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SUBJETIVIDAD, TERROR, DERECHOS HUMANOS: LA EXPERIENCIA ARGENTINA

SUBJETIVIDAD, TERROR Y DERECHOS HUMANOS: LA EXPERIENCIA ARGENTINA

por Alicia Stolkiner[1] y Dardo Castro[2]

…Y si no cualquier presente puede conectarse con cualquier pasado, sino solamente con aquellos que conforman su singular genealogía o árbol de raíces específicas, también debe de ser claro que el pasado no posee nunca una “imagen ‘eterna’” y ya acabada, sino que es siempre algo vivo y abierto, algo cuyos sentidos últimos no terminan de revelarse….

Walter Benjamin (2002, p.55)

 

Introducción

El objetivo de este trabajo es reflexionar, a partir de la experiencia de la Argentina, sobre el lugar que los derechos humanos pueden desempeñar en la producción de subjetividad en la etapa actual de mundialización de la economía y de transformación de la hegemonía geopolítica mundial. Se trata de los derechos humanos en cuanto  idea fuerza y praxis (Raffin M., 2006 ) o como reivindicación básica de luchas modernas populares  (Gallardo H,2009), y no solamente como  dispositivo jurídico internacional. Subyace a esta reflexión la hipótesis de que el antagonismo central de nuestra época entre objetivación y subjetivación, la tensión entre la tendencia a la mercantilización absoluta de todos los órdenes de la vida e inclusive de la vida misma,  y la aparición de actores sociales múltiples que tratan de  preservarla, se relaciona profunda y diversamente con esta creación de la modernidad –la idea de derechos humanos– que tiene potencia para trascender sus formas fundacionales y sus “pecados” de origen, y constituir una herramienta de construcción colectiva de formas societales donde la diversidad se condiga con la universalidad e integralidad de derechos.

El interés en revisar esa parte de la historia de un país particular, en el cual el Estado desenmascaró el núcleo de su faceta violenta constituyendo de manera explícita un estado terrorista, estriba en que la problemática del terror de estado se plantea hoy a nivel global, discursivamente encubierta en la “lucha contra el terrorismo” y la “guerra contra el narcotráfico”. Si,  como lo afirmaba Bruno Bettelheim (1973), un campo de concentración es un dispositivo destinado a actuar no sólo en sus prisioneros sino en la sociedad en su conjunto, Guantánamo está allí para actuar sobre la sociedad globalizada, para legitimar el núcleo del  estado “de excepción” en el mundo.

La cultura del terror, que logra destituir los vínculos comunes a través de promover el temor como eje central de la relación con el otro, necesita afirmarse en una drástica diferenciación entre quienes pueden ejercer derechos y aquellas vidas que pueden considerarse “no dignas de duelo” (Butler, J,2010)  o, para usar un término en el cual el nazismo fundamentó los experimentos con seres humanos: “vidas que no merecen ser vividas” (Lebensunwertes Leben),o simplemente sacrificables en función de la razón instrumental o de estado. Al respecto Pilar Calveiro (2012) señala la “textura” común entre las experiencias concentracionarias previas y los actuales centros clandestinos de detención, detallando resonancias específicas comunes entre las modalidades actuales de “guerra contra el terrorismo” y el terror de estado de la década del 70, sus hilos comunicantes. Ellos son: la suspensión de derechos– la excepcionalidad–, la desaparición de personas, la redefinición legal de la tortura, la superposición de circuitos legales e ilegales, la nominación de “guerra” a lo que es un despliegue policíaco militar y la configuración de  redes supranacionales para su accionar, en este caso globales, como en las dictaduras del Cono Sur lo fue el Plan Cóndor[3] como red regional. La gubernamentalidad en la fase actual del capitalismos parece hacer confluir el poder soberano sobre la vida y la muerte, y el ordenamiento disciplinar y biopolítico de la población  de manera “co-extensiva” (Castro, E., 2011) como lo planteara Michel Foucault en relación al nazismo.

La experiencia argentina ha motivado una sostenida producción teórica sobre los efectos del terror de estado en la sociedad y en las víctimas, los juicios posteriores han permitido pensar y escribir sobre el papel de la justicia y la ruptura de la impunidad, así como sobre las implicancias subjetivas del proceso de testimonio. En este trabajo nos interesa centrarnos básicamente en algunas hipótesis sobre la huella que en la sociedad ha producido y produce la presencia constante, durante décadas, de organizaciones sociales novedosas cuya herramienta fundamental fue la idea de derechos humanos y que lograron un proceso de reconocimiento social del horror padecido y avanzaron en la concreción de la búsqueda de justicia. Teniendo en cuenta los efectos y características del terror, nos centraremos no obstante en las formas de resistencia al mismo, en la capacidad de sujetos comunes de salir de su circuito, de romper la omnipotencia que pretende. Trataremos de mostrar cómo, en el proceso de desmantelar el terror, se fueron generando actores, prácticas y discursos que tocaron distintos problemas y emergentes sociales de manera novedosa.

En la sociedad argentina actual convive lo viejo y lo nuevo en tensión. Coexisten los efectos y discursos del terror –y algunos de los que lo sustentaron–  y los que se han construido alrededor de la lucha por los derechos, de modo que la historia se resignifica permanentemente en el presente. También es uno de los casos en que el constructo derechos humanos ha mostrado facetas que se alejan de muchas de sus interpretaciones hegemónicas.

Las promesas incumplidas de la modernidad: los derechos humanos como producto paradójico

 “La actividad y la ilustración, que ensanchan los horizontes del porvenir y hacen brotar nuevas fuentes de producción para la humanidad, son los mejores títulos para el dominio de las tierras nuevas. Precisamente al amparo de estos principios, se han quitado éstas a la raza estéril que las ocupaba”

Párrafo del Informe de la Comisión Científica que acompañó al Gral. Roca en la Campaña al Desierto, Argentina 1881[4]

“Occidente, o la modernidad occidental están relacionados con el holocausto; son su causa y su posibilidad”….

Federico Finchelstein (2010, p. 13)

“Podríamos incluso decir que ser totalmente modernos es ser antimodernos”

Marshall Berman (1988)

 

Los derechos humanos son un producto de la modernidad[5] y del capitalismo, pero un producto paradójico que entraña en potencia un antagonismo radical con su matriz de origen. Esta es la hipótesis con la cual se tratará de explicitar algunos referentes conceptuales que constituyen herramientas para el análisis del caso de la Argentina. A su vez, sólo pueden ser comprendidos si se analiza simultáneamente la concepción del sujeto que conllevan, “las bases y el substratum de los derechos humanos se apoyan entonces en una cierta construcción del sujeto en cuanto eje del mundo moderno” (Raffin M. 2006, p. 2).

La paradoja  debe buscarse en la genealogía de las ideas diversas –y eventualmente contradictorias– que se agrupan bajo la nominación “Derechos Humanos”  y también en el análisis de las praxis que las han constituido, entre ellas –pero no únicamente– las jurídicas. Es desde este análisis crítico que puede formularse la pregunta sobre el lugar que ocupan o pueden ocupar como “idea fuerza” en prácticas colectivas emancipatorias. Sucede que bajo la consigna de defensa de los derechos humanos se han cometido o velado crímenes contra poblaciones completas, y que los mismos fueron el baluarte de occidente durante la Guerra Fría; pero que también a partir de sus enunciados se han construido barreras y límites a la subordinación de la vida humana a la maquinaria de la acumulación, y se ha hecho posible estructurar movimientos de resistencia y cambio.

En algunos países de América Latina los opositores a gobiernos elegidos democráticamente que desarrollan políticas con fuerte acento en los derechos sociales, económicos y culturales, suelen acusarlos de violar libertades civiles y políticas individuales, mostrando en la práctica que las supuestas “generaciones” de derechos no son etapas de un proceso homogéneo, sino que develan profundas heterogeneidades en las concepciones subyacentes.

