María Antonieta Diomedi*
Territorios Clínicos de la Memoria (Tecme), Procuración General de la Nación
antodiomedi@gmail.com
Victoria Loredo Rubio**
Territorios Clínicos de la Memoria (Tecme), Procuración General de la Nación
victorialoredorubio@yahoo.com.ar
Stella Segado***
Territorios Clínicos de la Memoria (Tecme), Procuración General de la Nación
Stellitasega@gmail.com
Resumen
Argentina no posee una fuerte tradición respecto al uso y preservación de sus archivos en general, y de los archivos con aspectos relacionados a los Derechos Humanosi en particular. Sin embargo, con los procesos de justicia transicional en Latinoamérica que se abren a partir de los años ‘80, comienza la búsqueda de documentación que pudiera brindar información, primero para conocer la verdad de lo ocurrido y aportar pruebas para la justicia y reparaciones, y más adelante para reconstruir y sostener la memoria colectiva. Este proceso se profundiza a partir del año 2003.
Este trabajo pretende realizar una aproximación al estado actual de dichos archivos en el país. Para ello, el trabajo se dividirá en dos partes. Por un lado, una descripción de sus instituciones archivísticas, sus normativas, uso y acceso; y por el otro un análisis basado en datos cuantitativos y cualitativos para comprender continuidades y rupturas frente al cambio de gobierno que asume en diciembre de 2015, así como potencialidades y limitaciones a fin de pensar posibles políticas públicas que fortalezcan la situación de nuestros documentos.
INTRODUCCIÓN
La investigación y reconstrucción de los hechos ocurridos durante el Terrorismo de Estado fue siempre una preocupación y una práctica permanente de los organismos de Derechos Humanos, sobrevivientes, familiares y de la sociedad argentina en su conjunto.
Sin embargo, nuestro país no se caracteriza por poseer una gran tradición en cuanto al fomento y protección de sus archivos. La falta de implementación de políticas archivísticas sostenidas en el tiempo refleja la actitud de indiferencia que históricamente se ha mantenido con el patrimonio documental. Si bien en 1961 a través de la Ley 15.930 se establece al Archivo General de la Nación como el organismo con la finalidad de reunir, ordenar y conservar la documentación, para difundir el conocimiento de la historia argentina, correspondiéndole además la aplicación de lo establecido en el Decreto Nº 1571, de 1981, cuyo objetivo principal es planificar la valoración, selección y eliminación racional y sistemática de la documentación, no existen normas que aseguren su cumplimiento en la práctica (Karababikian, 2010, p. 3).
Según Karababikian (2010, p. 3-4), la disciplina archivística escasamente legitimada, la falta de aplicación de una legislación específica para proteger y administrar el patrimonio documental argentino, la ignorancia generalizada en relación a su tratamiento y preservación, y su guarda en casas particulares o instituciones que en muchos casos no fomentan su consulta pública, son factores que nos hablan de una sociedad a la que, en general, poco le interesan sus documentos.
Los años ochenta asistieron a un proceso de desmantelamiento de regímenes políticos represivos en el mundo, por lo cual varias instancias internacionales coincidieron en la necesidad de emprender acciones en común para garantizar la preservación de grandes volúmenes de documentación que devendrían esenciales para exigir responsabilidades, garantizar reparaciones, reconstruir la Historia o asegurar la memoria colectiva en países en transición a la democracia (Nazar, 2014, p. 20).
Este estado de situación nos lleva a preguntarnos qué archivos o fondos documentales posee la Argentina hoy y en qué situación se encuentran en general y, dentro de este gran universo, por el caso de los archivos estatales que contienen información vinculada a los derechos humanos.
A partir del año 2003 el Estado argentino, producto de las luchas históricas y recogiendo los reclamos de los organismos de Derechos Humanos, desarrolla diversas políticas públicas centradas en las premisas de Memoria, Verdad y Justicia. Nuevas leyes reparatorias son sancionadas y es el momento en que se da la reapertura de las causas por violaciones a los derechos humanos durante el Terrorismo de Estado, junto con la creación de equipos de trabajo con el objetivo de relevar y dar a conocer la información de los archivos estatales que se hallaban en los distintos organismos de la administración pública. Estos documentos, además de las pruebas en los juicios y reparaciones, permitieron des-cubrir las marcas del terrorismo de estado en la burocracia estatal.
