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CONTRA LA CONSTRUCCIÓN DEL OLVIDO Y LA IMPUNIDAD

CONTRA LA CONSTRUCCIÓN DEL OLVIDO Y LA IMPUNIDAD

por Fabiana Rousseaux y Stella Segado

Como plantea Enzo Traverso, Auschwitz no existió mientras salía humo de las cámaras de gas sino cincuenta años después, cuando la sociedad estuvo dispuesta a escuchar lo que había sucedido. ¿Qué significa semejante afirmación?

Quienes hoy constituimos Territorios Clínicos de la Memoria (TeCMe), sabemos lo que significa transitar una experiencia desde el Estado porque muchos de nosotros provenimos de lugares de gestión donde hemos llevado a cabo funciones con algún nivel decisorio en la construcción de políticas públicas vinculadas a los procesos de memoria, verdad, justicia y reparación del daño. Y por esa razón conocemos las implicancias que tiene el hecho de que el actual gobierno pretenda reinstalar políticas de impunidad, sin sujeto responsable.

Sabemos también que esas políticas de Estado se consolidan con el aporte y la articulación permanente con las organizaciones sociales que son, en definitiva, quienes imponen agendas gubernamentales a través de sus reclamos y en su función de contralores de esas políticas. Para ello es indispensable que haya un Estado dispuesto a escuchar los reclamos.

TeCMe entonces es un proyecto que se deriva de esa experiencia —aunque no solamente, dado que antes de eso hicimos un movimiento inverso aportando a las políticas estatales la experiencia profesional previa como activistas en estos temas—, y fundamentalmente es un espacio que funciona como red entre colegas provenientes de múltiples disciplinas con quienes establecimos una interlocución teórico-académica y de gestión.

¿Por qué son Clínicos estos Territorios?, nos han consultado varias veces. “Si trabajan sobre Memoria y sobre procesos de verdad, testimonios y archivos, ¿por qué lo clínico? Porque gran parte de nuestra área se deriva de una experiencia clínica. De una escucha proveniente de la clínica psicoanalítica, que nos permitió aportar a una experiencia colectiva y trabajar sobre la intersección del “para todos”, tal como se impone en el discurso de los derechos humanos y las políticas públicas, sin perder de vista el “uno a uno” de las situaciones más singulares e íntimas de cada persona. Por ejemplo, esa dicotomía se jugó muy fuertemente a la hora de pensar el amplio espectro de las políticas reparatorias. Cuando vemos el intento del actual gobierno de intentar someter al escarnio público a las víctimas instalando el inefable “curro de los derechos humanos” olvidándose de las serias implicancias que puede tener sobre una madre, padre, un/a hijo/a u otros familiares el hecho de asumir una reparación pecuniaria por la desaparición de sus familiares sin poder ubicar de una cadena simbólica ni la traducción económica, ni el valor de lo dañado, ni la dignidad de ese acto, pensamos que este gobierno entonces no tiene la más mínima idea de lo que está atacando. Es de una irresponsabilidad absoluta e impactante. Es decir, por un lado, es el Estado quien tiene la “obligación” –no es un acto de buena voluntad— de implantar estas políticas, ya que es el modo en que internacionalmente se asumen responsabilidades ante actos criminales de esta magnitud (estamos hablando de delitos de lesa humanidad), pero además hay una cantidad de medidas de índole simbólica que también debe asumir los Estados. Ninguna de esas medidas es sin consecuencias para los sobrevivientes o sus familiares, porque en ese mismo acto va implícito el reconocimiento de los horrores padecidos y la dimensión de lo dañado. Entonces la señalización de un sitio, la presentación a las leyes reparatorias, el testimonio en un juicio, la reivindicación de un legajo en la escuela donde estudió o el lugar donde trabajó un/a desaparecido/a, son actos que tienen un efecto reparador inmediato sobre los familiares y sobre el cuerpo social dañado en la medida que no se profane esa memoria como ocurre en la actualidad. Por el contrario, esto requiere de un acompañamiento de ese proceso como parte de una perspectiva integral del dolor provocado. Así está explicitado en una inmensa cantidad de tratados internacionales y protocolos, entre ellos el Protocolo de Estambul que introduce la “afectación al proyecto de vida” como una variable central a tener en cuenta en la estructuración de políticas reparatorias frente a delitos de lesa humanidad.

