadores de Salud Mental, que organizó las luchas gremiales, en el ámbito de la salud mental, de la Ciudad de Buenos Aires, y que queda desarticulada a partir de 1976. Algunos de esos integrantes luego participaron de los organismos de derechos humanos, otros debieron exiliarse, y otros se incorporaron cuando retornaron.

Durante la Dictadura, la búsqueda de sus seres queridos y el rechazo a aceptar el silencio como respuesta, organizó la resistencia ética conformando por esos años los organismos de Derechos Humanos que estaban integrados por familiares y compañeros solidarios a su lucha. Así se fueron sumando a los Organismos de Defensa de los Derechos Humanos ya existentes, previos a la Dictadura conformando lo que luego a lo largo de la resistencia al terror se conocía como los “ocho históricos”: Madres de Plaza de Mayo, Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticas, Abuelas de Plaza de Mayo, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH)[16]. Distintos avatares que no escapan a las consecuencias de fragmentación del cuerpo social que se produjo, hicieron que algunos de ellos se escindieran conformando nuevas agrupaciones así como producto del paso del tiempo que hizo emerger las otras problemáticas específicas: Asociación de ex detenidos desaparecidos, HIJOS, entre otros.

En relación a los organismos inicialmente mencionados se conformaron sus equipos psicoasistenciales para dar cuenta desde un lugar de compromiso y confianza ideológica. Desde un primer momento fueron imprescindibles debido no sólo a razones de seguridad, sino también porque era difícil para quien no estuviera involucrado de alguna forma, compartir y comprender sin demasiadas explicaciones lo que estaba ocurriendo. Además del riesgo, como ocurrió en algunos casos, de arribar a interpretaciones que juzgaban el comportamiento de los militantes desaparecidos.

El primer equipo asistencial en conformarse como tal fue el Equipo de Asistencia Psicológica de las Madres surgido en tiempos de la dictadura militar. En el marco de la solidaridad en la lucha se planteó ofrecer su práctica profesional a las mismas Madres. Durante esa época este equipo además de la contención y atención directa a las Madres investigó sobre los mecanismos de inducción al silenciamiento social y el olvido, sobre los efectos de la existencia de desaparecidos entre otros temas vinculados a los mecanismos del terrorismo estatal.

Ya desde el año ’79 estudiantes de los últimos años de la carrera de Psicología y algunos profesionales comprometidos con las acciones de denuncia[17] y resistencia durante la dictadura, comenzaron a recibir la demanda de familiares de desaparecidos. En ese contexto inician una tarea de contención y orientación, especialmente vinculadas a una pregunta que pocos querían responder: ¿qué les decimos a los chicos? en relación a cómo nombrar la desaparición de sus madres y padres, con las distintas implicancias que cada caso particular tenía.

En 1982, este grupo funda el Movimiento Solidario de Salud Mental (MSSM) y conforman el equipo clínico asistencial del organismo Familiares de Detenidos-desaparecidos por Razones Políticas. Este organismo desarrolló un impulso importante a la tarea como campo de salud mental y derechos humanos, propiciando no sólo la atención clínica sino también la docencia, la investigación[18] y la difusión para implicar a todos los trabajadores de la salud en esta tarea.

Abuelas de Plaza de Mayo fue gestando su labor a partir de sus esfuerzos valientes y su estrategia de búsqueda de los nietos desaparecidos, la mayoría de ellos arrancados a sus hijos detenidos en la clandestinidad. En relación a esta búsqueda y posteriormente, cuando se pudieron iniciar las localizaciones y su restitución a las familias por vía de la justicia, fue necesario que los profesionales de la salud acompañaran este proceso. Esta fue una labor difícil que implicaba el desafío enorme de revisar todos los saberes e incluir el aporte de la ciencia para respaldar la búsqueda y otorgar a los niños su derecho a la identidad vulnerado de manera violenta y traumática.

En el marco de la lucha por la restitución de los nietos apropiados, se crea en el año 1987 -por ley nacional 23.511- el Banco Nacional de Datos Genéticos que posibilita una prueba genética aplicable a la determinación de “abuelidad”. Este hallazgo científico señaló un momento fundamental en el trabajo de Abuelas.

El material genético permanecerá guardado hasta el año 2050, para garantizar que aun cuando los familiares hayan muerto y no exista la posibilidad de compatibilizar las muestras con extracciones de sangre, las personas ya adultas que intenten conocer su identidad puedan hacerlo.

Posteriormente, en el año 2001 se funda el Centro de Salud Mental por el derecho a la Identidad. Abuelas de Plaza de Mayo. Surge de un convenio entre la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la entonces Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Este centro apunta a tener un alcance que involucre a la so-ciedad en su conjunto, a los familiares directos, a los jóvenes nacidos en la década de 1970 que han estado o están en condición de «desaparecidos», y, al menos, a la generación siguiente, brindando asistencia a quienes lo soliciten.

El Equipo de Salud Mental del CELS se organizó en 1982, brindando asistencia psicoterapéutica y social a las víctimas directas de la tortura y a sus grupos familiares. En la actualidad, el equipo se encuentra abocado además, al desarrollo de un proyecto de atención psicológica a afectados por hechos actuales de violencia policial.

El Equipo de Salud Mental de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos abordó la clínica a personas perseguidas, familiares, parejas afectadas y mantuvieron una elaboración crítica sobre los efectos psíquicos en la población.

También la LIGA, el SERPAJ y el MEDH contaron con sus propios equipos asistenciales, los cuales participaron de la producción teórica y la solidaridad de esos años, aportando al debate que los profesionales se planteaban frente a dilemas inusitados, dada la violencia ejercida sobre la población afectada que era asistida por estos equipos (ver Anexo 3).

Posteriormente, se crearon otros equipos que se fueron sumando a la asistencia e investigación sobre lo ocurrido, entre ellos el “DONAC”, programa que se basó en la Salud Mental para afectados por la represión política. Surgió en 1984 a raíz de la demanda generada por personas y familias que se acercaron al Instituto de Estudios Sociopolíticos y de Acción. El programa abarcó el trabajo clínico y la acción comunitaria, como así también la investigación de los efectos psicológicos el terrorismo de Estado.

En 1990, algunos de los integrantes del equipo de Madres de Plaza de Mayo conformaron el EATIP (Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial) continuando con tareas de asistencia, investigación y docencia sobre la problemática de las violaciones a los derechos humanos, y en especial de la impunidad.

Muchos integrantes de estos equipos comienzan a realizar seminarios sobre la temática, tanto en el país como en el exterior, llevando los debates a los que se enfrentaban los profesionales de la salud mental en América latina como consecuencia de la implantación de las dictaduras en la región. En este sentido es importante destacar que se inició una actividad docente inédita, que adjuntamos en el Anexo 3 y que aportó nuevos conceptos a nivel teórico.

Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, la Dirección Nacional de Salud mental estuvo a cargo del Dr. Vicente Galli, que puso en marcha un servicio para afectados por la represión política[19] . Durante la gestión del Dr. Galli, en una jornada éste expresó: “Este es específicamente el efecto del terror, hace que no se piense al poder como perseguidor, sino como protector”[20].

 

Diversas expresiones de la metodología represiva

Desaparición y duelo

“No están ni muertos ni vivos, están desaparecidos” J.R.Videla

La desaparición forzada es un crimen contra la humanidad. Se trata de un delito imprescriptible dado que en la medida en que la persona continúa desaparecida, el delito continúa produciéndose.

Entre los efectos fundamentales de la política de la desaparición, se instaló en las personas afectadas la incertidumbre que impone una suerte de renegación respecto de estos hechos. Esta forma de la angustia sería precisamente lo siniestro.

Desaparecido es un significante que produce la pérdida de las categorías fundantes de la identidad: tiempo y espacio (a-temporal, a-histórico, a-espacial) El derecho a la muerte quedó abolido y se instauró la lógica que hace (im)posible la muerte de un cuerpo sin sepulcro, es decir la anulación de los modos de ritualización de la muerte, cancelando por esta vía la producción de un acto simbólico.

Vida y muerte son así desprovistas de la dimensión de lo estrictamente humano. La desaparición de personas empujó a quienes debían atravesar por este duelo a la construcción de un duelo por fuera de la ley (funcionamiento clandestino-duelo clandestino).