La reapertura de las causas judiciales, entonces, expuso la necesidad de la búsqueda de documentación e información que aportara indicios sobre los responsables de los delitos de lesa humanidad, su accionar, la coordinación entre las fuerzas armadas y de seguridad y con otros gobiernos represivos de la región, el destino de las víctimas y cualquier otro elemento sobre el plan sistemático de desaparición forzada de personas, así como de la apropiación de sus hijas/os.
Se buscó con los trabajos de relevamiento documental dar cumplimiento a la obligación del Estado en relación al derecho a la verdad, tanto en su dimensión individual como colectiva. En el plano individual, el derecho a la verdad se refleja en el derecho de las víctimas y sus familiares a conocer qué ocurrió con ellas. En el plano social, se expresa como una necesidad de los pueblos de conocer su historia.
Otro conjunto de políticas que se desarrollaron, como parte del proceso de justicia transicional, fueron las reparatorias. El derecho a reparación implica tanto medidas individuales como medidas colectivas. En lo individual, las víctimas, ya sean víctimas directas, parientes o personas a cargo, deben beneficiarse de un recurso eficaz. Los procedimientos aplicables deben ser objeto de una publicidad lo más amplia posible. El derecho a reparación debe intentar cubrir la integralidad de perjuicios sufridos por la víctima.
En lo colectivo, las medidas son de carácter simbólico, a título de reparación moral. En la Argentina algunas de las medidas fueron la creación de la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas cuyo trabajo de recolección de denuncias y de investigación posterior permitió conocer las circunstancias sobre la desaparición forzada o ejecución sumaria a los familiares de las víctimas. Se sancionaron leyes reparatorias que establecieron una indemnización para las víctimas y sus descendientes, se iniciaron juicios a los responsables de los crímenes de lesa humanidad en todo el territorio nacional, se señalizaron los centros clandestinos de detención, se repararon los legajos de los estudiantes y los trabajadores tanto privados como públicos, se creó dentro del ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos un centro de asistencia psicológica para las víctimas de la represión y para acompañar a los testigos en los juiciosii.
Si bien estas medidas fueron valiosas y fundamentales para la justicia transicional tanto individual como colectiva de la Argentina, el desarrollo de algunas de estas políticas, sin embargo, no logró superar el momento inicial, impidiendo convertirse en políticas estables y estructurales, ya que no existió una lógica general que las contenga, institucionalice o normalice. Esto ha generado una situación de vulnerabilidad, dependiente en muchos casos de las voluntades políticas de turno. A partir del cambio de gobierno en diciembre de 2015, muchas de estas medidas y disposiciones han sido debilitadas o eliminadas, con equipos de investigación y relevamiento desarticulados, y archivos cerrados o sin presupuesto.
Por otra parte, los archivos que fueron concebidos a partir de una ley de creación, donde sus prácticas han sido normalizadas, parecería que han corrido mejor suerte. Tal sería el caso del Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba y el de la Comisión Provincial de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires que gestiona, entre uno de sus fondos, el de la Ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA).
Es por ello que entendemos necesario y urgente un intento por describir y comprender la compleja situación actual de los archivos relacionados a los derechos humanos, tarea que no resulta sencilla por la multiplicidad de situaciones que parecería hallarse, para así poder arrojar algo de luz, con vistas a descubrir continuidades y rupturas con el período anterior, y potencialidades o desafíos para los mismos.
Archivos, Memoria, Verdad y Justicia
El acto de rememorar es una negociación multifacética, donde el Estado siempre está, pero no es el único actor. La Memoria, en este sentido, es una praxis fundamental en los procesos de transformación simbólica y en la elaboración de sentidos del pasado (siempre en tensión). En esta elaboración se inscriben las políticas de Memoria que, por esto mismo, a diferencia de las políticas archivísticas que son más estables, aquellas son coyunturales, temporales y sujetas a cambios, por ejemplo, de gobierno.
Por otra parte, la justicia transicional es el conjunto de medidas judiciales y políticas que diversos países han utilizado como herramientas de reparación de las violaciones masivas de derechos humanos. Entre ellas figuran las acciones penales, las comisiones de la verdad, los programas de reparación y las diversas reformas institucionales. Sus funciones son combatir la impunidad; reparar los daños en sentido amplio; conocer la verdad y fortalecer los procesos de memoria histórica (González Quintana, 2008, p.5).
