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POLÍTICAS REPARATORIAS EN SALUD MENTAL FRENTE A CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD. DOLOR Y DIGNIDAD

POLÍTICAS REPARATORIAS EN SALUD MENTAL FRENTE A CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD. DOLOR Y DIGNIDAD

Fabiana Rousseaux

 

En el momento de escribir este artículo, nuestra sociedad transita por una situación excepcional que merece una lectura no sólo política. Los profesionales de la salud mental tenemos algo para decir en torno a los dolorosos sucesos desencadenados a partir de la desaparición y posterior anuncio de muerte -en ese orden- de un joven que participó de los episodios desencadenados por la feroz represión de la gendarmería nacional en el sur del país, más precisamente en territorio mapuche.

El impacto en la comunidad internacional en su conjunto, solidarizándose con el reclamo sobre un cuerpo desaparecido durante 80 días, significa que ni para la Argentina ni para los países del resto del mundo la desaparición significa lo mismo que la muerte.

Sin embargo, resultó sorprendente la respuesta de muchos de esos países que definían esta nueva desaparición como algo “intolerable para la sociedad argentina” como si en ello fuera un saber internacional sobre el límite tocado aquí, pero oculto a la vista de todos en el interior mismo de nuestra sociedad. No tanto porque no se haya movilizado un amplio espectro de ciudadanos en reclamo de verdad y justicia, sino por la implacable respuesta posterior, al conocerse el destino final del cuerpo desaparecido, que podríamos resumir en “No fue el Estado, fue un accidente”.

Cuando en el marco del primer juicio por delitos de lesa humanidad llevado a cabo en los tribunales de Comodoro Py, en el año 2009 se juzgaron crímenes cometidos en el ámbito de la capital federal en el período 76/77, los principales testigos citados en ese juicio fueron porteros de edificios y taxistas.

Allí tuve la oportunidad de escuchar a muchos de esos testigos que 35 años más tarde de los episodios que se juzgaban eran llamados a declarar por lo que habían visto y oído.  Muchos de ellos manifestaron en un inicio desconocimiento sobre los hechos por los que fueron citados. No obstante ello, uno de los taxistas comenzó su testimonio del mismo modo “no sé qué pasó, yo no sé nada” pero tras una pregunta de la querella, recordó que en ese período él cumplía su horario de trabajo en horas de la noche y que era habitual ver situaciones extrañas en la ciudad. Mujeres descalzas, a veces ensangrentadas o con niños en sus brazos, en camisón, que subían al taxi y lloraban, que deambulaban de madrugada, etc. Al recordar todo esto dijo: convivíamos con esas escenas y demostró el miedo que eso le había causado, manifestando al tribunal que nunca se había atrevido a pensar en ello.

El intervalo que fue en su breve declaración del “yo no sé nada” al “convivimos con el terror” no requiere de demasiadas traducciones para quienes estamos habituados a escuchar la lógica del inconsciente más que los relatos descriptivos de episodios históricos.

Creo importante entonces hacer una brevísima genealogía sobre las últimas décadas en los países de América Latina donde se desarrollaron proyectos y programas inscriptos en el marco de la reparación integral a víctimas de violaciones de derechos humanos. Nuestro país en particular desarrolló una fuerte política frente a delitos de lesa humanidad, inaugurando un escenario sin precedentes a nivel internacional al juzgar estos crímenes bajo la configuración de tribunales ordinarios y no “ad hoc”[1] como ocurrió en otras experiencias mundiales.

Tales políticas estuvieron centradas en la recuperación de la memoria individual y colectiva y en los procesos de verdad, justicia y reparación, a efectos de dar consistencia a los relatos provenientes de las personas afectadas, vinculados a la historia de la violencia de Estado en el Cono Sur, que hasta ese momento habían sido ignorados o desprestigiados por los sucesivos gobiernos posdictatoriales y una gran parte de la sociedad, aún marcada por las consecuencias que restan de procesos genocidas.

Algunas de estas decisiones se vieron plasmadas en la creación y/o consolidación de programas que tuvieron en la reparación psíquica y el testimonio un dispositivo clínico y un espacio privilegiado para la producción de dignidad sobre las víctimas.

Los juicios penales fueron sin lugar a dudas, acontecimientos que interpelaron a toda la región afectada por el denominado “Plan Cóndor”[2].