El capitalismo naciente requería del “individuo” y la entronización del hombre como su equivalente, diferenciado de la naturaleza –a la que estaría llamado a someter y explotar– y capaz de autonomía o libertad, fundada en la razón. Es así que se construyó simultáneamente una concepción del ciudadano moderno y del individuo, a la cual se ontologizó de manera esencialista, y cuya definición permitió en su mismo proceso dar lugar a las “excepciones”: los pobres o desposeídos, los pueblos colonizados, las mujeres, los niños, los locos, los que se sustraían de la “normalidad” sexual, los que se oponían a ese orden, los que no contribuían a la promesa de “progreso” de la ilustración (vale como ejemplo el párrafo del epígrafe). Como  afirma Marcelo Raffín (2006) su representación del sujeto de derechos reflejó a quienes produjeron la idea: blancos, varones, heterosexuales, adultos y propietarios.

No obstante, esta misma idea  abrió la puerta para que los exceptuados constituyeran colectivos tendientes a obtener la ampliación progresiva de estos derechos. Sirvan como ejemplo los movimientos reivindicatorios del voto y la participación política femenina, las luchas anticoloniales, las sucesivas luchas que, poniendo en tensión la gubernamentalidad, pusieron en escena la cuestión de “lo social” introduciendo los derechos sociales, económicos y culturales, y ,fundamentalmente, las formas de conflicto y negociación en que se dirimió permanentemente el conflicto entre capital y trabajo.

Es al respecto que en su texto de respuesta a Einstein sobre la guerra, y luego de considerar que “el derecho no es sino el poderío ejercido por una comunidad” dado que implica la “superación de la violencia por la cesión del poderío a una unidad más amplia”, S.  Freud (1932-1933, Pág. 3209) afirma:

“Esta situación pacifica solo es concebible teóricamente, pues en la realidad es complicada por el hecho de que desde un principio la comunidad está formada por elementos de poderío dispar, por hombres y mujeres, hijos y padres, y…..al poco tiempo por vencedores y vencidos que se convierten en amos y esclavos. El derecho de la comunidad se torna entonces expresión de la desigual distribución de poder entre sus miembros; las leyes serán hechas por y para los dominantes y concederán escasos derechos a los subyugados. Desde ese momento existen en la comunidad dos fuentes de conmoción del derecho, pero que al mismo tiempo lo son también de nuevas legislaciones. Por un lado, algunos de los amos trataran de eludir las restricciones de vigencia general, es decir, abandonaran el dominio del derecho para volver al dominio de la violencia; por el otro, los oprimidos tenderán constantemente a procurar mayor poderío y querrán que este fortalecimiento halle eco en el derecho, es decir que se progrese del derecho desigual al derecho igual para todos” (el resaltado es nuestro)[6].

Hemos resaltado la tendencia de quienes ejercen el domino a eludir los marcos de leyes que ellos mismo han generado, porque esencialmente de eso se trata la forma extrema de la violencia estatal, el terror de estado. No es sino la puesta en suspenso de la ley por el dispositivo que supuestamente debiera garantizarla,  ampliando los márgenes de acción o apropiación de quienes las establecieron. También esto se manifiesta en lo que , en el marco de una reflexión filosófica más compleja, refiere Giorgio Agamben ( 2004, p.59) con la categoría “estado de excepción”, del cual afirma que:

“…(el estado de excepción) no es externo ni interno al ordenamiento jurídico, y el problema de su definición concierne precisamente a un umbral, o a una zona de indiferenciación en el cual dentro y fuera no se excluyen sino que se indeterminan. La suspensión de la norma no significa su abolición y el orden que ella instaura no está (o al menos no pretende estar) totalmente escindida del orden judicial”

Esta particular situación encuentra su sustento en la teoría de la necesidad que “no es otra cosa que la teoría de la excepción (dispensatio) por la cual un caso singular es sustraído de la obligación de observar la ley” (op.cit). Veamos un ejemplo en una declaración del Dictador argentino Jorge R. Videla con respecto a los detenidos políticos[7]: … “( y hay) algún cupo de personas que , pese a no tener proceso, no pueden vivir en libertad porque no merecen tener esa calidad”…(resaltado nuestro).  En el caso de las sucesivas dictaduras argentinas, cada una fundamentó su accionar en la necesidad de “defensa de la Nación” deviniendo de tal necesidad la suspensión de las garantía previstas constitucionalmente, o sea de los enunciados fundantes de la nación.

Nos detendremos en un aspecto del enunciado del dictador: desde el poder, define aquellas personas que no merecen tener esa calidad. Lo que la persona “merece” es una pregunta recurrente en los medios de comunicación y del sentido común con respecto a “los delincuentes”, a partir de ella se abre la posibilidad de derivar del derecho a un oscuro goce retaliativo que encontraría su cauce en acciones de excepcionalidad[8]. Nótese también, la coincidencia que existe entre esta frase de J.R. Videla y la “military orther” que emitió George Bush (2001) en la que autoriza la “detención indefinida” de los no-ciudadanos estadounidenses bajo sospecha de actividades terroristas o que resulte de interés para USA someter a este régimen (“it is in the interest of the United States that such individual be subject to this order”).

Si bien el Estado Terrorista es la expresión más acabada de tal espacio de indeterminación, y la lógica concentracionaria de los centros de detención clandestina su modo más significativo, se debe recordar que todo estado tiene un componente potencial de terror.  En su doble faceta, como Dr. Jeckill y Mr. Hyde, se constituye permanentemente como garante de derechos y contiene en potencia la capacidad de exceptuarlos. No se trata de una “falla” sino de su condición misma, que lleva a Agamben (2006) a afirmar que “la creación de un estado de excepción permanente –aunque eventualmente no declarado en sentido técnico—devino una de las prácticas esenciales de los estados contemporáneos, aún de los llamados democráticos” (p. 25) . De hecho la mayor cantidad de muertes del siglo XX no fueron producidas por episodios delictivos sino por los estados mismos y los sistemas penales, que mataron por lo menos uno de cada cincuenta habitantes del planeta (Zaffaroni E., 2011).

Sin embargo, y desde otra óptica, es quizás posible tomar la idea de derechos humanos, no exclusivamente su orden jurídico dado que no aceptamos subsumirla a él, y encontrar otra vía de enunciación actual. Para ello es necesario cuestionar el concepto de individuo en que se fundan, revisar sus categorías nodales: autonomía y dignidad, e incluir la diversidad de las formas humanas. Para ello es también necesario renunciar a una concepción esencialista de lo humano y aceptar que se trata de una idea móvil en redefinición permanente.

Sucede que el mercado, la lógica mercantil, ha alcanzado su máxima hegemonía a nivel mundial. No conlleva solamente la hegemonía de un modelo económico –liberal/neoliberal– porque el mismo es , como forma histórica, una práctica político antropológica que comienza a desarrollarse desde que el mercado se convierte en mecanismo de veridicción (Castro, E, 2011,p. 62). Si en algún momento el estado apareció como regulador del mercado, para el neoliberalismo es un servidor del mismo, de modo que se gobierna “para el mercado” (Foucault, 2007). Se trata de tiempos donde “el paradigma mercantil, en tanto restauración cultural,se ha impuesto como vector civilizatorio de la modernización neoliberal” (Altamira C., 2006, p.44)

En este punto nos queda volver sobre lo que K. Marx analiza como lo central de la lógica mercantil , al referirse al fetichismo de la mercancía, ese efecto por el cual  a los “productores privados” en la medida en que son parte de la producción global social, pero sólo entran en contacto en el intercambio, “las relaciones sociales de sus trabajos se le ponen de manifiesto como lo que son, vale decir, no como relaciones directamente sociales entre personas mismas, en sus trabajos, sino como relaciones propias de cosas entre personas y relaciones sociales entre las cosas…’’ (Marx K, 1975) .