En cuanto a los archivos, éstos poseen un rol esencial, no como producto pasivo y estanco, sino como parte de una relación social donde se dicen y callan cosas, y que existe en determinadas circunstancias. Los documentos de archivo son algo fundamental y dinámico en lo que a transmisión de Memoria refiere. Junto al testimonio, son las “marcas materiales” del pasado (Ricoeur, 1999, p.105). Incluso la archivística comienza a lograr creciente legitimidad.
Por otra parte, los procesos de transiciones democráticas en sociedades con pasados dictatoriales o de violencia política llevan consigo la necesidad imperante de la información: conocer lo que pasó, saber los destinos de las víctimas, las circunstancias en que se produjeron los hechos, y la responsabilidad del Estado y demás actores sociales en lo sucedido. Los archivos cumplen un rol clave en estos procesos.
Por ello, la condición de archivo conlleva mucho más que la idea de un acervo documental en repositorios adecuados y en condiciones internacionalmente aceptadas de clasificación. Los archivos también deben garantizar un acceso a su mirada, y un derecho a su información. Es así que el derecho a elegir la vía de transición debe excluir el de la destrucción de los documentos.
El acceso a documentos escondidos, negados y silenciados permite, por un lado, la investigación y la escritura de la historia sobre los períodos represivos; y por el otro, aunque no con menor relevancia, posibilita la reconstrucción de memorias lastimadas por la tortura, la clandestinidad y la violencia (Pollack, 2006, p.55). Es decir, otorga herramientas y datos a los investigadores, pero también da elementos a las víctimas y afectados para legitimar memorias y reconstruir identidades. (Catela y Jelin, 2002, p. 203)
En este sentido, la atención proporcionada a los documentos, más que deberse meramente a una repentina toma de conciencia pública acerca de la importancia del patrimonio documental, se debe a la asunción por parte del Estado de un papel protagónico (y un deber del mismo) en la producción de políticas de memoria, cuestión relacionada al reconocimiento de que son una herramienta poderosa para la construcción de sentido político. Propiedad, accesibilidad, difusión de estos documentos son problemáticas que se dirimen entonces, también desde el Estado, fundamentalmente en torno a su utilidad política, en el sentido más amplio del término (Karababikian, 2010, p. 6)
Archivos y DDHH en la Argentina actual
ROL DE LOS ARCHIVOS DE DDHH
Los archivos cumplen un rol esencial en los procesos de transición democrática para mejorar el conocimiento de los hechos, para la justicia y la lucha contra la impunidad, para la promoción de políticas de memoria. Su mayor transparencia y mejor accesibilidad son indicadores de mayor democratización. El aporte de los archivos para los procesos judiciales, entre otros elementos, es esencial y está siendo ejemplo a lo largo del mundo, especialmente en Latinoamérica. Y a su vez, la investigación histórica, social, periodística, también se nutre de ellos. Un mejor acceso es producto de una combinación virtuosa de voluntades políticas, saberes técnicos y profesionales debidamente aplicados, una mirada puesta en su democratización, pautas claras, plazos definidos para su restricción, etc. (Karababikian, 2010, p. 11). Pero, además, por todo lo antedicho, el acceso y la situación de los archivos es también producto de las circunstancias y disputas del presente.
Estos archivos son motivo de debates y tensiones acerca de su propiedad, su utilidad, su acceso y difusión. Dada su relevancia, es necesario conocer sus características (comunes y particulares) para comprender su función y utilidad en las diferentes etapas del proceso en las transiciones democráticas, ya sea como fuentes de investigación para las diferentes instancias de la justicia, como para medidas reparatorias, difusión y fines pedagógicos, o en la promoción de más políticas de memoria.