En ese mismo sentido están inscriptas las acciones que se instauraron durante la gestión anterior en torno a la apertura de archivos administrativos existentes en todas las áreas de la administración pública nacional centralizadas o descentralizadas que permitieron reparar entre otras cosas, la memoria de los trabajadores estatales desaparecidos. Se trabajó para recuperar legajos y repararlos en coordinación con las áreas de Recursos Humanos de todos los ministerios para restituir la categoría de “desaparición forzada” donde figuraba como “abandono de tarea”. La reparación de estos legajos tuvo un impacto simbólico esencial frente a sus familias y a la sociedad.

Una buena parte de los lazos recuperados a partir de estas acciones reparatorias, son los que retomamos hoy en Testimonios porque las necesidades siguen existiendo. Para ello reanudamos también lazos con otros países, sobre todo a nivel regional, con proyectos comunes donde la recuperación de producciones teóricas y de instancias investigativas son prioridades en esta etapa.

Ante el avance descarnado del neoliberalismo en la región y orientados por la experienca común que tenemos, impulsamos la creación de redes bajo la idea “cuando los Estados retroceden, quedan las redes”.

En definitiva, esto es lo que enmarca hoy a TeCMe, convirtiéndolo en un ámbito donde poder recabar las experiencias y las redes articuladas en estos años. Así es cómo pensamos nuestra práctica. Tenemos asesores de distintos países que son realmente un lujo y con quienes en diferentes medidas venimos desarrollando investigaciones y actividades de índole académicas.

Haber creado dispositivos inéditos como acompañar y asistir a víctimas-testigos en el proceso testimonial de los juicios por delitos de lesa humanidad, nos puso en el lugar de crear un nuevo paradigma sobre los modos de “gestionar el dolor” en una sociedad; y ahora estamos retomando ese trabajo para profundizar teóricamente sobre las consecuencias que ello trajo en la reconfiguración del discurso común.

Como parte de nuestro interés es pensar las consecuencias del terror del Estado y de las violaciones de derechos humanos en general, incorporamos nuevos puntos de análisis. Por ejemplo, a partir de la emergencia de un nuevo actor social como los hijos e hijas de responsables de delitos de lesa humanidad comenzamos a pensar qué implicaba esto en el campo de los derechos humanos. Sentimos una enorme responsabilidad y respeto por lo cual nos cuidamos de o aportar más a la confusión generalizada que la aparición de esta nueva “voz” podía traer aparejada y nos propusimos analizar con seriedad el tema haciendo pie en algunos puntos relativos a la intersección de lo jurídico con lo subjetivo. Intentamos correrlo del impacto cautivante que provoca esta inédita voz y pensar cuáles eran sus límites de entrada. Esto es algo que sí tomamos de la experiencia del psicoanálisis, los límites del no-todo (que siempre marca un norte interesante) y la cautela.

Es por esta razón que dentro de las investigaciones que desarrollamos actualmente, incorporamos el tema Genocidio y Filiación que será parte de un espectro más amplio de trabajos sobre los diversos modos en que el terror impactó alrededor de los vínculos filiatorios. También estamos desarrollando un trabajo sobre el impacto que estas prácticas suscitaron en los lazos sociales para analizar las contundentes respuestas frente al fallo del 2 por 1 y la desaparición forzada de Santiago Maldonado.

Los genocidios provocados en la historia de la humanidad han dado muestras de que las huellas del dolor en el tejido social son duraderas y no cesan ni aún con la recuperación de los procesos democráticos y Argentina estuvo y está atravesada por esas marcas hasta hoy.

Es evidente que el reconocimiento de estos crímenes por parte del estado durante el período 2003/2015 y el desarrollo de dispositivos inéditos que ejercieron una eficacia simbólica sin precedentes en la región, nos pusieron de narices frente a lo que Traverso planteaba en torno a los tiempos lógicos de las sociedades frente a los genocidios: su reconocimiento social comienza a partir de la posibilidad de hablar y escuchar. Y nosotros luego de esa experiencia agregamos que una vez inscripto en el cuerpo social ese recorrido que fundó un nuevo nombre es muy difícil hacer de cuenta que no haya existido.