Así, lo mercantil conlleva la objetivación, uno de los polos  del antagonismo central de nuestra época el que tensa entre objetivación y subjetivación. Arjun Apparudai (1991) define la “situación mercantil” en la vida social de cualquier cosa como la situación en la cual su intercambiabilidad (pasada, presente o futura) por alguna otra cosa se convierte en su característica socialmente relevante.  Aclara que hay objetos en cuya “naturaleza” está el ser mercancías y otros (objetos o seres) que devienen tales pese a que no fueron producidos para el intercambio mercantil. En esta última categoría podríamos incluir la vida humana misma. En la extrema mercantilización de nuestra época todo lo que tiene sentido para la vida humana, e inclusive los seres humanos o sus órganos, pueden adquirir “situación mercantil” o sea, ser colocados en el lugar de “cosa”, objetivado en función de la producción de ganancia y este proceso está en el núcleo de los fenómenos de objetivación (Stolkiner A., 2010)  e irradia a todos los modos de relación social.

Sabemos que lo que enunciamos anteriormente puede adquirir mayor densidad teórica si se aborda la conceptualización sobre la biopolítica y sobre las formas en que la faz actual del capitalismo incorpora ya no sólo la materialidad inmediata del trabajo sino el conocimiento y la vida humana misma, la subjetividad. Andrea Fumagalli (2007) señala que en el nuevo capitalismo “la vida misma es puesta en valor porque la producción de valor ya no se basa sólo en la producción material sino que, cada vez más, incorpora ‘materias primas intangibles’ que devienen del uso de las facultades relacionales, sentimentales y cerebrales del trabajador”, lo que genera “una de las características esenciales del capitalismo cognitivo, que es la desmaterialización del capital fijo y la transferencia de sus funciones productivas y organizativas en el cuerpo vivo de la fuerza-trabajo.”.

No obstante, dejaremos abierto este debate para volver sobre las categorías troncales del constructo derechos humanos: dignidad y autonomía. El debate bioético actual llega, inclusive, al planteo de que el concepto de dignidad sería innecesario bastando para ello el de autonomía. Un discutido artículo de Macklin (2003) lo enuncia en su título: “Dignity is a useless concept: it means no more tan respect for de persons or their autonomy”[9]. No se  trata de una aséptica discusión de ideas –si es que tal cosa existe– sino que tiene derivaciones concretas y repercusiones sobre los cuerpos. Por ejemplo, en el campo de la salud esta posición fundamenta la legitimidad de la generación de un mercado de órganos humanos de donantes vivos. Quienes propugnan por ello, sostienen que si una persona vende una parte de su cuerpo en decisión “autónoma”, no hay en ello injuria a su dignidad. Transformado en materialidad concreta a escala global, resultaría en que los pobres del mundo, acuciados por su condición,  serían los proveedores de órganos para quienes pudieran pagarlos, con una inmensa ganancia de las instancias que intermedian entre ambos extremos de la transacción.

La necesidad de estos pensadores liberales de dejar de lado el concepto de dignidad deviene de que, aún con su raíz idealista, la definición kantiana –que lo instaura en la modernidad– incluye el enunciado de que la dignidad del hombre implica que todo ser humano no puede ser tomado como objeto o cosa, como instrumento o mercancía (Tealdi J.C., 2008). La defensa de la dignidad la constituiría entonces en herramienta para fijar límites a la mercantilización. Límites que se logran por la tensión y resistencia de actores que desnaturalizan los procesos de objetivación en situaciones concretas, que antagonizan con ellos, y que devienen en las posibilidades de nuevas formas de juridicidad. Por otro lado, si el concepto de dignidad no se funda en una esencia universal de lo humano, que lo separaría radicalmente de la naturaleza pensada como subordinable, se abre el espacio para pensar los derechos en la articulación entre lo humano y la naturaleza, en su cuidado como condición de derechos.

Queda por observar, con respecto al concepto de dignidad humana, lo que señala Boaventura de Souza Santos (2006), quien, luego de criticar la marca occidental liberal en su origen, propone una concepción multicultural de los derechos humanos que los concrete en un proyecto emancipatorio cosmopolita. Para ello, propone trascender el debate entre universalismo y relativismo cultural, reconociendo que todas las culturas tienen concepciones de la dignidad humana y que todas son incompletas y problemáticas en ello, por lo que sería necesario un diálogo transcultural que en lugar de restaurar falsos universalismos se organice …“como una constelación de significados locales mutuamente inteligibles y de redes que transfieran poder a referencias normativas” (p. 357).

El desafío actual, atendiendo a la heterogenidad de lo humano, consiste en elaborar otra construcción de los derechos humanos y, con ello mismo, del sujeto, que tenga en cuenta las  “exclusiones” pasadas y presentes y que “apunte tanto al cosmos como al inmenso abismo del Khaos que es el ser humanos, aprehendido y encerrado en el concepto siempre nómade de sujeto” (M. Raffin, 2006, p. 299)

Esta posición resulta particularmente contemporánea en América Latina donde dos países, Bolivia y Ecuador, han incorporado a sus constituciones la categoría de Buen Vivir proveniente de las culturas originarias, que fueron largamente parte de los excluidos. En estas mismas culturas hay ideas sobre la relación con la naturaleza, quizás indispensables hoy.

Con respecto a la autonomía, podríamos plantear, invirtiendo la formulación de Kant,  que la dignidad se constituye en su condición. Basta con haber escuchado los testimonios de los prisioneros de campos de detención clandestinos para saber que sometido el sujeto a un dispositivo de objetivación, la autonomía deviene un límite impreciso de acción. En relación a los detenidos-desaparecidos que, luego del secuestro y la tortura, colaboraron activamente con los represores, dice Eduardo Luis Duhalde: “… desde el punto de vista jurídico la autonomía de su voluntad estaba viciada por su condición de secuestrado y por lo tanto no es punible ni asimilable a los represores en su responsabilidad” (Duhalde, E.L., 2009, p. 26).

Algo similar podría afirmarse de aquellos para quienes las condiciones de sobrevivencia son ínfimas. La concepción idealista de libertad ejercida por un individuo abstracto sin consideración de determinantes, es una herramienta útil como supuesto de doctrinas económicas, pero difícilmente sirva para comprender situaciones y conductas de sujetos concretos. Es un concepto que acopla adecuadamente al de libertad de mercado. Es esta concepción de libertad la que Terry Eagleton (2007) relaciona intrínsecamente con el terror:

“La libertad burguesa o de mercado es una libertad negativa que no conoce ni vínculos ni límites inherentes. Claro que puede ser contenida desde afuera, pero un poder impuesto nunca es el más eficaz. Debido a esta falta, no sólo de vínculos y límites, sino también de un origen y un fin inherentes, esta libertad es, según Hegel en la Fenomenología del Espíritu, una especie de terror o de furia sublime” (p. 17)…. “Este tipo de libertad entiende sus límites como barreras a la humanidad en lugar de como parte integrante de lo que somos” (p. 19).

En esta concepción se funda la idea consensual  de derechos centrada en el individuo que se resume en la frase “mis derechos terminan donde comienzan los del otro”. El otro aparece aquí como el límite externo a esa libertad indefinida, como su obstáculo. Si el eje se pone en lo común y en el sujeto, los derechos aparecen fundamentalmente como “los derechos del otro, y míos en cuánto yo soy el otro del otro”[10] dado que el sujeto no antecede la relación con el otro sino que se constituye en ella. Así se rompería con la separación existente entre derechos individuales y sociales, dado que los segundos, que hoy son delegados a cumplimientos relativos o “de baja intensidad” o supeditados a razones “económicas”, se transforman en condición inseparable de los primeros. Dicho de otra manera, los derechos son asignables a la gama completa de la diversidad humana o no existen en un sentido esencial para ninguno de sus miembros. La no garantía de derechos del otro degrada los míos, devienen de derecho en privilegio, o sea en un acto de violencia intrínseca. Quizás el pecado original de la idea occidental de democracia sea haber olvidado considerar qué rastros quedaron del haberse originado en una sociedad esclavista.