La certeza posible en estos duelos impactados por la desaparición no es del mismo orden que la de los duelos impactados por la muerte.

Esta sanción, entonces, no alcanza a recubrir la certeza. Siempre queda un resto irreducible de significación.[21]

Tal como plantea Freud en “Duelo y Melancolía”, hay un duelo que no logra realizarse. Pero sin embargo tampoco es éste estrictamente el estatuto de estos duelos, ya que siguiendo el concepto freudiano, estaríamos frente a duelos patológicos, o no realizables. Sin embargo, entendemos que se trata de un duelo en una posición tercera respecto de la díada freudiana normal/patológico, que se ha denominado duelo suspendido o coagulado por diversos autores.

La ubicación en un escenario impreciso entre la vida y la muerte, el lugar de vivo-muerto del desaparecido, y la incertidumbre, producen el efecto de lo siniestro.

Es necesaria la existencia de un entramado público donde estos duelos se inscriban, pero también en el rescate de la singularización de cada caso.

Como plantea Alejandro Kaufman[22]: “Sucede que el debate sobre el horror, implica también un debate sobre la cultura”.

Y Sergio Guelerman[23] advierte: “Si la memoria está ligada al saber que asegura la continuidad de lo significado a través de las generaciones, los acontecimientos del horror no han consistido meramente en traumas, como pueden ser distintas experiencias terribles, como la guerra, la peste o los terremotos. Los acontecimientos del horror han sido producidos como acciones destinadas a intervenir en la continuidad transgeneracional para producir transformaciones histórico-sociales irreversibles. Y lo han logrado. […] Una comunidad que recuerda implica un pasado efectivamente transmitido”.

Es nuestro desafío entonces, introducir los significantes que han quedado reprimidos -tal como Freud planteaba- para poder realizar un trabajo de reinscripción de la historia cancelada; y construir un legado del que puedan reapropiarse las nuevas generaciones.

 

Sobre la tortura

En términos jurídicos la tortura se define como: todo acto por el cual se inflija en una persona dolores o sufrimientos graves (físicos o mentales) con el fin de obtener de ella o de un tercero, información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que va a cometer, o de intimidar o coaccionar a esa u otras personas por cualquier razón, basada en cualquier tipo de discriminación.

La instalación de la tortura como método sistemático implica la clara convicción de producir en el detenido, un modo de dolor que impone una dependencia y degradación a todo nivel, fundamentalmente de lo psíquico. La pérdida de la referencialidad, en un marco de clandestinidad, atenta contra lo humano.

Tal como plantea un informe del CELS[24], “se trata primordialmente de alterar la organización de sus representaciones psíquicas y solo se puede señalar como secundario el objetivo de obtener información.”

Hay en quien ha atravesado las fronteras de este impensable que significa la tortura una imposibilidad de acceder a la palabra en tanto se trata de una experiencia traumática intransferible, cuyos efectos en cada sujeto dependerán de diversos factores.

Al respecto, Fernando Ulloa en “La novela clínica psicoanalítica”[25] plantea que el paradigma de lo que él denomina «encerrona trágica» es la mesa de torturas. En la tortura se organiza hasta el extremo salvaje una situación de dos lugares sin tercero de apelación. Por un lado, la fortificación del represor; por el otro, el debilitamiento del reprimido.

Al decir de Ulloa, debe interpretarse como encerrona trágica toda situación donde un sujeto depende de alguien que lo maltrata o “destrata”, sin tomar en consideración la situación asimétrica e incluso de desamparo. En este sentido, el autor plantea que en esa situación se produce la inexistencia del tercero de apelación.

Presentamos en el anexo N° 5 el testimonio de Adriana Calvo, ex detenida-desaparecida, que refleja los mecanismos de crueldad desatados por los responsables del terrorismo estatal. Cabe destacar que este testimonio junto a tantos otros tuvieron un valor esencial para juzgar a los genocidas en el Juicio a los integrantes de las Tres Primeras Juntas Militares, que tuvo lugar en el año 1985.

 

La apropiación de niños/as

“Mi nombre es Emiliano Hueravillo, nací aquí en la ESMA. Aquí, mi mamá, Mirta Mónica Alonso me trajo al mundo. Como ella, de todos los centros clandestinos de detención de la zona sur de Buenos Aires, cientos de mujeres valientes trajeron a sus hijos al mundo entre médicos torturadores. A todos nuestros hermanos y hermanas que han nacido aquí y que no fueron entregados a sus familias como yo, sepan que los estamos buscando, los estamos esperando, estamos deseando contarles que sus madres los amaban, que sus padres los amaban y que fueron parte de lo mejor de una generación que se jugó por entero por dejarnos un país mejor” (Discurso de H.I.J.O.S., del 24 de Marzo de 2004, en la ESMA).

Entre los padecimientos a los que fueron sometidos/as los detenidos/as-desaparecidos/as, cabe destacar el robo y apropiación de sus hijos/as. Se trata de un delito que aún continúa produciéndose, en tanto estos/as niños/as no han sido hallados/as. A esto alude, en términos jurídicos, lo que se denomina la imprescriptibilidad del delito de apropiación.

La trascendencia que cobró este delito a nivel jurídico, y de los debates que se crearon en torno a él, son fundamentales ya que fueron los únicos que quedaron por fuera de las leyes de impunidad, y que provocaron un debate que conmovió fuertemente la teoría de los dos demonios, tan profundamente instalada en la Argentina.

Se ha hablado de la invención argentina de este crimen sin precedentes en la historia, dada la particularidad que ha tenido el hecho de montar maternidades clandestinas en los Centros Clandestinos de Detención (CCD), para que las mujeres embarazadas, secuestradas y sometidas a todo tipo de vejaciones continúen con su embarazo con el sólo fin de hacerlas parir en condiciones infrahumanas para luego apropiarse de sus bebés. Las madres eran enviadas al traslado -lo que en la jerga criminal de los verdugos significaba matarlas-, para luego entregar a los/as niños/as recién nacidos/as en manos de cómplices y en muchos casos a los asesinos de sus propias madres y padres. La criminalidad implícita en este delito atroz ha llegado al punto que quienes ejercieron tortura sobre los cuerpos de mujeres embarazadas -con la consecuente tortura de los bebés que llevaban en sus vientres-, se han apropiado de esos/as niños/as con la pretensión de constituirse luego en sus padres.

Tal como testimonian infinidad de documentos sobre el tema, muchos de estos/as chicos/as aún continúan desaparecidos/as, y se estima que son más de 400 jóvenes los que hoy se encuentran en esta situación.

En otros casos, los/as niños/as apropiados/as (hoy jóvenes) que han sido hallados/as –82 hasta la actualidad- fundamentalmente por la organización Abuelas de Plaza de Mayo, permanecen en la búsqueda de sus hermanos/as, ya que muchas veces, luego de realizar los operativos de allanamiento en la casa de sus víctimas y de llevarse a los padres, los “desaparecedores” distribuían o regalaban a los niños/as.

Cabe destacar el papel de complicidad que tuvieron algunos médicos y jueces para “facilitar” los trámites de inscripción falsa de los documentos de estos niños/as.

Durante los últimos años -y por tratarse ahora de jóvenes y adultos-, son ellos/as quienes también han empezado a buscar a sus familiares, en la mayoría de los casos con una certeza “inexplicable” que proviene de un lugar muy íntimo, donde la palabra no ha operado, pero sí la transmisión inconsciente de lo no dicho.[26]

Es necesario ubicar los alcances que el tema cobra en la actualidad para los/as jóvenes que han sufrido el impacto directo de estos delitos en su cuerpo, pero que además, y a pesar de haber estado dirigido a toda la sociedad, produjo efectos específicos sobre toda una generación. Muestra de ello es la significativa demanda que reciben en la actualidad las organizaciones que se dedican a este tema, (Abuelas de Plaza de Mayo, HIJOS, CONADI) donde asisten jóvenes nacidos/as entre los años ’76 y ’83, con la sospecha de ser hijos/as-de-desaparecidos/as, aun no siéndolo. Este dato, impactante, da cuenta de las consecuencias que produjo esta metodología no sólo sobre quienes efectivamente han sido apropiados/as, sino sobre toda una franja etaria que vive bajo la duda de ser hijo/a de desaparecido/a.