Las perspectivas vinculadas a la recuperación de los sitios de memoria, de los procesos de justicia, identidad, comisiones de la verdad y otros modos de justicia de transición, ayudaron a dilucidar cómo se construyen y sostienen estos procesos en materia de reparación y restitución de la dignidad.

En ese sentido la invención de un dispositivo novedoso como fue el acompañamiento a víctimas-testigos en el marco de los procesos judiciales -tanto desde las comisiones de verdad de los diferentes países del continente, como en los juicios orales desarrollados en la Argentina en sus marcos estatales y en articulación con las organizaciones sociales-, provocaron la irrupción de nuevos discursos que pusieron de manifiesto la imposibilidad de pensar los procesos por delitos de lesa humanidad sólo desde el discurso jurídico.

Los nuevos lazos creados entre el Estado, que durante los décadas del 60 y 70[3] violó todos los derechos, y las víctimas que en muchos casos a través de sus organizaciones sociales sostuvieron la memoria de lo ocurrido, crearon un vínculo que sin lugar a dudas tuvo una enorme complejidad para lograr acceder a la consolidación de la confianza necesaria en términos de testimonio. No se le habla a quien no se le cree.

Asistimos en la actualidad a un escenario regional donde estos procesos de memoria, verdad, justicia y reparación están puestos en riesgo como producto de la implantación de políticas neoliberales que lejos de tomar las obligaciones del Estado en esta materia, impulsan un discurso de desestimación de lo construido hasta aquí, llegando a profanar incluso el punto sacro que la memoria y el dolor social implican para un país que ha atravesado por la inefable experiencia colectiva de 30.000 desaparecidos.

Los “treintamil” lejos de ser un número, se ha constituido en lo que denomino lo “in-número” en tanto significante que representa lo indecible del horror en sus dos versiones: el reconocimiento por una parte de la sociedad del dolor verdaderamente causado y la renegación de otra parte de ella como veíamos más arriba en el caso de los testigos en el juicio denominado “Jefes de Área”. Cualquiera de los modos que ello tome, es indefectiblemente una dimensión del sufrimiento psíquico colectivo.

En ese contexto es que junto al ex Secretario de Derechos Humanos de la Nación[4] impulsamos la creación del Plan Nacional de Acompañamiento a Testigos y Querellantes por delitos de lesa humanidad, y posteriormente el Centro de Asistencia a víctimas de violaciones de derechos humanos “Dr. Fernando Ulloa” del Ministerio de Justicia que dirigimos durante la gestión gubernamental 2005-2014.

Ahora bien, ese terreno paradojal sobre el cual se estructuran las políticas de reparación en materia de derechos humanos, los testimonios, rol del Estado como agente garantizador de esas políticas; la reparación psicológica como eje esencial en la construcción de la perspectiva simbólica y no sólo pecuniaria[5], y sus diversos modos de aplicación se esgrimen como condición de posibilidad frente a la complejidad de la trama simbólica gestada entre el Estado y sus víctimas, frase que hasta hace dos años estaba teñida de una significación radicalmente diversa a la actual y eso no deja de interrogarnos sobre el lugar esencial de los profesionales de la salud mental como representantes de esas políticas.

La compleja trama del duelo y de la memoria traumática a-temporal, implica poder introducir una perspectiva transdisciplinar en el abordaje a las víctimas del terror de Estado.

Los crímenes por delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y por lo tanto los daños que desencadenan también lo son. La temporalidad que inaugura esta imprescriptibilidad es un tema que, sin lugar a dudas, debe ser pensado por los profesionales de la salud mental.


Este texto fue publicado en Narraciones, año 1 (1), noviembre de 2017. Buenos Aires, Centro de Salud Mental, pp. 45-50. https://issuu.com/revistanarraciones.centro1/docs/revista_narraciones_digital

[1] Ex Yugoslavia, Ruanda y Camboya, entre otros, donde se crearon Tribuales Especiales para juzgar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad.

[2] Coordinación represiva de todo el Cono Sur.

[3] Nos estamos refiriendo a los diversos procesos en la región, donde el golpe de Estado en Brasil, producido en el año 64, funcionó como onda dictatorial que se expandió en toda la región. Así Chile, Uruguay y Argentina fueron impactados por procesos similares a pesar de las enormes diferencias que han tenido en el modo de tramitar esos períodos de terror estatal.

[4] Eduardo Luis Duhalde, quien presidió esa cartera entre 2003 y 2013, año de su fallecimiento.

[5] Se refiere a los aspectos monetarios de la traducción del daño provocado sobre las víctimas.

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