Abordemos ahora la categoría sujeto, o más precisamente subjetividad, simplemente para trazar algunas líneas de reflexión. La misma no genera una dualidad como sí lo hace la de individuo que habilita a pensar la dupla individuo-sociedad. La subjetividad se constituye como singularidad de la cual lo genérico no hace dupla sino que es su materia constitutiva. Toni Negri (1992, pág. 36) define al sujeto como:

…“Un ser común y potente que se forma en el proceso histórico. Ser común, porque está compuesto de las necesidades comunes de la producción y de la reproducción de la vida. Ser potente, puesto que rompe continuamente estas necesidades para determinar innovación, para producir lo nuevo y el excedente de vida. El sujeto es un proceso de composición y recomposición continua de deseos y actos cognoscitivos que constituyen la potencia de la reapropiación de la vida”…

Abriendo un interrogante sobre las diferencias conceptuales entre sujeto y subjetividad que señala Marcelo Raffin (2006), podemos agregar un párrafo de Agamben (2005, pag.92,93):

“… El sujeto …no es algo que pueda ser alcanzado directamente como una realidad sustancial presente en alguna parte; por el contrario, es aquello que resulta del encuentro cuerpo a cuerpo con los dispositivos en los cuales ha sido puesto –si lo fue– en juego….la historia de los hombres no es quizás otra cosa que el incesante cuerpo a cuerpo con los dispositivos que ellos mismos han producido: antes que ninguno el lenguaje…. la subjetividad se muestra y resiste con más fuerza en el punto en que los dispositivos la capturan y la ponen  en juego. Una subjetividad se produce cuando el viviente, encontrando en el lenguaje y poniéndose en juego en él sin reservas, exhibe en un gesto su irreductibilidad a él”.

Si bien ambas definiciones entrañan diferencias, apuntan en común a desontologizar el concepto de sujeto y  a diferenciarlo radicalmente del de individuo. No compatibilizan así con definiciones estáticas de derechos humanos basados en una “escencia” de lo humano sino con procesos de emergencia permanente de subjetividades y derechos[11].

Básicamente, desde esta lectura, el fundamento de los derechos humanos se desarrolla en la lucha de actores en una arena móvil. Su eje fundamental es la deslegitimación social de la excepción y generar  nuevas formas de juridicidad relacionadas con ello. No sólo se trata de ampliar los márgenes de derechos sino de generar nuevas formas jurídicas. Incluir no es hacer entrar a más personas en un esquema preexistente sino cuestionar radicalmente las bases del mismo.

No hay discontinuidad entre las violaciones de derechos humanos consideradas delitos de lesa humanidad y las violaciones masivas de derechos sociales, económicos, culturales o de derechos difusos que hacen a la preservación de la naturaleza y de la vida, tampoco la hay con las acciones de violencia institucional sucedidas bajo gobiernos democráticos, ni en la violencia ejercida sobre sujetos particulares por razones de “excepcionalidad”. Tampoco hay discontinuidad entre el terror como forma de disciplinamiento social por la vía del poder soberano y el terror económico. Afirmar   tal continuidad no significa negar las diferencias entre ellos  sino resaltar que forman parte de un proceso común. En su núcleo le es indispensable el temor, básicamente el temor y el rechazo al otro, la presencia permanente de la inseguridad, la generación constante de procesos que legitimen la excepción. Según Foucault (2007, p 86- 87), “el liberalismo participa de un mecanismo en el que tendrá que arbitrar a cada instante la libertad y la seguridad de los individuos alrededor de la noción de peligro…. No hay liberalismo sin cultura del peligro”. Señalemos tangencialmente que la cultura del peligro desliza al concepto de riesgo y de allí a un inmenso aparato financiero de “seguros” y de políticas destinadas a limitar “el riesgo”[12]. Se trata siempre de un peligro centrado en otros cuya imagen se construye y cristaliza a fin de banalizar su padecimiento o su muerte, legitimar el terror. Todos los días, permanentemente, se producen y reproducen mensajes e imágenes destinados a legitimar la excepción o a anclarla en el goce retaliativo que impulse a pedir el exterminio.

Los movimientos de resistencia o emancipatorios no pueden construirse en espejo con la amalgama de la anulación del otro. Requieren ser alternativos en sus prácticas cotidianas y por ello, requieren de una reflexión permanente sobre nuevas concepciones de derechos. Cada uno de ellos puede tener especificidades y reivindicaciones propias, delinear su sujeto, pero construyéndolo como parte de una tendencia más general.

Por otro lado, mientras permanentemente se ofrece como horizonte la “felicidad individual” centrada en el consumo, hay colectivos que redescubren la alegría de la diversidad y la inevitabilidad del riesgo de la vida, tensionando el antagonismo entre objetivación y subjetivación. El breve análisis de la experiencia argentina que expondremos trata sobre ello.

Argentina: el Terror, la resistencia y la vida

El poder político está fundado sobre una memoria que se desvanece, mientras que los crímenes primordiales tienden a reaparecer a nuestro alrededor como viejos amigos

Terry Eagleton (2007)

“¿Qué es un desaparecido? Le diré que frente al desaparecido en cuanto esté como tal, es un incógnita…. No puede tener tratamiento especial porque no está muerto ni vivo…

Jorge Rafael Videla ( Diario Clarín, 14 de Diciembre de 1979).

 

En la historia de la Argentina, como en la de la mayoría de los estados de la región, el terror no se inició en el período que analizaremos y probablemente hunde sus raíces en la conquista. La secuencia de golpes militares que derrocaron gobiernos electos por el voto popular produjo 25 años de dictaduras en el período que va desde 1930 hasta 1983. La generación que protagonizó los movimientos políticos y sindicales más radicales entre los 60 y los 70,  y cuya aniquilación fuera el objetivo del estado terrorista, no había conocido en toda su vida un gobierno elegido democráticamente que llegara a término. En cambio, sufrió la arbitrariedad del ejercicio de la violencia estatal y la constatación de que las fuerzas armadas eran la garantía última de dominación de los grandes grupos de poder económico-financiero. Basta mencionar como ejemplo que, en un intento fallido de derrocar el segundo gobierno del general Juan Domingo Perón, en junio de 1955, la aviación naval argentina bombardeó y  ametralló a la población civil que manifestaba en la Plaza de Mayo, anticipando el golpe que sucedería luego exitosamente.

En el intervalo que va desde el golpe militar de 1955 al de 1976 se sucedieron elecciones con proscripción de una de las principales fuerzas populares, golpes que derrocaron gobiernos elegidos en las urnas, y golpes que dirimieron diferencias internas dentro de gobiernos dictatoriales. En ese período también se comenzaron a organizar fuerzas de resistencia y hubo levantamientos populares, configurando una sociedad en conflicto manifiesto. Pero ninguna fuerza política planteó como consigna que se juzgara a un golpista o a los responsables de violaciones de derechos humanos como, por poner un ejemplo, los fusilamientos de civiles luego del golpe de 1955 o el asesinato masivo de prisioneros políticos en Trelew en 1972, entre otros. El incremento y las formas de la violencia política previo a la dictadura es un eje de debate y de elaboración que está abierto y esperamos se siga desarrollando como parte de la reflexión sobre la historia. Quizás el final de la impunidad abra el espacio y genere el momento para pensar, desde otra perspectiva, el desarrollo de la violencia en la historia del país.

Con estos antecedentes, entre 1976 y 1984 la Argentina, como otros países de América Latina, estuvo bajo una dictadura cívico-militar[13] que ejerció de manera sistemática  el terror de estado. La desaparición forzada de personas, la detención sin juicio, la tortura y el asesinato, la apropiación de los hijos de los detenidos y el forzamiento al  exilio, acompañaron la violación masiva tanto de derechos civiles y políticos como de los derechos sociales, económicos y culturales. Tales acciones  se ejecutaron como parte de un plan estructural destinado a afectar no sólo a las víctimas directas sino al conjunto de la sociedad. En un contexto internacional de crisis y recomposición del capitalismo mundial, la dictadura fue la herramienta político represiva de la imposición de un nuevo patrón de acumulación del capital, basado en la valorización financiera, que perduró hasta la crisis del 2001, y que modificó drásticamente las condiciones estructurales “constituyendo una derrota popular sin precedentes  históricos” (Basualdo, 2011:13). Una muestra de que su accionar político represivo fue inseparable de rumbo económico, fue –durante ese período– la estatización de la deuda privada, que permitió a grandes grupos empresariales descargar sobre generaciones de una sociedad completa el pago de los créditos que había malversado.