El impacto psíquico sufrido por los individuos a partir de tales episodios fue de una intensidad evidente. Muchos de los que en ese momento eran niños/as, se encontraron ante la irrepresentable situación de la desaparición de sus padres -ambos, en muchos casos- Situaciones de extrema violencia y desamparo los llevaron a la pérdida de todos los referentes primordiales, marcando fuertemente sus vidas.

 

Exilio/Insilio

Muchos han descripto al exilio como la suspensión o expulsión de un individuo o grupo de su historia. Los múltiples problemas que afrontaron quienes debieron dejar su país en épocas de terrorismo de Estado, produjeron consecuencias en sus vidas que aún hoy persisten- se cuentan entre las situaciones más difíciles las que apuntan al problema de los niños nacidos en el extranjero.

Miles de argentinos se vieron obligados a dejar su país y buscar refugio en otro, debido al riesgo absoluto de los más básicos derechos humanos. Algunos exiliados fallecieron sin poder retornar a su país; otros tuvieron que permanecer en países ajenos donde costosamente intentaron rehacer sus vidas. Quienes decidieron volver al país junto con la democracia también debieron enfrentar numerosas dificultades en el plano económico y laboral. El problema de los niños en particular, es un capítulo trágico, dado que sufrieron sucesivos desarraigos agravados por la inestabilidad de su situación jurídica. “Para nosotros, lo más importante es que el Estado reconozca al exilio como una violación a los derechos humanos”, dicen los integrantes de la Comisión de Exiliados Políticos de la República Argentina (COEPRA). Como varios países europeos otorgan la nacionalidad sólo por la vía sanguínea, existieron muchos casos de chicos que durante mucho tiempo no pudieron acceder a ninguna nacionalidad, atentando esto contra el derecho a la identidad.

Lo que definimos como insilio, es lo referido a las situaciones donde las personas que debieron esconderse en su propio país, para salvar sus vidas y las de sus hijos, atravesaron situaciones de exilio interno, exclusión y abandono dentro de su país, generándose múltiples consecuencias.

 

La memoria de lo actual

Tres décadas son una buena distancia para recordar, para construir Memorias. En verdad, ya no estamos en el dilema entre memoria y olvido, sino en escoger las buenas maneras de recordar”. Marcelo N. Viñar[27].

Los efectos de la impunidad continúan produciéndose, cobrando una actualidad incalculable en cuanto a sus dimensiones.

Recuperar la memoria implica un encuentro con la huella inscripta en el cuerpo social, que se ha perdido, no sin antes inscribirse como marca. Podemos traducir esto en términos de lo que provocó en nuestra sociedad no sólo el terrorismo estatal como tal -en tanto uno de los pilares básicos de la destrucción del entramado social consiste en la instalación del olvido como parte de la política criminal, y como elemento esencial de la desencadenado durante el denominado Juicio a las Juntas, que implicó un movimiento jurídico de alto impacto simbólico. Los tres momentos de la pretendida exculpación en los que se convirtieron las leyes de Obediencia debida, Punto Final y los decretos de indulto, generaron un viraje de sentido que terminó por legalizar la impunidad.

Se trata entonces de propiciar una diversidad de espacios que favorezcan el encuentro con aquello que quedó escindido del espacio social, renegado, e incluso forcluido, y que hace a la reconstrucción de la huella histórica, disputando un sentido monolítico instalado por la inducción al olvido y produciendo nuevos ámbitos de sanción social en torno a los hechos ocurridos, ya que lo que se intenta olvidar, retorna como síntoma.

Una consulta terapéutica pone en marcha, reactualiza un trabajo de historización del sujeto, que al presentarse a dar testimonio de su condición de víctima del terrorismo de Estado, volverá a enfrentarse con estos episodios traumáticos.

La experiencia clínica recabada por los profesionales que desarrollamos esta particular práctica en el campo de los derechos humanos, da cuenta de los diversos modos de presentación que esta reactualización traumática provoca en cada subjetividad, ya que en el inconsciente no se trata de un tiempo cronológico sino lógico, siendo lo actual -entonces- aquello que retorna de un tiempo futuro-anterior. Esta actualidad debemos pensarla en términos de un tiempo lógico que implica lo traumático, aquello que retorna y está ligado a la repetición[28].

Las consecuencias -tanto físicas como psíquicas- producidas por ese específico terror son de un orden muy diverso de aquellas otras que se derivan de enfermedades físicas o psíquicas, y están ligadas a la magnitud del trauma sufrido, como producto de la violación de los derechos humanos, mientras que las denominadas enfermedades mentales se producen por diversas e innumerables causas.

El ocultamiento de una verdad produce un impacto que está vinculado a lo que aun no siendo dicho retorna, tornándose actual en las generaciones futuras.

Se trata de una transmisión de lo no dicho, pero inscripto en el cuerpo biológico y social. Esa re-actualización debemos entenderla como una nueva puesta en juego de los episodios traumáticos, ya que lo que se recuerda no es del orden de lo olvidado, sino de lo imposible de olvidar. Lo traumático se transmite en las generaciones futuras.

«Lo actual» en el sentido psicoanalítico implica aquello que retorna y está ligado a la repetición.

Este cuadernillo surge como parte del programa sobre las “Consecuencias actuales sociales y subjetivas del Terrorismo de Estado”, que está armado sobre una pregunta: ¿Cuál es la magnitud que produjo el impacto del terrorismo estatal en la construcción de subjetividades, y su modo de producción sintomática en la actualidad?

Los factores y hechos político-sociales que instalan una y otra vez el debate acerca de lo ocurrido durante la última dictadura militar en la Argentina, las nuevas consultas por parte de jóvenes hijos de desaparecidos/as, durante los últimos años, que se acercan a iniciar averiguaciones respecto a sus historias personales, los nuevos e inéditos testimonios de sobrevivientes y familiares de las víctimas, hacen pensar en la actualidad que este tema cobra.

Uno de los efectos que no podemos dejar de leer, es el referido a la significativa demanda que reciben en la actualidad las organizaciones que se dedican a los temas de identidad, derivados de los aberrantes crímenes de la dictadura contra el sector más vulnerable de la sociedad: los niños.

Las consecuencias de estos hechos están signadas por una temporalidad actual, en la medida que lo que se reedita es la situación traumática vivida.

Una gran cantidad de personas que han sido víctimas de esta situación aún no se han acercado a realizar consultas en ámbitos terapéuticos, siendo que efectivamente existe un padecimiento vinculado a esta particular marca en sus historias.

Esto se debe a que en la mayoría de los casos el terror ha producido efectos de anonadamiento y parálisis en ellos/as, los que impiden realizar algún movimiento en torno a estos episodios, dejando a los sujetos “sujetados” al terror y la impunidad.

Es importante y además una obligación ética, contar con dispositivos que permitan alojar lo ocurrido en un registro que ubique a los/as afectados/as, en una instancia facilitadora para la construcción de vías de elaboración de estos episodios.

En este sentido es fundamental recalcar la importancia que cobra el fortalecimiento de dispositivos comunitarios y sociales, además de los estrictamente terapéuticos, dado que permiten abordar estos temas desde el lugar diverso[29].

El Estado debe promover, respetar y garantizar los derechos humanos incluidos los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, como así también el de “rehabilitar” a las víctimas, asegurando los beneficios del estado democrático de derecho para las generaciones actuales y futuras.

Los aspectos que hacen a la promoción y fomento del estudio, investigación, etc. como así también la difusión de la lucha contra la impunidad; y la prevención de violaciones de los derechos humanos son todos objetivos que establecen una articulación lógica, que podemos enmarcar dentro de una política reparatoria en un sentido más amplio y más acorde a las nuevas necesidades que plantea este tema en la actualidad.

 

Acciones actuales de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación en relación a este tema

Transitar el significante, hasta asfixiarlo de sentido, para dar lugar a otra cosa. Hacer del nombre “hijo/a de desaparecido/a” uno entre otros, que no aprisione, sino que surja a propósito del margen de libertad que conlleva.