Los documentos producidos por los órganos represivos y, en menor medida, por las organizaciones de derechos humanos y/o de víctimas con información relativa a graves violaciones a los derechos humanos poseen características particulares. Desde su producción (su utilidad primaria) hasta su utilización en los procesos de transición democrática, este tipo de documentos ha tenido, también y de alguna manera, su propia situación de “estado de excepción” (Agamben, 2004, p. 99-109). Normalmente estos documentos han sido producidos con niveles de clasificación muy altos, poseen datos extremadamente sensibles, han sido celosamente guardados, ocultados, destruidos o consultados, han tenido claras, negligentes u obstaculizadoras políticas de Estado para su tratamiento, y su apertura es demandada por diversos actores de la sociedad civil. Si bien son parte de la producción burocrática natural de una institución, su excepcionalidad está justamente en esa naturaleza. La producción documental de un organismo de seguridad o defensa en un período irregular y, del mismo modo, la documentación producida por organizaciones de víctimas en una situación de peligro inminente adquiere, ella también, características excepcionales.
RELEVAMIENTO DE FONDOS DOCUMENTALES VINCULADOS AL TERRORISMO DE ESTADO EN ARGENTINA. DESCRIPCIÓN Y CONDICIONES DE USO Y ACCESO
A fin de realizar una aproximación respecto de estos archivos se utilizaron diversas técnicas de recolección de datos. Por un lado, se indagó en fuentes secundarias elaboradas por los propios archivos o instituciones regionales como el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos para el Mercosur (IPPDH) y se elaboró una breve enumeración, descripción y análisis de algunas de sus principales instituciones, aún preliminar, con sus normativas de creación y reglamentaciones de acceso y uso.
Por otro lado, se realizaron encuestas a trabajadores y usuarios de éstos y otros archivos; y observaciones participantes en diversos encuentros sobre la temática.
Poder estructurar las limitaciones a la accesibilidad documental sistematizadamente nos permite entender si esa limitación es temporal o definitiva; producto de una decisión amparada en el derecho o arbitraria; si está en nuestras manos colaborar con su revisión o si es inmodificable; si hay instancias de revisión a las cuales acudir; si hay parte de esa información a la que sí se debería poder acceder, etcétera. A nuestro entender, para que un archivo pueda cumplir sus principales funciones debe poseer determinadas condiciones de accesibilidad. Estas pueden dividirse en dos categorías: las de orden práctico y las de orden legal o jurídico (Duchein, 1983, p.35).
Las condiciones de accesibilidad de orden práctico giran en torno a la posibilidad de conservación física de los documentos, la existencia de repositorios, servicios y equipamiento en los archivos, la organización y el respeto de los fondos documentales, la asignación de medios económicos y de personal, la elaboración de instrumentos de descripción y auxiliares, la difusión, la posibilidad de realizar reprografías para evitar la excesiva manipulación de los originales, la existencia de maquinaria adecuada para la lectura de documentos audiovisuales o informatizados, etc.
La condición de accesibilidad de orden legal refiere a la normativa que clasifica los documentos permitiendo o negando su consulta. De todas las limitaciones legales al acceso a la información, la clasificación de documentos como secretos, confidenciales o reservados en función de la necesidad de proteger la seguridad del Estado es la más frecuente (Nazar, 2014, p. 34)
Al cierre de esta ponencia, concretamente algunos de los datos extraídos a destacar resultan los siguientes:
- Salvo la Comisión Provincial de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires que tiene en guarda el Archivo de la ex DIPPBA, todos fueron creados después del año 2003.
- Las normativas de creación fueron variadas y de distintos niveles: decretos nacionales y provinciales, leyes provinciales y resoluciones ministeriales, sin poder extraer una generalización.
- De todos ellos dos dejaron de existir después del 10 de diciembre de El Archivo del Banco Central, del que es muy difícil encontrar datos, y el de las Fuerzas de Seguridad, creado por una Resolución Ministerial. En este último caso observamos la relevancia de la voluntad política para la continuidad de determinadas políticas públicas, ya que al asumir la nueva conducción del Ministerio inmediatamente se despidió a la totalidad de los trabajadores y se disolvió el trabajo en los archivos, impidiendo la consulta y desconociéndose el estado actual del archivo en sí mismo. Incluso se cierra la Dirección de Derechos Humanos en su conjunto. Los demás archivos continúan existiendo, algunos con serias dificultades.
- Salvo el archivo de Cancilleríaiii que posee documentación subida a su página web, ninguno permite el “libre” acceso a la documentación. En todos los casos el acceso se encuentra de alguna manera restringido. Dicho condicionamiento se encuentra amparado en normativa que regula el uso de los datos personales, la seguridad y defensa interior y la ley nacional de inteligencia. Otro aspecto a destacar es la solicitud por parte de las instituciones archivísticas de acreditación de interés legítimo o la condición de investigador particular.