Por último, y para completar el cuadro, los militares usaron el recurso de la guerra externa como elemento de legitimación social. Cuando su poder comenzaba a deteriorarse, tomaron militarmente las Islas Malvinas ocupadas por Inglaterra. Si bien se trataba de una reivindicación anticolonial fuertemente sostenida por la población y que ha dado lugar a permanentes reclamos en organismos internacionales, la ocupación no se sustentó en ningún análisis de viabilidad política internacional o de correlación de fuerzas militares y  enfrentó a jóvenes conscriptos de menos de 20 años con el ejército profesional de una potencia. La reivindicación de reconocimiento y reparación de los veteranos de esa guerra, por los daños que sufrieron (algunos a manos de sus propios superiores, más entrenados para la tortura que para el combate) ha sido largamente sostenida por ellos hasta la fecha.

El terror ejercido en la sociedad fue un componente  que podríamos llamar estructural de las reformas neoliberales. Su ejecución cristalizó o llevó a su forma extrema un accionar que tenía antecedentes en la sociedad y el estado desde el siglo XIX (Finchelstein F, 2008;  Careaga, Bayer, Boron y Gambina, 2010), estableciendo una continuidad subterránea con el genocidio de los pueblos originarios, base de la propiedad de la tierra y la configuración de las élites fundantes del estado nacional, y con otras intervenciones donde las propias fuerzas armadas operaron directamente en el sostenimiento de los intereses de grupos de poder. Como se expondrá luego, la revisión y el ejercicio de la memoria sobre el accionar de la última dictadura, iluminó de otra manera aspectos largamente naturalizados de la historia y el presente de la sociedad, que habían constituido el sustrato necesario de lo que sucedió en ese período.

Como toda acción tiene efectos inesperados por quienes la ejercen, se generaron movimientos sociales novedosos, de resistencia y lucha contra el accionar terrorista del estado, que continuaron durante la democracia en reclamo de Memoria, Verdad y Justicia. Se trata de las organizaciones de Derechos Humanos, cuya acción y producción de sentido continúa hasta la fecha e irradia a otros aspectos del funcionamiento social. Parte de su originalidad estriba en que las más representativas se agruparon a partir de vínculos familiares –Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Detenidos y Desaparecidos– y tuvieron como protagonistas emblemáticas  a mujeres de mediana edad que generaron una práctica política inédita a partir de  la pérdida de sus hijos. Estas mujeres transformaron en acto público y colectivo un dolor que la dictadura esperaba circunscribir a la esfera de lo privado y de lo íntimo.

En distintas oportunidades algunos de los miembros de las Juntas Militares han explicado que optaron por hacer desaparecer a los que denominaron “subversivos” porque la “opinión pública internacional” no resistiría tal cantidad de muertos[14]. Lo que no previeron fue que la desaparición no instala otra cosa que una presencia permanente, un duelo imposible y una búsqueda que no cesa. No previeron que la potencia de ese dolor constituiría una fuerza que, a lo largo de décadas y sin interrupciones, operaría hasta llevarlos a los estrados de la justicia. Si el primer paso para la abolición del otro por el terror es cosificarlo de manera que su muerte no merezca duelo (Butler, J., 2010),  y que no aparezca como la destrucción de un semejante, estas mujeres les devolvieron a los desaparecidos el nombre, la voz, la historia personal y política, la dignidad. Cabe señalar además, que no cedieron a pedir para los responsables otra cosa que su comparecencia ante la justicia, no hubo acciones de “justicia por mano propia” o solicitud de pena de muerte. Esta notable limitación del  goce retaliativo, fue una característica de estos movimientos.

Walter Benjamin enuncia el compromiso de redención necesario entre las generaciones venideras y las víctimas al afirmar  que existe un acuerdo tácito entre las generaciones pasadas y las presentes (Benjamin, W, 2002), pero la originalidad de este caso es que el compromiso fue asumido por una generación anterior  que encontró en la reivindicación de los derechos humanos la herramienta central de su accionar. También hubo organizaciones  ligadas a movimientos políticos y religiosos, como la Asociación Permanente de Derechos Humanos (APDH) , el Centro de Estudios legales y Sociales (CELS) y la Fundación Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) entre otros, y existieron colectivos puntuales como los que reivindican la memoria de las víctimas de un barrio o zona, y los que se agruparon para colocar baldosas con los nombres de los muertos y desaparecidos en el lugar de su secuestro, en las puertas de las escuelas que cursaron, en los lugares donde vivieron o trabajaron; marcando un hito de memoria en cada espacio urbano.

Con los años, la generación de los hijos de quienes fueron víctimas directas del terror de estado, una vez que dejaron la infancia, también se transformó en actor social apareciendo en escena durante la década del 90, un período en el que distintas medidas gubernamentales otorgaron impunidad a los responsables de los  crímenes. Instalaron  una metodología novedosa: el “escrache”, consistente en manifestarse frente a las viviendas de los represores para que la sociedad supiera quiénes eran, para que sus vecinos supieran con quién convivían, para desnaturalizar su presencia impune en la vida cotidiana.  A principios del siglo XXI los hermanos de los desaparecidos, también le dieron un estatuto particular a su lugar y constituyeron un colectivo.

Es importante señalar la evolución de los discursos hegemónicos: la dictadura se había sostenido en el de la “Guerra contra la Subversión”, generando la figura del “subversivo” como un “demonio”[15]  que ponía en riesgo “el modo de vida” de la sociedad y requería de medidas excepcionales para su “eliminación”, el desarrollo de una “guerra sucia”. Simultáneamente se extendió un discurso afín de culpabilización de la víctima: “por algo habrá sido” o “algo habrá hecho”, un oscuro e impreciso velo de culpa que recaía sobre quien era secuestrado o asesinado, cerrando un círculo por el cual resultaba válido hacer desaparecer un “subversivo” y la misma desaparición parecía ser la prueba de su “culpabilidad”[16].  De esta manera, el poder generaba su propia veridicción en el acto soberano de tomar la vida. Al entrar en la escena política los hijos de los desaparecidos –a mediados de los 90– invirtieron esta frase al reivindicar los objetivos políticos y sociales de sus padres, incorporando la enunciación “se los llevaron por lo que hacían”, con valoración positiva.

Cuando asumió el primer gobierno democrático (1983-1989) el discurso viró a la “teoría de los dos demonios”, según la cual la sociedad había sido víctima del enfrentamiento entre dos fuerzas equivalentes y malignas: la violencia de izquierda y la de las fuerzas armadas. Bajo esta concepción, a la par que se hacían públicos los crímenes se velaban u olvidaba que los objetivos y los dispositivos de ambas fuerzas no habían sido los mismos y que de lo que se trataba era de actores no equivalentes, en primer lugar porque unos operaban desde y con el aparato del estado y, en segundo lugar, porque portaban distintas posiciones con respecto a valores y proyectos de sociedad. También se omitía la participación activa e interesada de algunos sectores civiles.

Es impensable la forma que adquirió el proceso de democratización de la sociedad argentina sin la presencia constante de los organismos de derechos humanos como actores. Sin ellos se hubiera legitimado la anomia de las desapariciones y los muertos y desparecidos hubieran pasado a constituir vidas que la sociedad consideró desechables por el bien de la sociedad misma, legitimándose esta concepción. Al actuar deslegitimándola se generó   la irradiación   de su discurso y de su accionar, que se enlaza  con modificaciones importantes de discursos en cuanto a derechos humanos en general y a modificaciones sociales y jurídicas. Es un elemento que permite comprender cómo se lograron posteriormente avances en la inclusión de la diversidad tal como la ley  de matrimonio igualitario, o cómo la voz de algunos actores singulares logró que se hiciera justicia en casos de violencia institucional flagrante durante la democracia, o que se generaran herramientas jurídicas para combatir la trata de personas a partir del accionar constante de organizaciones sociales. En la actualidad, el debate sobre la democratización de la justicia, desinvisibiliza sus formas burocráticas institucionales.