Quienes elaboramos este cuadernillo[30] , debatimos y acordamos -a pesar de las diversas miradas y marcos teóricos acerca de la práctica profesional- que es fundamental subrayar dos consignas para el abordaje de esta particular clínica: Debemos tener cuidado a la hora del diagnóstico de no convertir a este en un rótulo y hacer lugar a la palabra de cada paciente, alojando lo que cada sujeto tiene para decir, antes de establecer compulsivamente un dispositivo medicalizado.

a) Programa “Consecuencias actuales del Terrorismo de Estado”

Este proyecto se funda en la idea de realizar un aporte en el campo de las políticas reparatorias del estado como concepto más abarcativo de la reparación económica, instituida por el marco jurídico. En este caso, al tratarse de las consecuencias que provocan los delitos de lesa humanidad en la subjetividad de las víctimas y de la sociedad en su conjunto, es imposible establecer una medida de ese daño. Por eso consideramos que extender el significado de este concepto, sería un interesante aporte hacia una concepción más integral de los derechos humanos.

En tal sentido, hemos diseñado este proyecto para la creación de dispositivos que apunten a transmitir y difundir las consecuencias e impacto actuales del terrorismo de Estado en nuestro país desde dos esferas principalmente:

1) Las consecuencias que nos interesa analizar, investigar y debatir, están referidas al impacto del terrorismo estatal en la construcción de subjetividades, como así también los efectos que se derivan del particular modo de construcción de los lazos sociales a partir de las marcas que provienen de la impunidad.

2) En relación a las personas afectadas de modo directo por el terrorismo estatal, es de nuestro interés pensar estrategias y políticas de abordaje terapéutico que incidan sobre las diversas sintomatologías que aún hoy continúan produciéndose, apuntando a los diversos programas que existen y ponen en juego la actualidad de la herida producida por la criminalidad dictatorial.

Para lo cual se prevé:

2.1) Crear una red de profesionales de la salud mental, en diversas zonas del país. Esta red se ha articulará con la Unidad Ley Reparatoria Nº 25.914 a hijos de desaparecidos, desde varios de los hospitales que formarán parte de la red. En el caso de la Municipalidad de Morón, se proyecta a partir de Marzo articular un programa de atención psicológica a víctimas de terrorismo de Estado como respuesta a un pedido que realizaron los sobrevivientes de un CCD de la zona. Este trabajo se realizará en coordinación con la Dirección de Salud del Municipio, la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Asociación Casa de la Memoria de Mansión Seré.

2.2) Organizar un seminario de formación con una perspectiva amplia que contemple todas las miradas de los profesionales que han intervenido en estos temas a lo largo de los años.

2.3) Realizar actividades tendientes a debatir sobre la memoria, la identidad, y las formas que presentan los síntomas actuales, interdisciplinariamente.

b) Archivo CONADEP y fuentes complementarias

La Secretaría de Derechos Humanos recibe tanto denuncias sobre desaparición forzada de personas como los testimonios de personas que estuvieron privadas ilegalmente de su libertad, dando continuidad a las funciones de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP), cuyo cuerpo documental tiene en custodia. En la actualidad se amplía esa informa-ción con el archivo propio de la Secretaría de Derechos Humanos y las Fuentes Complementarias, producto de las líneas de investigación del área y otras áreas de la Secretaría, como así también del Poder Judicial (“Juicios por la verdad”) y las organizaciones no gubernamentales, entre otras.

Ante la sanción de la ley 24.321, de Ausen-cia por Desaparición forzada, se crea la unidad administrativa correspondiente que funciona articuladamente con el archivo, por el tipo de información que requiere para dar cumplimiento a sus funciones.

  1. c) Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI)

Inicialmente, el objetivo de la CONADI fue la búsqueda, localización y recuperación de niños desaparecidos por la última dictadura militar. Sin embargo, éste se vio rápidamente ampliado ante las denuncias de secuestro, tráfico de niños, des-pojo a madres en situaciones límites y adultos con su identidad vulnerada. También se amplió por ser el único ámbito del Estado Nacional especializado y dedicado a la temática de garantizar el Derecho a la Identidad.

d) Creación del Archivo Nacional de la Memoria (ANM)

El Archivo Nacional de la Memoria, organismo desconcentrado en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, fue creado por decreto Nº 1.259 del 16 de diciembre. Sus actividades fundamentales son obtener, analizar, clasificar, duplicar, digitalizar y archivar informaciones, testimonios y documentos sobre el quebrantamiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales en que esté comprometida la responsabilidad del Estado Argentino y sobre la respuesta social e institucional ante esas violaciones.

En articulación con organismos de derechos humanos y organizaciones sociales se llevan adelante proyectos de investigación en todo el país, que contribuyen a completar los listados de las víctimas en CCD como así también el circuito represivo para identificar a los presuntos responsables. Asimismo se trabaja conjuntamente con estas organizaciones para la señalización de dichos CCD a través de actos y placas identificatorias que cuentan con la participación de familiares y sobrevivientes.

Asimismo, se promovió la identificación y señalización de los lugares donde funcionaron centros clandestinos de detención, tortura y exterminio durante la última dictadura –cuyo número supera los 400 en todo el país- y la creación en estos sitios de espacios para la memoria y la defensa de los derechos humanos. La iniciativa más significativa llevada adelante por el Estado Nacional en este sentido, fue la creación el 24 de marzo de 2004 del “Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos” en el predio donde funcionara uno de los mayores centros clandestinos de detención, tortura y exterminio del período: la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). El 15 de marzo de 2006 se hizo efectivo el segundo traspaso por parte de la Armada a la administración de la Comisión Bipartita integrada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Un tercer sector del resto del predio y las instalaciones deberán traspasarse antes del 31/12/06 y la última fracción con anterioridad al 30/09/07, en que se completará la desocupación del predio por parte de las instituciones de la Armada que aún permanecen en el lugar, de acuerdo con el nuevo cronograma suscripto el 29/12/05.

e) Leyes Reparatorias

Unidad Ley 24.411: Esta ley establece un beneficio para los causahabientes de personas desaparecidas o muertas como consecuencia del accionar represivo, con anterioridad al 10 de diciembre de 1983.

Unidad Ley 24.043: Esta ley establece beneficios para aquellas personas que hubieren sido puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y/o autoridades militares durante el periodo comprendido entre el 6 de noviembre de 1974 y el 10 de diciembre de 1983.

Unidad Ley 25.p914: Esta ley establece beneficios para las personas que hubieren nacido durante la privación de la libertad de sus madres, o que siendo menores de edad hubiesen permanecido detenidos en relación a sus padres, siempre que cualquiera de éstos hubiese estado detenido y/o desaparecido por razones políticas, ya sea a disposición del poder ejecutivo nacional y/o tribunales militares. Asimismo alcanza a víctimas de sustitución de la identidad.

Unidad Ley del exilio argentino: La Secretaría de Derechos Humanos manifestó su apoyo al anteproyecto de ley de reparación del exilio argentino, que cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores de la Nación. A la fecha se encuentra a consideración de la Cámara de Diputados.

f) Acciones contra la impunidad

1) Seguimiento y control jurídico de causas como: Centro Clandestino de Detención (CCD) del RI Nº 9 de Corrientes; CCD denominado “La Polaca”; “Causa Goncalvez, José s/privación ilegitima de la libertad, tormentos y homicidio” (Imputado Luis A. Patti), entre otras.

2) Presentación como querellante en causas tales como la “Casita de los Mártires”; “González Alfredo s/ tormentos agravados, privación ilegitima de la libertad agravada y desaparición forzada de persona”, en trámite por ante el Juzgado Federal de Posadas; “Margarita Belén”; causa Nº 13445/99 sobre “Plan Cóndor” y causa N.N. s/sustitución de identidad de un menor de 10 años (caso Gelman); Caso Juan Gelman (por Claudia García Irureta Go-yena de Gelman); investigación de la desaparición del Dr. Miguel Ragone; “Masacre de Palomitas”; causa abierta por ante el Juzgado Federal Nº 1 de Mendoza sobre el CCD Las Lajas. Asimismo, se han preparado las querellas para presentar en las causas relativas al CCD conocido como “La Polaca” y en la causa del CCD “el Hípico”.