- Respecto de las normativas de acceso y uso de la información, en su mayoría poseen reglamentos o disposiciones internas y a ellos se suman normativas de desclasificación que estipulan también los niveles de acceso.
- En cuanto a las herramientas de descripción, sólo cuatro archivos las publicaron en sus sitios web. Se desconoce si en los demás casos no lo publicaron porque no se elaboraron o se debe solo a que no está disponible por ese medio.
UNA APROXIMACIÓN ANALÍTICA
Posteriormente, se intentó mediante las técnicas de recolección de datos de encuestasiv, y la asistencia y toma de notas en dos encuentros sobre archivos y DDHH durante 2017v y en tres encuentros durante 2018vi lograr un primer intento de análisis sobre los archivos estatales vinculados a los derechos humanos hoy.
Lamentablemente el objetivo se ha logrado en parte, debido a la dificultad para concretar encuestas o entrevistas, a causa de la incipiente articulación entre todos los espacios y a que muchos se encuentran en difíciles situaciones institucionales, sumado a las dificultades materiales para afrontar el abordaje y la diversidad y amplia extensión geográfica nacional.
Sin embargo, algunas reflexiones y datos interesantes ha sido posible recolectar. Primeramente, dos datos sociodemográficos para tener en cuenta. Por un lado, tanto en usuarios como en trabajadores de archivo, la población es mayoritariamente femenina, llegando al 75% de los encuestados.
Por el otro, más de la mitad son universitarios, con algunos casos más de formación terciaria. Es decir que tanto quienes consultan como quienes trabajan en archivos son personas profesionalmente formadas, en su mayoría.
Ahora bien, en cuanto a los archivos y fondos documentales, todos los casos indagados se crean post 2003, en línea con nuestras suposiciones y datos secundarios. Las excepciones serían el archivo de la DIPPBA que, al cerrarse la Dirección de Inteligencia en 1998, al año siguiente la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata dicta una medida de no innovar por considerar que los documentos allí existentes podrían aportar pruebas para los Juicios por la Verdad que se estaban desarrollando. Y en diciembre del año 2000, el gobierno provincial transfirió el Archivo a la Comisión Provincial por la Memoria para que hiciera de éste un “Centro de información con acceso público tanto para los afectados directos como para todo interesado en desarrollar tareas de investigación y difusión” (Ley 12.642).
No obstante, es recién en 2003 cuando es levantado parcialmente el secuestro de la Cámara Federal de Apelaciones, que continúa temporariamente sobre el período 1976/ 1983. Por la misma ley 12642, el Archivo fue desclasificado y está bajo custodia y gestión de la Comisión por la Memoria. En octubre de 2003 se abre finalmente al público.
Otra aparente excepción es el caso de los archivos de los Ministerios de Exterior, Defensa y Seguridad de la Nación, junto con la Comisión de Valores y el Banco Central, que estrictamente ya existían en cuanto a depósitos de documentos, pero es durante el gobierno kirchnerista que se crean los equipos de investigación, junto con todas las herramientas para facilitar el acceso que éstos crean, por ejemplo, digitalizando los documentos. Es también durante esta gestión que se desclasifican con ciertas restricciones legales como la de seguridad interior, la defensa nacional, la ley de inteligencia y de hábeas data, entre otras, y se abren al público.
Otro hallazgo fue el grado de conciencia respecto de la preservación y cuidado de los archivos, ya que en todos los casos se afirma poseer un área o espacio de digitalización y en la gran mayoría poseen políticas de preservación de los documentos (gráfico 1).
Gráfico 1. ¿Cuentan con políticas de conservación?
Cabe aclarar, sin embargo, que, dentro de todos los casos de digitalización, el 75% de estos se encuentra disponible en internet.
Por otra parte, en la totalidad de los casos las consultas que se realizaron resultan de utilidad, esto en opinión tanto de los usuarios como de los trabajadores de archivos. Todos acuerdan, además, en que aportan a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
Sobre las herramientas para facilitar la búsqueda, generalmente éstas existen y resultan efectivas (gráficos 2 y 3).
Gráfico 2. ¿Los fondos documentales poseen herramientas para facilitarle la búsqueda de documentación?