Con formas de lucha inéditas: dar vueltas en silencio con pañuelos blancos frente al lugar donde se alojaba el poder omnímodo de la dictadura –desafiándolo con la sola presencia de la precariedad de un cuerpo–, “escrachar” a los impunes y colocar señales de memoria, junto con la búsqueda permanente de solidaridad internacional y mecanismos internacionales de denuncia, estos movimientos sociales produjeron un fenómeno con efectos de largo plazo en el conjunto social. Marcelo Raffín (2006) postula que “… las derivaciones y las repercusiones de las diferentes maneras de tratar las violaciones cometidas por las dictaduras del Cono Sur de América –a nivel local y a nivel internacional– generaron una nueva configuración de la praxis de los derechos humanos no solo en la región sino a nivel mundial” (p. 230).

Desde el retorno a las formas democráticas de gobierno, hubo avances y retrocesos en la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia, y en los discursos sociales al respecto. Durante el primer gobierno democrático pos dictadura, el establecimiento de la CONADEP (Comisión Nacional por la Desaparición de Personas)[17] y el juicio a las Juntas Militares[18] que dirigieron el país durante la dictadura constituyeron un primer hito. Este primer avance fue revertido por ese mismo gobierno que, sometido a profundas tensiones que incluyeron levantamientos militares, promovió las llamadas “leyes de impunidad”: la Ley de Punto Final[19] y la ley de Obediencia Debida[20], limitando las posibilidades de juzgar a responsables de las desapariciones, asesinatos y torturas. El presidente Raúl Alfonsín, se vio obligado a dejar su mandato anticipadamente al nuevo presidente electo, Carlos Menem, por la crisis hiperinflacionaria de 1989. Con respecto a ella, cabe aplicar  el término de Viviane Forrester (1996)  de “horror económico” o el más local de “terror económico”. Fue la condición final de disciplinamiento social que removió “… las restricciones estructurales que impedían el desarrollo y la consolidación del patrón de acumulación de capital basado en la valorización financiera, que había sido puesto en marcha durante la dictadura militar” (Basualdo E., 2011, 72). Se inició así una década de profundas transformaciones de la relación entre economía, estado y sociedad, bajo los lineamientos de reforma planteados en el Consenso de Washington. Se produjo una radical desregulación de la economía, apertura comercial, flexibilización de  las condiciones de trabajo, privatización de las empresas del estado y recurrencia permanente al crédito externo. A ello se sumó una medida monetaria, la convertibilidad, que hizo equivalente la moneda nacional con el dólar (lo que el discurso social llamó el “1 a 1”)  que frenó la inflación pero inició un acelerado proceso de desindustrialización, endeudamiento y desempleo, que culminaría en la crisis del año 2001.

En ese contexto, el presidente Carlos Menem, otorgó el indulto a los militares previamente juzgados y a algunos dirigentes de movimientos guerrilleros que también estaban detenidos, en un intento de cerrar definitivamente la búsqueda de justicia.  También, y coherentemente con su propuesta general de sociedad, intentó profundizar las capacidades represivas del estado. Durante su gobierno el discurso de la “inseguridad” y de la necesidad de “combatir el crimen” como soporte  legitimante de la profundización del ejercicio de la violencia por parte del estado y del incremento de la penalización, se instaló como uno de los polos de debate  con fuerte apoyo de algunos medios de comunicación. A poco de asumir, el presidente Menem elevó al Senado un proyecto de ley para la implementación de la pena de muerte para algunos delitos comunes. No obstante ser un gobierno recientemente electo por mayoría, la propuesta no tuvo aceptación en la sociedad. Queda como ejemplo discursivo, entre otros, de ese debate la poesía que publicó María Elena Walsh (1991) y que tuvo una notable acogida social. El debate sobre la pena de muerte en ese momento dio cuenta de que, pese a las contradicciones y retrocesos, había un límite que la mayoría de la sociedad no estaba dispuesta a traspasar. Como también lo mostró la eliminación del servicio militar obligatorio luego de la muerte y desaparición de un joven soldado a manos de sus superiores[21].

No obstante, las huellas del terror son capaces de “sobrevivir a sus elementos constitutivos ilegítimos más allá de la propia vida del régimen que la implantara” (Duhalde EL, 1983, p28) y esto se manifestó ante la aparición de movilizaciones sociales: en los 90, cuando los gremios docentes que se oponían a las políticas educativas neoliberales instalaron la Carpa Blanca en la Plaza de los Dos Congresos, el presidente Carlos Menem dijo que “si siguen así, la Plaza (de Mayo) se va a volver a llenar pañuelos blancos”[22].  No dijo “soy yo quien va a ordenar reprimir” sino que sus palabras parecían aludir a algo innominado, un poder alienante que estaba por encima de él –que, como presidente de la Nación, era constitucionalmente el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas–, situado fuera del alcance y del control de las instituciones democráticas e, incluso, de cualquier fuerza humana.  De ese modo invocaba algo que permanecía acechante en algún lugar, que no podía ser otro que lo más profundo de las conciencias y los propios cuerpos, territorios de sufrimiento cuyas heridas no acababan de cicatrizar  (Castro D., 2011).

Simultáneamente un nuevo sujeto amenazador surgía en el discurso de los medios de comunicación: “los mercados”, cuya presencia era aludida por frases tales como “…a los mercados los asustan las turbulencias políticas”, “los mercados festejarán estas medidas”, “se teme la reacción de los mercados”,  hacía aparecer prácticamente corporizada a la “mano invisible del mercado”, cuya invisibilidad M. Foucault (2007, p.320-323) considera la condición indispensable para que ningún agente económico deba o pueda buscar el bien colectivo, al centrarse en el logro individual.

Los distintos organismos de derechos humanos siguieron luchando durante este período, y pese a condiciones desfavorables lograron sostener en la agenda de la sociedad la memoria[23] y lograr algunas políticas reparatorias para las víctimas. Al haber quedado fuera de las leyes de impunidad el delito de apropiación y supresión de identidad de niños, persistieron los reclamos por vía judicial y la organización de Abuelas de Plaza de Mayo produjo innovaciones en materia de búsqueda, producción cultural e investigación genética, que han tenido repercusión internacional.

También, frente al empobrecimiento y el desempleo, aparecieron otros movimientos sociales centrados básicamente en el derecho al trabajo y la subsistencia, producto de la precarización de las condiciones de vida de amplios sectores populares. Se trata de los Movimientos de Trabajadores Desocupados, conocidos por su forma de expresión y lucha como “piqueteros”, y  se crearon nuevas organizaciones y formas de lucha sindicales.

A Menem lo sucedió en el gobierno Fernando de la Rúa, quien encabezó una coalición opositora denominada Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación, que pese a las enormes expectativas que suscitó no produjo cambios sustanciales, aplicó las mismas políticas ortodoxas de ajuste fiscal de su predecesor y acabó en diciembre de 2001 con la renuncia del presidente, expulsado del poder por la movilización y protesta de sectores populares y medios cuya represión –dado que suspendió las garantías constitucionales– dejó más de 30 muertos. La etapa de valorización financiera del capital, con sus contradicciones internas y en el marco de las turbulencias de la economía mundial, culminó así en una de las crisis sociales, económicas y políticas más agudas de la historia del país. En su trama aparecieron formas de solidaridad y societales inexistentes, como el intercambio de bienes y servicios sin intermediación de dinero (trueque), y las experiencias autogestivas de asambleas barriales y fábricas recuperadas por sus trabajadores que constituyeron “modalidades de construcción política de lo común que se instalaron en horizontalidad, democracia directa y autogestión” (Fernández, A. M. ;2006).

La salida de la crisis fue un proceso que combinó pugnas entre opciones económicas de grupos de poder, y reclamos sociales impostergables frente a la magnitud del sufrimiento y la falta de credibilidad de los modelos políticos previos para encauzar el ordenamiento social. En el lapso de sólo 15 días se sucedieron cinco presidentes elegidos[24] por el Poder Legislativo, se declaró la cesación de pagos de la deuda pública –uno de los mayores default de la historia– y se devaluó la moneda. La profundidad de la recesión adquirió magnitud de catástrofe y los “cartoneros” –numerosas familias cuya subsistencia dependía de la recolección de alimentos y productos reciclables en la basura– fueron parte habitual del escenario urbano.