3) El Secretario de Derechos Humanos de La Nación, Dr. Eduardo Luis Duhalde visitó el 27 de Septiembre junto al Embajador argentino en Uruguay, Esc. Hernán Patiño Mayer y al Coronel Ayudante del Comandante del Ejército Uruguayo, el Batallón de Infantería Nº 14 de la ciudad de Toledo, República Oriental del Uruguay, para presenciar las excavaciones que tienen por fin la búsqueda de los restos de Claudia García Irureta Goyena de Gelman. El Dr. Duhalde fue invitado a realizar dicho recorrido en oportunidad de la reunión que mantuviera con el Secretario de la Presidencia de Uruguay, Dr. Gonzalo Fernández en la que analizaron el estado de la búsqueda de los restos de la ciudadana argentina detenida-desaparecida durante la última dictadura militar. La visita del Secretario de Derechos Humanos se realizó junto al Equipo de Antropólogos de la Universidad de Montevideo, que realiza las excavaciones.

4) Dictamen y proyecto de ley otorgado repa-raciones a los cesanteados por motivos políticos de las leyes 21.274 y 21.276.

5) Se crearon Unidades de Investigación sobre desaparecidos extranjeros:

-Declaración Presidencial de los gobiernos de la República Argentina y la República Oriental del Uruguay para investigar conjuntamente los casos de violaciones de los derechos humanos en que hayan sido víctimas personas de nacionalidad uruguaya o sus familiares y/o hayan actuado coordinadamente fuerzas represivas argentinas y uruguayas (Resolución SDH Nº 042).

-A partir del interés común de los gobiernos de la Argentina y España se creó una unidad especial para la investigación de los casos graves y las sistemáticas violaciones de los derechos humanos que hayan sido víctimas personas de nacionalidad española o sus familiares durante la dictadura mi-litar 1976 – 1983 (Resolución SDH Nº 051).

6) La Unidad Especial de Investigación de desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado (UEI), creada por decreto 715/04 del 9/6/04, tiene como objetivo asistir de modo directo a los requerimientos de la CONADI regulada por Ley Nº 25.457, como asimismo las peticiones judiciales o provenientes de fiscales, como así también en las investigaciones conexas desprendidas de los expedientes principales, o que de cualquier manera se vinculen con ellos. Asimismo, está facultada a efectuar investigaciones por iniciativa propia, debiendo comunicar sus resultados a las autoridades judiciales y del ministerio Público Fiscal.

7) Programa Memoria del Mundo de la UNESCO

Se avanzó en la presentación del proyecto de incorporación del fondo documental del ANM (Archivo Nacional de la Memoria) a este programa junto con otros archivos gubernamentales y no gubernamentales sobre derechos humanos. El proyecto está en una segunda etapa de consultas con entidades habilitadas por la UNESCO, que orientarán la presentación final. De ser aprobado, se consagraría la incorporación del ANM y los demás archivos que se presentan, a las directrices de salvaguarda del patrimonio prescriptas por este organismo de las Naciones Unidas.

Como decíamos más arriba, en tanto profesionales de la salud mental ejercemos funciones específicas en nuestra actividad -la cual ineludiblemente conlleva derechos y deberes- en el ámbito de la función pública.

No es una novedad el deber que tenemos de cumplir con todos aquellos imperativos legales que nos afectan, y en consecuencia sabemos que existen sanciones ante el incumplimiento de los mismos.

Por otro lado, tampoco escapa a nuestro conocimiento, que la instauración del régimen de terror dictatorial ha comprometido la responsabilidad del Estado, lo cual exige -por parte de este último- el deber de reparar integralmente los daños ocasionados a la sociedad, y a las víctimas en particular.

Respecto de lo primeramente mencionado, sabemos que nos encontramos obligados a cumplir nuestra tarea, es decir, responder de modo adecuado a las demandas de nuestros pacientes, atendiendo a las especificidades que nos son planteadas.

Es en referencia a lo dicho en segundo término y, teniendo en cuenta nuestro carácter de funcionarios públicos, sobre lo cual quisiéramos reflexionar en este apartado.

Debemos ser conscientes que no pueden resultarnos ajenas las obligaciones asumidas por el propio Estado para reparar los daños inmensurables causados, sin perjuicio de la sujeción a las obligaciones conocidas y respetadas cotidianamente.

En este sentido, y de conformidad a los compromisos internacionalmente asumidos (artículo 63.1 Convención Americana de Derechos Humanos, instrumento que goza de jerarquía constitucional de conformidad al artículo 75, inciso 22 de nuestra Carta Magna), el Estado tiene la obligación de reparar, en el sentido otorgado por la Corte Internacional de Derechos Humanos de acuerdo a los principios fundamentales de derecho internacional contemporáneo, es decir, según los cuales la misma “consiste en la plena restitución: restablecimiento de la situación anterior y reparación de las consecuencias que la violación produjo, y el pago de una indemnización (…)”. En este sentido destacamos el lugar que le ha sido otorgado a esta conjunción por la doctrina, entendiendo que “la indemnización es apenas una forma de reparación”[31].

En la medida en que el Estado reconoce el valor de la palabra de los sobrevivientes, dignificándola, abre la brecha que distancia “lo reparatorio” de la dimensión meramente indemnizatoria.

La traducción monetaria del daño causado no basta para aludir al sentido de lo reparatorio si no va acompañado de acciones tendientes a subjetivar el daño.

En atención a lo hasta aquí expuesto, creemos necesario reflexionar acerca de cuáles son nuestras obligaciones, el modo en que debemos desarrollarlas, y por último sobre las consecuencias que su incumplimiento o su cumplimiento irregular, implican.

En este sentido, es interesante recordar que tanto la acción como la omisión de un funcionario público que cumpla irregularmente con sus obligaciones, genera un daño que debe ser reparado, de acuerdo a lo prescripto en los artículos 1109 y 1112 ss. y cc.[32] del Código Civil, así como los principios y obligaciones emergentes de los capítulos I y II de la ley de Ética de la Función Pública, ley 25.188.

La Ley Nacional Nº 23.277 de Ejercicio Profesional de la Psicología de 1985, establece en su artículo 8º: “Los profesionales que ejerzan la psicología están obligados a:

-Prestar la colaboración que le sea requerida por las autoridades sanitarias en caso de emergencias.

-Guardar el más riguroso secreto profesional sobre cualquier prescripción o acto que realizare en cumplimiento de sus tareas especificas, así como de los datos o hechos que se les comunicare en razón de su actividad profesional sobre aspectos físicos, psicológicos o ideológicos de las personas”.

En su reglamentación del Boletín Oficial Nº 28.294 – 1a. sección (19/12/95), el Decreto 905/95 dispone en el artículo 8º que:

“Los profesionales que ejerzan la Psicología están, sin perjuicio de lo que establezcan las demás disposiciones legales vigentes, obligados a asistir a los enfermos cuando la gravedad de su estado así lo imponga y hasta tanto, en caso de decidir la no prosecución de la asistencia, sea posible delegarla en otro profesional o en el servicio público correspondiente”.

Por último, en la Resolución Nro. 2447 de septiembre de 1985 se destaca en su ANEXO sobre las “Incumbencias de los Títulos de Psicólogo y de Licenciado en Psicología”:

“Realizar acciones tendientes a promover la vigencia de los derechos humanos y efectuar estudios, asesorar y operar sobre las repercusiones psicológicas derivadas de la violación de los mismos”.

La apelación a estas normativas vigentes, resulta a efectos de enmarcar la compleja y responsable tarea que nos compete en la intersección de diversos discursos por los cuales está atravesada nuestra práctica profesional, que implica la dimensión social de ciudadanos, la de actores que representan al Estado en el acto médico, o psicológico, y la de profesionales comprometidos con sus principios éticos.

Cabría una consideración especial en cuanto a la convocatoria de parte de las Autoridades Sanitarias para que los psicólogos prestemos nuestra colaboración en caso de “Emergencias”; aclarando que el terrorismo de Estado es designado socialmente como una forma de traumatismo social, para el cual, nuestro saber hacer allí, es una respuesta desde un lugar responsable como integrantes de un sistema social de salud.

