Durante el período 2003/2015, un grupo de profesionales gestamos al interior del Estado Nacional un trabajo inédito, que se centró en acompañar y asistir a víctimas-testigos en el marco de los juicios por delitos de lesa humanidad y los efectos derivados de ello. Para esa tarea tomamos las banderas de los organismos de Derechos Humanos, produciendo una profunda y novedosa política sobre las huellas que dejó el terror en los lazos sociales y muy particularmente en el modo de desentrañar ese complejo lazo entre el Estado y sus víctimas, creando nuevas herramientas y produciendo un nuevo paradigma sobre los modos de gestionar el dolor.

Figuras de la talla de Fernando Ulloa, Marcelo Viñar así como múltiples colegas vinculados a los equipos de organismos de derechos humanos, fueron la red de lectura que orientó la práctica que iniciamos.

Vimos sin embargo que tres décadas más tarde además de los conceptos freudianos con los que se habían formado muchos/as de nuestros referentes -y nosotros/as por supuesto-, los saberes provenientes del campo psicosocial pero también de la teoría lacaniana en su dimensión más clínica, nos permitían pensar las articulaciones necesarias para instaurar políticas públicas donde el costo no fuera dejar por fuera al Sujeto al que iban dirigidas. Esa tensión entonces fue nuestro norte. Y nos basamos en la confluencia respetuosa, interdiscursiva y articulante de todos esos conceptos. Conscientes de la necesidad de sumar colegas de diversas procedencias y de diversos recorridos no sólo en el campo clínico, sino también en el campo del compromiso con la defensa de los Derechos Humanos, supimos que una política estatal implicaba alojar toda esa diversidad y complejidad.

El trabajo en salud mental y derechos humanos durante la década del 70, sobre todo en la argentina, estuvo muy marcado por algunas orientaciones del psicoanálisis en entrecruzamiento con corrientes más sociales como la época requería.

La emergencia del Sujeto en la construcción de un espacio común sostuvo desde siempre un intenso debate al interior de las corrientes “psi” y  para pensar la lógica de las políticas públicas fue central profundizar ese debate y acudir a construcciones teóricas que nos permitieran trabajar sobre ese dilemático campo de intervención. Allí encontramos lo novedoso de nuestra perspectiva.

Pero esa intervención llegaba varias décadas más tarde de los “hechos atroces”, y esa red tenía que ampliarse con nuevos actores que hasta ese momento no habían formado parte del campo de intervención que convenimos en llamar Derechos Humanos. Esos actores sociales eran precisamente los profesionales de la salud mental de los servicios públicos de salud.

Nuestra idea fue que ningún profesional de la salud pública que portara una matrícula otorgada por el Estado, siguiera sosteniendo que el problema de los delitos de lesa humanidad y sobre todo sus “consecuencias” formaban parte del universo de trabajo de quienes participaban en el espectro de los Derechos Humanos. Se trataba más bien, de un nuevo enlace a la sociedad, y en ese nuevo enlace el reconocimiento de la afectación que todos y todas vivimos -aún en la actualidad- frente a hechos que lesionan a la humanidad en su conjunto, eran parte de nuestra apuesta.

Apuntamos así -dada la enorme interlocución transdisciplinaria que impulsó el Secretario que gestionó ese organismo en el período 2003/ 2012 y con la ayuda incalculable de profesionales provenientes de la experiencia en salud mental de los organismos de derechos humanos; a una tarea integral en el campo de la salud  en general y de la salud mental en particular, llegando a crear el primer Centro de Asistencia a Víctimas de violaciones de Derechos Humanos en la región, que llevó el nombre de Fernando Ulloa .

Los genocidios provocados en la historia de la humanidad, han dado muestras de que las huellas del dolor en el tejido social son duraderas y no cesan ni aún con la recuperación de los procesos democráticos y Argentina estuvo y está atravesada por esas marcas hasta hoy. La temporalidad se torna lógica y no cronológica.

Es evidente que el reconocimiento de estos crímenes por parte del Estado durante la década 2003/2015, a través de la creación, aplicación y profundización de políticas integrales en materia de derechos humanos bajo los ejes de Memoria, Verdad, Justicia y Reparación, como así también la realización de juicios por delitos de lesa humanidad en todo el territorio nacional; implicaron el desarrollo de dispositivos inéditos que ejercieron una eficacia simbólica sin precedentes en la región.