La transversalización de la perspectiva reparatoria se tradujo también en la apertura y digitalización de archivos de las fuerzas armadas y de seguridad como otro de los ejes esenciales, articulando la dimensión testimonial con las pruebas archivísticas y utilizando ambos universos memorísticos como prueba de los procesos judiciales desarrollados en todo el país.

Sin embargo, cuando a partir de la asunción del actual gobierno –en diciembre de 2015— se comenzaron a disolver estas perspectivas de dignificación de la memoria, haciendo que gran parte de la sociedad vuelva a quedar expuesta, y las víctimas de violaciones de derechos humanos ya no puedan apelar al lazo Estado-víctimas, aunque las consecuencias de testimoniar, acceder a la verdad y buscar alguna reparación simbólica sean temas que coexistan con los discursos negacionistas.

En este sentido el área de archivos se incorporó a TeCMe inmediatamente, conscientes del indisoluble vínculo entre los testimonios y los archivos. Estos han sido uno de los ejes fundamentales de las políticas públicas que se llevaron adelante drante el período 2003/2005. Ya desde la creación del Archivo Nacional de la Memoria como durante la búsqueda de documentación existente en diversos ámbitos de la administración pública hasta la desclasificación de gran parte de la documentación de período 76-83.

Quienes se ocuparon de la gestión de archivos en la administración pública, se dieron distintas estrategias que derivaron en la producción de un modo de pensar el terrorismo de Estado de “manera burocrática”. Ello permitió analizar el hilo que condujo a través de la estructura represiva y encontrar varias de las huellas que hasta ese momento no habían sido “exhumadas”.

El alcance de esa tarea –con muchos errores y también con muchos aciertos— se plasmó de un modo contundente en los juicios contra el terrorismo de Estado que se impulsaron desde 2006. Esas investigaciones archivísticas también fueron tomadas en la producción académica, aportaron en gran medida a a reconstrucción de la historia de vida de los militantes políticos como a los trabajos de investigación de muchos equipos de organizaciones de derechos humanos. Gran parte de esos documentos formaron y forman parte de los archivos de la administración pública.

Considerando toda esta arquitectura, nos propusimos iniciar una investigación con fines teóricos y prácticos, denominada “Sobre las continuidades, rupturas y desafíos de las políticas archivísticas de memoria en la Argentina actual”. Intentamos recabar un mapa situacional a nivel nacional. Sabemos cuál era el mapa a diciembre de 2015, pero creemos necesario tener datos certeros sobre los avances y retrocesos de estos últimos años, para generar nuevas herramientas que permitan institucionalizar y normalizar la práctica archivística en el país como modo de seguir construyendo memoria y crear simultáneamente espacios de referencias teóricas.

En el Primer Encuentro Regional que realizamos desde TeCMe en la ciudad de Rosario el pasado 22 y 23 de septiembre con este fin, propusimos la modalidad de conversatorio, porque visualizamos la necesidad que tenía la gran mayoría de los participantes –entre ellos activistas e investigadores— de compartir la situación actual y trasmitir sus experiencias.

Es muy importante en términos de articulación avanzar en este tipo de encuentros y desde nuestro blog vamos difundiendo las actividades e las que participamos para sumar a esta construcción. Son muchos los espacios preexistentes y los colegas de estas áreas comprometidos como nosotros desde hace décadas con los procesos de memoria, verdad y justicia y creemos que es un momento bisagra donde todas estas experiencias deben consolidar una construcción común.

Desde TeCMe queremos articular y aportar al trabajo que también otros investigadores vienen desarrollando para poner en valor esos archivos como soporte tangible de los hechos ocurridos y complementarios de la palabra de las víctimas.

Como decía Eduardo Duhalde, se trata del combate por la memoria, contra la organización del olvido y para seguir construyendo un legado de Nunca Más.

Este artículo fue publicado en CONTRAEDITORIAL. Viernes 13 de octubre de 2017. Año 1 – N° 5. Buenos Aires.

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