Gráfico 3. ¿Son eficientes las herramientas de búsqueda y acceso a la documentación que mencionó?
Pero en cuanto al acceso, éste es predominantemente restringido, donde en casi el 90% de las instituciones, según los encuestados, no es libre (gráficos 4 y 5).
Gráfico 4. ¿Cómo es el acceso a la documentación?
Gráfico 5. Cuando accede a la documentación, ¿cómo la recibe?
Por último, cabe señalar la diversidad de usuarios que utilizan y consultan los archivos y las proporciones de los mismos, donde predominan los propios trabajadores y los investigadores. Este dato, que debe ser desagregado, complejizado y profundizado, pone en duda la eficacia de las estrategias de difusión de los archivos, en el caso de que las haya.
Gráfico 6. ¿Qué usuarios consultan habitualmente el archivo?
REFLEXIONES FINALES
Quizás lo más sorprendente en cuanto a nuestra hipótesis inicial fue que no habría un quiebre inmediato con el cambio de gestión presidencial a partir del 10 de diciembre de 2015 en relación a las políticas archivísticas ni a sus instituciones. Esto puede deberse a varias causas, que deberán ser indagadas en posteriores análisis.
Una de ellas es que en muchos casos no se trata de archivos nacionales, sino que dependen de gobiernos provinciales o municipales que en muchos casos no han cambiado de signo político y les han dado una continuidad a sus programas de gestión. En muchos casos incluso, directamente se encuentran constituidos como entes autónomos o autárquicos, permaneciendo relativamente intacto su funcionamiento y financiación.
Otra posibilidad es la propia inercia de las instituciones, que muchas veces no experimentan cambios con las transformaciones gubernamentales, inmediatamente al menos.
También puede deberse a lo mismo que nos lleva en un primer momento a abordar esta investigación, y es la poca relevancia que el país le da a sus archivos, sirviendo en este caso de “escudo” ante los embates en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que sí ha tenido este gobierno en otros ámbitos más visibles. Incluso en algunos casos los archivos se han visto perjudicados, pero como parte del embate destinado a un espacio o política más general de DDHH.
Lo que no puede negarse es que sí se han dado casos de debilitamiento, como la situación que actualmente padecen los equipos del Ministerio de Defensa o el Registro Único de la Verdad de Entre Ríos donde sólo continúan nueve trabajadores y con contratos precarios. En el caso del Archivo de Río Negro, directamente se quedó sin personal y no fue repuesto. Más grave aún es el caso del Ministerio de Seguridad, donde a partir del cambio de gobierno, desapareció directamente la Dirección de Derechos Humanos y con ella, sus equipos de investigación, sus herramientas de descripción archivística y de acceso y uso mismo de los archivos. La misma situación se dio en relación a los equipos de investigación que funcionaban en la Comisión del Banco Central.
Otra circunstancia interesante para destacar es el caso del Archivo de la ex DIPPBA que gestiona la Comisión Provincial por la Memoria, que estos últimos dos años tuvo una merma en los pedidos por parte del Poder Judicial y las Fiscalías que llevan a cabo las investigaciones por delitos de lesa humanidad, debido a la paralización y desaceleración de los procesos en instancia de instrucción y de inicio de nuevos juicios. Lo novedoso del caso es que, frente a esta realidad, la Comisión se planteó pensar nuevas estrategias de supervivencia y difusión, constituyéndose como querellantes en las causas de lesa humanidad y ofreciendo su asistencia en diferentes causas, no solo de graves violaciones a los derechos humanos en dictadura.
Cuando iniciamos esta tarea, partimos de la hipótesis de que hubiera sido necesaria una ley de Memoria o de protección de los archivos para consolidar y salvaguardar los fondos documentales del período 1975-1983, por lo menos. Hoy observamos que también es necesaria una formación archivística de los investigadores, y una formación en investigación científica de los archiveros. Creemos que la interdisciplinaridad es vital, incorporar al archivero como sujeto clave también en el proceso de investigación, para que pueda comprender y visibilizar las complejidades y urgencias de algunos procesos y no como mero “ordenador” de los documentos; y capacitar a los investigadores con las herramientas y la conciencia de la importancia de la archivística y la conservación permitirá un mejor y más exhaustivo aprovechamiento de la información que se encuentra (y oculta) en los documentos.