Estas políticas fueron eje de partida de muchas políticas aplicadas posteriormente en otros países del cono sur y resultó una experiencia modélica.

En otros Ministerios y Secretarías de Estado también se transversalizó la perspectiva reparatoria en la temática, constituyéndose el de la apertura y digitalización de archivos de la fuerzas armadas y de seguridad en otro de los ejes esenciales, articulando la dimensión testimonial con las pruebas archivísticas y utilizando ambos universos memorísticos como prueba en los procesos judiciales desarrollados en todo el país, tal como sucedió por ejemplo a partir de 2013 desde la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, enmarcando esa tarea en una coordinación permanente con los  archivos de las organizaciones de Derechos Humanos.

Sin embargo, cuando a partir de la asunción del actual gobierno -en diciembre del 2015- se comenzaron a disolver las perspectivas reparatorias dirigidas a este sector social, gran parte de la sociedad quedó expuesta, y las víctimas de delitos de lesa humanidad ya no pueden apelar al lazo construido entre ellos/as y el Estado bajo la lógica de asunción de responsabilidades en torno a estos delicadísimos y persistentes temas.

Es así que frente al avance de políticas neoliberales en la región, un grupo de colegas que habíamos impulsado esas políticas de asistencia desde el Poder Ejecutivo, como así también desde la custodia e impulso de organización de archivos al interior de las estructuras estatales, nos convocamos para rescatar esa experiencia ahora desde fuera del Estado. Nuestro objetivo es pensar cuál es la responsabilidad que nos cabe en este nuevo escenario, frente al impacto que estas nuevas políticas y discursos causan en nuestra práctica.

Existe una relación intrínseca entre los archivos y la vigencia de los derechos humanos, basado por un lado en el derecho a la verdad y por otro, en el aporte que dan los documentos originales y fiables al ejercicio de los derechos ciudadanos para alcanzar la verdad y la justicia.

A lo largo de la historia, los archivos han ocupado un lugar preponderante: durante las dictaduras sirvieron para organizar la persecución y la violencia; en las transiciones para conocer la verdad e impulsar procesos de juzgamiento; y en las democracias para la recuperación de la verdad histórica.

El abordaje de los Derechos Humanos necesita del concurso de distintos colectivos y del trabajo interdisciplinar. Psicólogos, antropólogos, arqueólogos, abogados, sociólogos, cientistas políticos, expertos en gestión pública, archiveros, historiadores, economistas y todos aquellos que entiendan a su profesión como un aporte a la promoción de los Derechos Humanos, sobre todo entendiendo que la relación entre archivos y derechos humanos es un problema que supera los límites de la archivística.

Los archivos fluyen decididamente en la vida de los pueblos en general y de las personas en particular, ya que a través de aquellos no solo se reconstruye la historia reciente, sino que permiten la reparación a las víctimas, aportando pruebas que permiten conocer lo sucedido.

El Estado Nacional asumió la importancia inherente a los archivos en la defensa de los Derechos Humanos, creando el Archivo Nacional de la Memoria a fines del 2003. Acompañó la creación de otros archivos provinciales e institucionales e impulsó decretos de desclasificación de documentos de los servicios de Seguridad, Inteligencia y de Defensa.

Afianzar las políticas de memoria y archivos, es generar instrumentos para seguir acrecentando el conocimiento de lo acontecido, garantizando que los documentos y los testimonios estén a disposición, promoviendo políticas de resguardo y  acceso, que contribuyan a los procesos de Verdad, Justicia y a la reconstrucción de nuestra historia reciente.

La fuerte experiencia que desarrollamos desde diversos ámbitos estatales, en la construcción de Políticas Públicas en materia de Derechos Humanos vinculadas a la memoria, la verdad, la justicia y al reparación, nos permite construir un espacio de trabajo entre las dimensiones teóricas de los Testimonios y los Archivos.

En la intersección entre  el psicoanálisis, la clínica, la salud mental, los derechos humanos, el derecho, la filosofía -entre otros discursos- apostamos a la tarea de transmisión. Transmitir una experiencia en términos de legado, implica siempre encontrarse con una incógnita y por eso  renunciamos a la pretensión de un saber absoluto. Nos interesa sostener una construcción atravesada por nuevos interrogantes  que puedan aportar a una tarea colectiva, como lo hicimos siempre.