 

La función reparatoria de la ley

En los años ’70, las experiencias anti-manicomiales que se desarrollaron en el Hospital Interzonal José Esteves, por ejemplo, fue de una trascendencia fundamental, como así también la experiencia en algunos hospitales generales como en Lanús que tal como señala Alejandro Vainer “era todo un ejemplo. Y se habían desarrollado los abordajes grupales y comunitarios para poder atender a toda la población.”[33]

En 1971 se organizó la Confederación de Psicólogos de la República Argentina. El 13 de octubre de 1974, en un encuentro llevado a cabo en Córdoba, se había instaurado el “Día del Psicólogo” como símbolo de las luchas que ya venían realizando por el reconocimiento profesional.

La implementación de la dictadura, implicó la desarticulación absoluta de todas estas experiencias, además de la desaparición física y exilio de varios de los responsables de este trabajo de am-plio impacto a nivel teórico y comunitario, como parte del disciplinamiento social.

En el caso de las leyes reparatorias que existen actualmente para las víctimas del terrorismo de Estado, consideramos que estas deberían reglamentarse atento a las consecuencias que su aplicación puede provocar en la subjetividad de las víctimas.

El impacto que lo jurídico tiene sobre la subjetividad es insoslayable. Toda vez que la letra de la ley toca la historia de un sujeto, las consecuencias se juegan en el cuerpo, porque la ley toca su verdad, su intimidad.

Debemos saber que estos trámites ponen en marcha, reactualiza un trabajo de historización del sujeto, que al presentarse a dar testimonio de su condición de víctimas volverán a enfrentarse con estos episodios traumáticos.

Lo reparatorio en estos casos no es en relación al pago con el que el Estado indemniza a las víctimas de violaciones de derechos humanos, sino en relación al acompañamiento que significa reconocer los testimonios y denuncias como valor de prueba, es decir como valedero, sobre todo habiéndose tomado ya en las diferentes instancias reconocidas por el Estado.

El trámite formal -en su apariencia- que implica presentarse como beneficiarios de las leyes indemnizatorias, si bien se inscribe en una lógica reparatoria, conlleva también otros efectos.

Son derivados de una situación que implica un estado de excepción y están inscriptos en un entramado que enlaza al menos tres registros: lo público, lo privado y lo íntimo35 , detectándose en diferentes esferas tanto subjetivas como sociales, mientras que las otras enfermedades se producen por diversas e innumerables causas.

Otorgar valor a esa palabra, dignificándola, es un hecho fundamental en la significación de “lo reparatorio”, tal como consta en la amplia bibliografía existente en torno a las consecuencias de los genocidios sufridos por la humanidad.

La política reparatoria cobra influencia en el espacio social, porque sostener, difundir y transmitir la memoria, así como analizar los diversos impactos generacionales producidos a partir de estos hechos, complejiza la concepción histórica de reparación de daños, tratándose de hechos indimensionables.

El daño psíquico es una categoría propia del campo jurídico que intenta establecer una referencia para medir la magnitud de lo ocasionado en un sujeto traduciéndolo en “cantidad” de daño provocado. Desde el campo de la psicología sabemos que ese daño no es medible ni anticipable, y entonces no se trataría de imponer a las consecuencias del terrorismo de Estado una lectura nosológica, que denote una categoría clínica per se; lo cual significaría reforzar la condición de víctimas, que empuja a un lugar paralizante y sin salida.

Sin embargo trabajamos en la intersección de discursos que se tocan y donde el reconocimiento de la categoría jurídica de “víctima” se convierte en el instrumento legal a través del cual el Estado se responsabiliza por las acciones cometidas contra esa persona.

No debemos entonces confundir estas dimensiones, sino trabajar sobre ellas, apuntando a alojar la singular palabra de los sujetos en los dispositivos de atención psicológica.

Lo que en términos jurídicos se entiende por rehabilitación de las víctimas, podría aplicarse a la función que compete a los profesionales, en tanto esa acción puede traducirse en el campo jurídico a lo que se denomina una política reparatoria, en donde la atención médica o psicológica debe efectuarse en función de la magnitud y especificidad del daño causado, y según el perjuicio sufrido.

 

Listado de Psicólogos/as y Psiquiatras Detenidos-Desaparecidos

Abad Domato Susana Beatriz (Psicóloga)

*Alac Ercilla Diana (Psicóloga)

Alaniz Álvarez Marta Susana (Psicóloga) Andrés Elena (Psicóloga)

Avila Ricci Juan José (Psicólogo)

Bejas Pucei Cristina (Psicóloga)

Bellagamba Tofanelli Hugo Francisco (Psiquiatra)

*Betelu Griselda Ester (Psicóloga)

Brea López Martha María (Psicóloga)

Breglia Margarita del Carmen (Psicóloga)

Bugnone Bonafini María Elena (Psicóloga)

*Calabrese Antonio (Psicólogo)

*Calafell Orlando German (Psicólogo)

Calleja Daniel Eduardo (Psiquiatra)

Conde García Diana Noemí (Psicóloga)

*Corda de Derman Alicia Sebastiana (Psicóloga)

Delfino de Santucho Liliana Marta (Psicóloga)

*Do Posso Alberto (Psicólogo)

Evangelista Biasone Blas Roberto (Psicólogo)

Fainberg Waxemberg Pablo Antonio (Psicólogo)

Felipe Mónaco Ester Silvia (Psicóloga)

Fernández Manvielle Lilian Nilda (Psicóloga)

Flores Quijano Horacio Bernardo (Psicólogo)

*Fraccarolli Humberto Luis (Psicólogo)

Franano Millan Carlos Hugo (Psicólogo)

Fuentes Raúl H. (Psiquiatra)

García Asunción Diana Iris (Psicóloga)

Garelik Urrutia Hugo Ricardo (Psicólogo)

Goulecdzian Techilinguirian María Ester (Psicóloga)

*Jachevasky Lucy (Psicóloga)

Korin Frid Eduardo Mario (Psicólogo)

Lacroix Patron María Esther (Psicóloga)

Leiva Sueyro María Delia (Psicóloga)

Luque María Amaru (Psicóloga)

Mancebo Garello Beatriz Ofelia (Psicóloga)

*Manguini María (Psicóloga)

*Marroco Susana M. (Psicóloga)

Mitnik Patov Rosa (Psiquiatra)

Mizraji Molinos Liliana Graciela (Psicóloga)

Mobili Gandolfo Ana María (Psicóloga)

Muchiutti Michilino María Inés (Psicóloga)

*Navarro Elba Rosa (Psicóloga)

Noia García María de Lourdes (Psicóloga)

Olivencia Tramontana Daniel Horacio (Psicólogo)

Orlando Piazza Irene (Psicóloga)

*Pastorini Alejandro Ramón (Psiquiatra)

Pastotini Moyano Alejandro Ramón (Psicólogo)

Perosio Podesta Beatriz Leonor (Psicóloga)

Pessina Libro Cecilia Alicia (Psicóloga)

*Piettelli Cañon Anabella (Psicóloga)

*Piriz Julio Luis (Psicólogo)

Rago Sarquis Graciela Noemí (Psicóloga)

*Ridao de Dron Lidia Manuela (Psicóloga)

Risau López Juan Carlos (Psiquiatra)

Ruiz Díaz Kleiber Gloria Stella Maris (Psicóloga)

Sade el Juri Naput Leila Belkys Camila (Psicóloga)

Sánchez Alonso María Matilde (Psicóloga)

Savignone Norma Susana (Psicóloga)

Sciarreta Raquel Alicia (Psicóloga)

Seoane Toimil María (Psicóloga)

*Sortavia Mario (Psicólogo)

Stiefkens de Anquin Ana María (Psicóloga)

*Stiefkens Pardo Ana María (Psicóloga)

Swica Caravelos Lucia Mirta (Psicóloga)

Tossi Pavicich Luis (Psiquiatra)

Vanella Boll María del Carmen (Psicóloga)

Villegas Herrera Aída Inés (Psicóloga)

Vilte Carmen Rosa (Psicóloga)