En las elecciones generales de 2003 fue elegido presidente Néstor Kichner, a quien le sucedió luego su esposa, Cristina Fernández de Kichner, que cumple actualmente su segundo período presidencial. Para algunos autores este período marca un nuevo contrato entre estado y pueblo, que contiene algunas de las características propias del modelo peronista del período 1945-1955, como el conjunto de medidas destinadas a mejorar la distribución del ingreso, pero también incorporó otras no asimilables a aquella experiencia (Wilde C., 2011). En consonancia con otros países de América Latina, se produjo  un realineamiento político internacional regional, se canceló la deuda con el Fondo Monetario Internacional, lo que liberó la Argentina de su tutela y de los periódicos monitoreos, y se implementaron políticas dirigidas a fortalecer el mercado interno a través del incremento de la masa salarial. La devaluación de la moneda favoreció la competitividad de las exportaciones tradicionales y se estimularon otras con mayor valor agregado. También se revirtieron algunas de las políticas sociales propias de los modelos neoliberales, con medidas como la reestatización del sistema previsional, que había sido derivado a aseguradoras privadas durante los años 90 (Stolkiner A., 2011). El debate sobre si se trata de políticas neokeynesianas , neodesarrollistas o populistas excede los límites de este trabajo, pero es innegable que la crisis del 2001 y los procesos políticos posteriores produjeron una deslegitimación de los discursos neoliberales en amplios sectores de la población y que el período actual se caracterizó por un incremento del empleo[25], la implementación de algunas políticas sociales de corte universalista[26], y medidas tendientes a fortalecer el mercado interno por la vía de un incremento de la capacidad de consumo de la población,  todo ello en el marco de agudas tensiones políticas originadas en la disputa por la distribución de la riqueza.

En lo atinente a los crímenes de la dictadura, la posición gubernamental en este período fue de tomar como propias las reivindicaciones de los organismos, y generar una “política de estado” en lo relativo a Derechos Humanos. Rompiendo con la teoría de “los dos demonios”, la gestión kirchnerista se definió como consustanciada con los objetivos de justicia social que habrían sido los baluartes de la generación del 70 arrasada por la dictadura, y asumió la consigna de Memoria, Verdad y Justicia. El discurso de Nestor Kichner (2004) al inaugurar como Espacio de la Memoria el predio emblemático de uno de los principales centros de detención clandestinos, la Escuela de Mecánica de la Armada, así lo muestra:  “… acá, si ustedes me permiten, ya no como compañero y hermano de tantos compañeros y hermanos que compartimos aquel tiempo, sino como Presidente de la Nación Argentina vengo a pedir perdón de parte del Estado nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia por tantas atrocidades …”.

Consecuentemente se modificó la relación entre gobierno y movimientos sociales, generándose una mayor imbricación y permeabilidad del estado con respecto a éstos, y una revitalización y ampliación de demandas. Finalmente la declaración de inconstitucionalidad de las leyes y medidas de impunidad y la anulación de los indultos, abrió las puertas para que se iniciaran los juicios a los responsables de los crímenes de la dictadura y revirtió la morosidad que buena parte de la justicia tenía con los procesos de restitución de identidad de los que fueron niños apropiados.

Las fuerzas todavía actuantes del terror trataron de frenar los juicios con la herramienta que les es inherente, en 2006 secuestraron a uno de los testigos ex detenido desaparecido, Julio López, que no ha sido encontrado hasta la fecha. No obstante esta medida no logró que cesaran los juicios o que los testigos de los mismos renunciaran por ello a participar. Demostraron en los hechos que la capacidad de intimidación del terror había sido limitada.

Hecha esta breve crónica, en la cual hay omisiones y, obviamente, debates no saldados, nos corresponde señalar que este período fue rico en la profundización de la idea de derechos como los “derechos del otro” y también que la instalación del discurso de derechos fue tal que es invocado aún por los represores que se encuentran en proceso judicial (se acogen a un derecho que no reconocieron a sus víctimas y se autodenominan “presos políticos”).

La existencia de los juicios por delitos de lesa humanidad en todo el país, la voz de los testigos abriendo al conocimiento público el terror pero disminuyendo su efecto  por el hecho mismo de testimoniar, ha tenido múltiples efectos, uno de ellos actuar como un corrosivo lento pero efectivo en las estructuras mismas de la justicia en el país.

Un ejemplo de esta irradiación es que  la visibilización y debate sobre la apropiación de niños durante la dictadura promovió el cuestionamiento a la ley de adopción, sancionada en una dictadura anterior, en 1971. Una ley que comenzó a ser analizada como herramienta de apropiación de una clase sobre los hijos de otra  y que fundaba  una verdadera “expropiación” de los hijos por causa de “utilidad privada” (Estevil, 2008). Según Carla Villalta (2008, p180) “si el ámbito judicial fue uno de los escenarios donde se llevó a cabo la apropiación de niños, no sólo se debió al mayor o menor grado de afinidad político-ideológico de algunos de los integrantes con la dictadura militar, sino también a las características de prácticas, relaciones y rutinas burocráticas presentes en él desde tiempo atrás…. significados predominantes que llevaron a institucionalizar procedimientos que privilegiaron abiertamente el rol de los padres adoptivos haciendo que los progenitores desaparecieran de la existencia de sus hijos”

En la actualidad está planteada la democratización del poder judicial, rompiendo con prácticas fuertemente corporativas, y coexisten en él nuevas generaciones con las anteriores. Un joven abogado escribe (Croxato GL, 2013): “… Esos juicios les cambiaron el rostro a la democracia y al funcionamiento de la justicia. Cambiaron lo que los abogados jóvenes entendemos por Derecho…. el derecho es la antítesis del olvido”.

Se han producido, con fuerte presencia de actores específicos, avances tales como las legislaciones y herramientas institucionales que tienden a limitar cualquier forma de discriminación, dispositivos para desmantelar (lo cual no significa que se haya logrado) las violencias de género y diversidad sexual, derechos de pacientes y de salud mental, derechos de niños y adolescentes y crítica a las formas tutelares, etc. También se han desinvisibilizado los pueblos originarios y sus reclamos, un efecto cultural importante en un país que se automimaginaba blanco y europeo y ahora debe reconocerse mestizo como cualquier otro del subcontinente. Éstos, una vez puesta en escena su identidad, son actores presentes y, a la vez, sufren permanentes agresiones.

Todo lo expuesto no significa para nada que se garanticen y efectivicen los derechos en el conjunto social. Más aún, subsisten discursos contrarios y bajo el supuesto de la “seguridad” los medios hegemónicos invocan permanentemente al incremento de la vía punitiva, cuando no directamente retaliativa.  Se trata de una sociedad en tensión donde coexisten, como dijimos, lo viejo y lo nuevo, articulándose complejamente con las pugnas económicas y de poder. Pero es de destacar que en toda esta movilidad hay innovación, se trata de un conflicto de final abierto pero en el cual pesan ya alguna huella imborrables, de las cuales los organismos de derechos humanos han sido protagonistas.  Es justo señalarlo, porque la generación fundante comienza a retirarse de la acción, se trata ahora de personas que rondan los ochenta años o más.

Quisiéramos cerrar este trabajo tratando de desestimar cualquier idealización de los movimientos de derechos humanos y de las personas que los protagonizan. La idealización es un movimiento consagratorio, por ende retira a lo consagrado de la esfera humana con su precariedad y falla. Dejamos para la dictadura la creencia en “ángeles y demonios”, y al terrorismo de estado global la diferenciación entre “héroes” y “villanos”. Los movimientos de derechos humanos plantean justamente la “profanación” de las categorías de derechos, o sea “retituirlas al uso y la propiedad de los hombres” (Agamben G. 2005, 97), recuperarlas inclusive de los claustros de debate académico y jurídico para retornarlas a la dimensión de lo cotidiano, de lo lego.  Estos movimientos son  colectivos diversos en los que se manifiesta la magnitud histórica de su tarea conjugada con los más cotidianos conflictos de diferencias, rivalidades y errores, se trata de personas como todas, atravesadas por circunstancias excepcionales a las cuales respondieron de modo vital. En síntesis nos muestran  la potencia de los sujetos comunes para producir innovación y excedente de vida.