*Wolfson Nora Irene (Psicóloga)

 

Estudiantes de Psicología Detenidos-Desaparecidos

Abadi Shammah Carlos Alberto (Estudiante de Psicología)

Acosta Mansilla Víctor Hugo (Estudiante de Psicología)

Acosta Velasco María Eliana (Estudiante de Psicóloga)

*Acuña Elba (Estudiante de Psicología)

Agustoni Bravo Mónica Irene (Estudiante de Psicología)

*Álvarez María T. (Estudiante de Psicología)

*Anchepe Alberto Aníbal (Estudiante de Psicología)

*Baravalle Ana (Estudiante de Psicología)

Barbero Catanesi Marta María (Estudiante de Psicología)

*Benincasa Silvana (Estudiante de Psicología)

*Bigueret Adriana (Estudiante de Psicología)

Brodsky Fernando Rubén (Estudiante de Psicología)

Bugnone Cepeda María Elena (Estudiante de Psicología)

Bulit Gamez Pascual Alejandro (Estudiante de Psicología)

Cagni Fernández Julio Cesar (Estudiante de Psicología)

*Calvo Carmen (Estudiante de Psicología)

Campano Mosquera Simón Pedro (Estudiante de Psicología)

Carneiro Da Fontoura Gularte Juvelino Andrés (Estudiante de Psicología)

Carrera Tomatti Eduardo (Estudiante de Psicología)

Claverie Maurette Marta Mónica (Estudiante de Psicología)

*Cobo Inés Adriana (Estudiante de Psicología)

Cocca Astrada Oscar Ernesto (Estudiante de Psicología)

Coria Troxler Roberto Julio (Estudiante de Psicología)

Corona Zalla Carlos José (Estudiante de Psicología)

Correa Vassolo María Mercedes (Estudiante de Psicología)

Corti Boggero Liliana (Estudiante de Psicología)

Da Costa Jerez Jerónimo Américo (Estudiante de Psicología)

De Oliveira Julieta Mercedes (Estudiante de Psicología)

Del Bosco Pedranzani María del Carmen (Estudiante de Psicología)

Delfino Desinano Eduardo Alberto (Estudiante de Psicología)

Delgado Nazar Nora Mabel (Estudiante de Psicología)

Eggers Bellouard Marcelo Adolfo (Estudiante de Psicología)

Faramiñan Medina Pedro (Estudiante de Psicología)

Fernández José Osvaldo German (Estudiante de Psicología)

Fita Miller Claudia Julia (Estudiante de Psicología)

Fraccarolli Molina Humberto Luis (Estudiante de Psicología)

Fraire Laporte Gustavo Ernesto (Estudiante de Psicología)

Francescutti Marano María Isabel (Estudiante de Psicología)

Frías Pereira María Beatriz (Estudiante de Psicología)

Fuentes Alloro Luis Alberto (Estudiante de Psicología)

Garralda Campos Alberto Ricardo (Estudiante de Psicología)

Giraldi Llompart Liliana Beatriz (Estudiante de Psicología)

*Giugglioni Pereira M. Cristina Esther (Estudiante de Psicología)

González Montenegro Olga Cristina (Estudiante de Psicología)

*Grinsburg Víctor Nicolás (Estudiante de Psicología)

Izurieta Confeggi María Graciela (Estudiante de Psicología)

Jeger Rymland Maurice (Estudiante de Psicología)

Jerez Bodereau Alejandro Ernesto Jesús (Estudiante de Psicología)

Leguizamón Romero Gustavo Adolfo (Estudiante de Psicología)

*Lijtman Uzin Diana Rita (Estudiante de Psicología)

López Calvo Domínguez María Eugenia (Estudiante de Psicología)

*López M. Eugenia (Estudiante de Psicología)

López Polcino Antonio Ángel (Estudiante de Psicología)

*Marcondes María (Estudiante de Psicología)

*Marcos Liliana (Estudiante de Psicología)

*Marcuzzo Elizabeth Patricia (Estudiante de Psicología)

Maschio Laffitte Raúl Ramón (Estudiante de Psicología)

Maurer Rebola Nora Luisa (Estudiante de Psicología)

*Minsburg Víctor Nicolás (Estudiante de Psicología)

*Molina Nicola Lucia (Estudiante de Psicología)

Moya Ricardo Alfredo (Estudiante de Psicología)

Naymark Gabe Alicia Irene (Estudiante de Psicología)

Nocent Gelatti Elsa Alicia (Estudiante de Psicología)

Ortega Basso Mónica Elsa (Estudiante de Psicología)

*Pertierra Armando Roberto (Estudiante de Psicología)


Los datos fueron suministrados por la CONADEP (Comisión Nacional Sobre Desaparición de Personas), Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

*Dichos datos fueron extraídos de la página “Topia, Psicoanálisis, Sociedad y Cultura”: http://www.topia.com.ar


Testimonio de Adriana Calvo[34]

“Mi cautiverio duró casi 3 meses, del 4 de febrero al 28 de abril de 1977. Durante ese tiempo, nació mi beba -el 15 de abril- y también fui testigo del nacimiento de otros bebés: el hijo de Inés Ortega de Fossatti, las hijas de Silvia Isabella Valenzi y de Eloísa Castellini.

Mi experiencia personal, sumada a la informa-ción recopilada por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos permite hacer una descripción bastante exacta acerca de cual fue la actitud de los represores con las mujeres embarazadas. El primer punto a tener en cuenta es que el hecho de estar embarazada no impedía la tortura ni la hacía menos violenta. El objetivo de los tormentos era extraer del detenido el máximo de información en el menor tiempo posible y ese objetivo no se cancelaba por «detalles». Pasada esta etapa y en el caso en que el embarazo continuara a pesar de la picana, violación, y/o golpes, comenzaba otra, en alguno de los lugares de «depósito», en la que el trato y la cantidad de comida recibida dependía fuertemente del aspecto -ojos, cutis, pelo, cuerpo-, de la edad y del estado de salud de la embarazada. Esto era así ya que, tal como todas las demás cosas que robaban, los bebés eran considerados botín de guerra aún antes de nacer, por lo que tenían especial cuidado con aquellas «portadoras» bonitas, rubias, de ojos grandes, que les aseguraran bebés fuertes, hermosos y saludables para ser retenidos como propios, para ofrecer gentilmente a algún superior necesitado o para vender al mejor precio. En caso de no reunir estas características, de cualquier manera la embarazada era conservada con vida hasta después del parto (siempre existe demanda para este tipo de producto aunque no sea de la mejor calidad). En casi todos los casos, éste se producía en el suelo, sobre alguna mesa sucia, con la detenida atada y encapuchada, rodeada de guardias que asistían amenazantes al «espectáculo» y, en caso de que la hubiera, asistencia médica mínima consistente en el corte del cordón umbilical y la extracción de la placenta. Pocas horas después, en algunos casos 2 o 3 días, el bebé era separado de su madre, siempre diciéndole que iba a ser entregado a su familia, incluso se le preguntaba a cual familiar debía ser entregado, dirección del mismo, horarios etc., lo que lograba que la entrega se realizara sin resistencia. De hecho, hasta donde sabemos, mi caso es el único en que un bebé nacido en un campo de concentración fue liberado junto con su madre.

El destino posterior de los chicos, hoy es evidente. Matías y Gonzalo Reggiardo Tolosa son un ejemplo paradigmático”.

 

Algunas experiencias actuales de abordaje comunitario sobre estos temas

Algunas experiencias comunitarias son importantes de resaltar dado que muestran el impacto que produce en un espacio comunitario poner a trabajar las ideas, los motivos, las secuelas de la época articulándola con lo que ocurrió en todo el conjunto de la sociedad, trascendiendo a un pequeño sector, como se intentó “dejar escrito” en la historia, dando lugar -esta mirada- al “por algo será” o a la teoría de los dos demonios.

  1. a) Talleres por el derecho a la identidad, que se realizan desde la Secretaría de Derechos Humanos de Nación

La Secretaría de Derechos Humanos de Nación realizó durante el 2004 talleres sobre el Derecho a la Identidad en diversas ciudades del interior del país, incluyendo en Jujuy trabajos de relevamiento sobre Identidad e identificación (documentos de niños, niñas y adultos).