 

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[1] Profesora Titular de Salud Pública/Salud Mental de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y Profesora del Doctorado Internacional en Salud Mental Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús. Coordinadora del Equipo Interdicisplinario Auxiliar de la Justicia de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y Asesora del centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos  Dr. Fernando Ulloa, ambos pertenecientes a la Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Argentina.

  1. Periodista. Profesor de Política Nacional en Taller Escuela Activa- TEA ( Escuela de Periodismo), Maestría en Periodismo y Comunicación cursada en la Universidad Nacional de la Plata, Director de la Revista Política Cultura y Sociedad en los 70.

 [3] El Plan u Operativo Cóndor fue un acuerdo de acción coordinada entre los ejércitos y servicios de inteligencia del Cono Sur con participación de la CIA de USA como parte de su estrategia global para el sucontinente en la Guerra Fría. La colaboración entre las dictaduras incluyó el secuestro y traslado o asesinato de prisioneros entre distintos países, el traslado de niños apropiados y el asesinato de opositores político en otros países que no eran de la región.

[4]Párrafos del informe oficial de la comisión científica agregada al estado mayor general de la expedición al Rio Negro (Patagonia) realizada en los meses de Abril, Mayo y Junio de 1879, bajo las órdenes del General Julio A. Roca  (Buenos Aires, 1881) http://www.satlink.com/usuarios/r/rory/roca.htm  8/7/10

[5] Al definirlos como productos históricos se toma una posición que descarta la doctrina iusnaturalista, debate que excede los objetivos de este trabajo.

[6] Hemos utilizado en esta oportunidad la Traducción de Sigmund Freud de Lopez Ballesteros, porque más allá de sus imperfecciones técnicas subsanadas por otras posteriores, tiene una fuerte capacidad narrativa.

[7] Diario Clarín, 14 de Diciembre de  1979.

[8] Un diputado opositor de la Argentina, empresario agropecuario, comenzó una campaña cuya consigna era “Violadores,castración ya” afirmando como sustento de la misma que “Los Derechos Humanos son para los Humanos Derechos” Revista Veintitres Año 14, No 758, 10/1/2013  pag. 16.

[9] “ La dignidad es un concepto inútil: no significa otra cosa que el respeto por la persona y su autonomía”

[10] Debemos esta reflexión a debates sostenidos con Luis Eduardo Duhalde, secretario de Derechos Humanos en la Argentina desde 2003 hasta su muerte en 2012.

[11] De hecho existe una red de colectivos que plantea los así llamados “derechos emergentes” (Institut de Drets Humans de Catalunya, 2004) que se basa en la necesidad de redefinición constante de los mismos por iniciativas sociales de actores no gubernamentales.

[12] La nueva categorización Psiquiátrica de la Sociedad de Psiquiatras de USA, el DSMV incluye categorías como “riesgo de psicosis” que habilita la medicación de gran cantidad de jóvenes no por presentar un cuadro psiquiátrico sino porque podrían potencialmente hacerlo.

[13] Actualmente se utiliza el término “dictadura cívico militar” para señalar que en la gestación y desarrollo de ese proceso las fuerzas armadas fueron las ejecutoras de un proyecto en cuya gestación y desarrollo participaron también actores civiles , algunos de los cuales cuáles comienzan a ser juzgados en la actualidad.

[14] En una entrevista realizada por la Revista Cambio16  el 12 de febrero de 2012 el ex -general  Jorge Rafael Videla, , ex general y cabeza de la primera cúpula militar golpista , el mismo afirmaba: “A nosotros nos resultó cómodo entonces aceptar el término de desaparecido, encubridor de otras realidades”

[15]  En la entrevista al Jorge R. Videla mencionada con anterioridad utiliza este término: “no eran ángeles sino demonios” cabe aclarar que la denominación de “subversivo” incluía a  quienes habían optado por la lucha armada  y a  todos aquellos cuyas ideas o prácticas afectaran  el orden que se proponía instalar. Los que, pese a no entrar en estas categorías, fueron también desaparecidos o asesinados se denominaron: “errores” o “excesos”.

[16] Así como en la Inquisición si la persona no sobrevivía a la tortura o la hoguera era prueba de su “culpabilidad”.

[17] Fue creada en diciembre de 1983 por el presidente Raúl Alfonsín para investigar y esclarecer el destino de las personas desaparecidas, sin objetivos de juicio a los culpables. Pese a ello puso en evidencia ante la sociedad, a partir de los testimonios de miles de personas, la existencia y distribución de los centros clandestinos de detención de prisioneros durante la dictadura. Su Informe final titulado “Nunca Más” incorporó esta frase en el discurso social.

[18] A poco de asumir en 1983 el presidente Raúl Alfonsín sancionó dos decretos, en uno se ordenaba juzgar a los principales dirigentes de los grupos que habían tomado la vía de la lucha armada durante el período anterior y en el otro se ordenaba juzgar a los miembros de las tres juntas militares que habían dirigido el país durante la dictadura, lo que los medios y la población denominaron el “Juicio a los Comandantes”.

[19] La Ley de Punto Final promulgada en 1986 establecía la caducidad de la acción penal contra todo presunto responsable de secuestros y desapariciones sucedidas durante la dictadura que no hubieran sido llamados a declarar o imputados en un plazo de 2 años y 60 días a partir del retorno a la democracia en diciembre de 2003. Quedaba fuera de esta eximición la apropiación de niños.

[20] La ley de Obediencia Debida sancionada en 1987, eximía de posibilidad de ser juzgados a los miembros de las fuerzas armadas que hubieran actuado en los procesos de secuestro, tortura y asesinato con rango menor a Coronel, dado que se suponía lo habían hecho en cumplimiento de órdenes superiores. Al igual que en la de obediencia debida, quedaba fuera de su alcance el delito de apropiación de niños.

[21]  En marzo de 1994 un joven que cumplía el servicio militar obligatorio, el soldado Omar Carrasco fue asesinado a golpes por superiores, se encubrió su agonía y se escondió su cadáver, que fue encontrado en un baño del cuartel en abril del mismo año. No era el primer conscripto muerto durante el servicio militar en democracia, pero si el primero que estuvo desaparecido. Para la sociedad fue intolerable y precipitó el final del servicio militar obligatorio en el país.

[22] Refería a los pañuelos blancos de las Madres de Plaza de Mayo, como diciendo que habría nuevas madres buscando nuevos desaparecidos.

[23] En 1995 el general Martín Balza, comandante en jefe del Ejército, hizo la primera autocrítica pública con respecto a la dictadura.

[24] En el marco de esa sucesión es que se declara la moratoria de la deuda externa y asume luego como presidente el Dr. Eduardo Duhalde quien devalúa la moneda y convoca a elecciones en 2003, su mandato termina con el asesinato por parte de fuerzas policiales de dos dirigentes “piqueteros”, que se trató de hacer aparecer como un enfrentamiento entre ellos, intención destrozada por las fotos que mostraban el crimen.

[25] La tasa de desocupación descendió en los conglomerados urbanos de 21% en el primer trimestre de 2003 a 8% en el primer trimestre de 2011. Subsistiendo problemas con respeto a disparidades entre ingresos y regiones, y con respecto a la formalidad del empleo  (fuente: INDEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2011 y 2012).

[26] La más extendida es la Asignación Universal por Hijo un beneficio basado en los derechos del niño que provee una suma por hijo a partir del segundo trimestre de embarazo de la madre a todas las familias cuyas cabezas no cuenten con empleo formal o estén desempleados. Para el cobro del total de la asignación los padres o responsables de los niños deben garantizar que se cumpla la escolaridad y el control de salud. N esta misma línea se ubicó la provisión de una jubilación o retiro a quienes no hubieran podido aportar durante su vida laboral.

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