Durante el 2005, desde la Secretaría en conjunto con la CONADI y Abuelas de Plaza de Mayo, en el marco del Plan Nacional de Acción por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, se desarrollaron talleres sobre el derecho a la Identidad, haciendo eje en la reconstrucción de la memoria histórica y en la práctica de apropiación de niños/as producida por la última dictadura militar.

Asimismo, se trabajó para sensibilizar acerca de la importancia de garantizar que los niños y niñas sean documentados al nacer o poco después de ello, ejerciendo de este modo su derecho a tener nombre, nacionalidad y relaciones familiares sin injerencias ilícitas, de conformidad con la legislación nacional. Para ello, los talleres se organizaron con la participación de nietos recuperados que llevaron sus testimonios.

Además, se planea fortalecer el Programa Nacional de Prevención de la sustracción y Tráfico de niños y niñas de los Delitos contra su Identidad.

  1. b) Talleres en escuelas secundarias organizados por la Municipalidad de Morón

En la Municipalidad de Morón, por su parte, se realizan talleres en escuelas secundarias con la finalidad de realizar un trabajo de historización de la memoria, instaurando el tema del terrorismo estatal a través de diversos espacios de reflexión.

  1. c) Creación de la Casa de la Memoria y la Vida

En julio de 2000 se creó la Casa de la Memoria y la Vida y luego la Dirección de Derechos Humanos, en el mismo predio donde estuvo ubicada la Mansión Seré, lugar donde funcionó el centro clandestino de detención conocido como «ATILA».

A partir del año 2002 se incorporaron a este proyecto estudiantes de antropología y arqueología de la Universidad de Buenos Aires para colaborar en la investigación de las ruinas de la antigua Mansión Seré, como un aporte a la recuperación histórica de este espacio tan significativo.


Bibliografía producida en relación a estos temas[35]

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*Este Cuadernillo orientativo dirigido a profesionales de la salud mental fue realizado por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Buenos Aires, abril 2006. Disponible en http://www.jus.gob.ar/media/1129094/10-dhpt-consecuencias_salud_mental.pdf


[1] Listado en Anexo Nº 1

[2] Listado en Anexo Nº 2

[3] Del libro: Ni el flaco perdón de Dios, Hijos de desaparecidos, La Madrid, Mara; Gelman, Juan, pág. 276, Planeta. Espejo de la Argentina, 1997.

[4] A los efectos del presente documento, se entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de los derechos humanos. Una persona será considerada víctima con independencia de si el autor de la violación ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado y de las relaciones que puedan existir entre el autor y la víctima. Resolución 2005/03 de la ONU sobre tratamiento de víctimas.

[5] Viñar Marcelo, “La transmisión de un patrimonio mortífero: premisas éticas para la rehabilitación de afectados”, Revista Territorios, Número 2, MSSM, Buenos Aires, 1986.

[6] Ulloa,Fernando, “La ética del analista ante lo siniestro”, Revista Territorios Nº 2, MSSM, Buenos Aires, 1986

[7] Viñar, Marcelo, Ibídem anterior.

[8] Ulloa,Fernando, “La ética del analista ante lo siniestro”, Revista Territorios Nº 2, MSSM, Buenos Aires, 1986

[9] Duhalde, Eduardo Luis, El estado terrorista argentino: quince años después, una mirada crítica, Ed. Eudeba, Buenos Aires, 1999.

[10] Ulloa, Fernando, “La ética del analista ante lo siniestro”, Territorios número 2, MSSM, Buenos Aires, 1986.

[11] Duhalde, Eduardo Luis, El estado terrorista argentino: quince años después, una mirada crítica, Ed. Eudeba, Buenos Aires, 1999.

[12] Duhalde, Eduardo Luis, en El Estado terrorista argentino…, plantea: “…se trata de una especial estructuración del Estado en situaciones de grave crisis de una formación social determinada, como es el caso del fascismo, donde se abandona la normatividad del Estado de Derecho para adquirir formas excepcionales al margen de la legalidad institucional.” Cabe agregar que generalmente, esta situación de Estado de Excepción, se establece so pretexto de defender las instituciones constitucionales, como sucede con la pretendida justificación de los frecuentes “golpes de Estado”.

[13] Ibídem

[14] Jelin, Elizabeth, “Los derechos Humanos y la memoria de la violencia política y la represión: la construcción de un campo nuevo en las ciencias sociales”, Cuadernos del IDES, Nº 2

[15] 5Martínez, Victoria, “Psicología y Derechos Humanos en América Latina”, Revista Papeles del Psicólogo, Época II, Nº 56, 1993

[16] No mencionamos aquí al resto de los organismos de derechos humanos que luego se fueron conformando, por estar analizando específicamente los que contaron con equipos de salud mental. No obstante más tarde se conformó la A.E.E.D. (Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas), H.I.J.O.S. (Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio), y el E.A.A.F. (Equipo Argentino de Antropología Forense), que si bien no es un organismo de Derechos Humanos, su equipo inicial tenía asiento en el MEDH y ha cumplido y cumple una tarea trascendental en la recuperación de los restos óseos de los desaparecidos, identificándolos, desafiando la lógica medular de la dictadura militar, y permitiendo que muchos familiares de desaparecidos logren iniciar el proceso de duelo al reencontrase con los restos de sus seres queridos, además de la fuerza probatoria aportada a los juicios.

[17] Algunos fundadores del MSSM participaron del informe presentado ante la CIDH en ocasión de su visita en 1979.

[18] Ver Anexo 3, pág. 42.

[19] Consultar Anexo 4, Reunión con Representantes del Gobierno Argentino realizada el 16 de enero de 1985.

[20] Candia, Lidia, “La Tortura, el torturador y la desaparición de personas”, en Revista Territorios, Nº 4, MSSM, 1987.

[21] Extracto de “Sancionar el duelo. Desaparición, duelo e impunidad” , en Revista Psicoanálisis y el Hospital, Nº 20, Fabiana Rousseaux

[22] Guelerman, Sergio (Compilador), Prólogo Alejandro Kaufman, Memorias en presente. Identidad y transmisión en la Argentina posgenocidio.

[23] Idem.

[24] “Algunas reflexiones sobre la tortura”, ficha del CELS, octubre de 1988.

[25] 6 Ulloa, Fernando, La novela clínica psicoanalítica, Buenos Aires, Paidós, 1999.

[26] “Sebastián estaba con muchas dudas pero, como pocos, también con muchas certezas sobre su identidad. Le habían dicho que era adoptado y, aunque con ganas, sólo después de muchos años se animó a ir entrando a las páginas de las Abuelas de Plaza de Mayo en Internet para hacerse preguntas. Clickeó documentos, archivos o informes hasta que se encontró con una foto de Gaspar Casado, su verdadero padre, secuestrado a fines de 1977 y hoy desaparecido. Sebastián no sabía quién era pero lo intuyó” (Nieto recuperado Nº 82), en “Abraza fuerrrte, como el padre”, Página/12, 15/02/06.

[27] 8 ¿Por qué pensar en los desaparecidos? Violencia dictatorial y memoria del terror, marzo, 2005

[28] Rousseaux, Fabiana, Jornadas “La cultura del riesgo”, Facultad de Psicología de la UBA, 6 de agosto de 2005, intervención “El riesgo del extravío” de próxima publicación.

[29] Ver Anexo 6, “Algunas experiencias actuales de abordaje comunitario sobre estos temas”.

[30] Ver agradecimientos

[31] Ver Gordillo, Agustín, Derechos Humanos, Buenos Aires, FDA, 4ª Ed., 1999, Capítulo XIV, p.10.

[32] Subsiguientes y concordantes

[33] Vainer, Alejandro, “Efectos en el campo de la salud mental”, del libro Las huellas de la Memoria, Carpintero, E., Vainer, A.

[34] Para ampliar testimonios consultar www.exdesaparecidos.org.ar

[35] Desde la Secretaría de Derechos Humanos se está iniciando un proceso de relevamiento de los materiales producidos durante los años de la dictadura y posteriores, con la intención de salvaguardar los escritos de esa época, que forman parte de la memoria colectiva.

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