Por último, estimular la comprensión por parte de los funcionarios políticos de la necesidad de una ley o políticas estables y duraderas en materia de archivos y del valor del patrimonio documental como patrimonio histórico y herramienta clave para los procesos de Memoria, Verdad y Justicia.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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Catela, L. y Jelin, E. (2002). “El mundo de los archivos” en Los archivos de la Represión, memoria y verdad, Buenos Aires: Siglo XX1 de Argentina Editores.
Duchein, M. (1983). Obstacles to the Access, Use and Transfer of Information from Archives: A RAMP Study.
González Quintana, A (1998). Los Archivos de la seguridad del Estado de los desaparecidos regímenes represivos. Documento de Expertos. París: UNESCO.
González Quintana, A. (2008). Políticas archivísticas para la defensa de los derechos humanos. Actualización y ampliación del informe elaborado para UNESCO y Consejo Internacional de Archivos (1995) sobre gestión de los archivos de los servicios de seguridad del estado de los desaparecidos regímenes represivos. París: Consejo Internacional de Archivos.
Guembe, M. J. (2004). La experiencia argentina de reparación económica de graves violaciones a los derechos humanos. Buenos Aires: CELS.
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Guía de Archivos y Fondos Documentales. IPPDH. Disponible en http://atom.ippdh.mercosur.int/?sf_culture=es
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Ricoeur, P. (1999). La memoria herida y la historia. La lectura del tiempo pasado: memoria y olvido. Arrecife: Universidad Autónoma de Madrid.
*Abogada recibida en la Universidad del Salvador. Especialista en Archivos y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Integrante del Grupo Especial de Relevamiento y Análisis Documental (GERAD) de la Unidad Fiscal Amia de la Procuración General de la Nación.
**Licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires. Especialista en Archivos y Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Barcelona. Investigadora colaboradora en diversas investigaciones del Instituto de Investigaciones Gino Germani – IIGG (Facultad de Ciencias Sociales, UBA). Docente del Instituto Superior de Formación Docente Rosario Vera Peñaloza, a cargo de la materia Teorías Sociopolíticas y Educación. Integra el Grupo Especial de Relevamiento y Análisis Documental (GERAD) de la Unidad Fiscal de Investigación de la causa AMIA.
***Licenciada y Técnica en Gestión de Políticas Pública, Universidad Nacional de Tres de Febrero. Especialista en Archivos y DDHH, por la Universidad Autónoma de Barcelona. Psicóloga social. Investigadora Archivo Conadep de la Subsecretaria de Derechos Humanos (Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. 2001), Perito Informante de la Comisión Provincial de la Memoria de la Plata (Ex Dippba) (2003), Coordinadora del Fondo Documental CONADEP- SDH del Archivo Nacional de la Memoria perteneciente Secretaria de Derechos Humanos (2007-2010., Investigadora en la Comisión para el esclarecimiento de los hechos de Pando-UNASUR-(2008). Responsable de la Unidad Especial de Obtención de Datos Sensibles de Delitos de Lesa humanidad (2010-2011). Directora Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa (2011-2015). Asesora técnica en la conformación, puesta en marcha y funcionamiento del GERAD (Grupo Especial de Relevamiento y Análisis Documental UFI-AMIA) (2011-2015), Coordinadora técnica del GERAD (2016-2017). Coordina el área de Archivos y Derechos Humanos de Territorios Clínicos de la Memoria (Red Latinoamericana de Profesionales y activistas en DDHH y Subjetividad)
i Utilizamos la categoría adoptada por el Consejo Internacional de Archivos (ICA) y su Grupo de Trabajo de Derechos Humanos (HRWG).
ii Para un estudio detallado sobre el tema, ver: Guembe, M. J. (2004). La experiencia argentina de reparación económica de graves violaciones a los derechos humanos. Buenos Aires: CELS.
iii El archivo responde a las consultas de usuarios externos e internos. Para efectuar consultas debe solicitar previamente el material documental deseado a través del correo electrónico institucional y solicitar turno.
iv Se han realizado 24 encuestas a usuarios y trabajadores de archivos de diversos lugares del país. Los centros documentales sobre los que versan los datos son, de acuerdo a las propias respuestas de les encuestados: Cancillería, Archivo Histórico de la Universidad de La Plata, Fiscalías de Lesa, Fondo DIPBBA, Archivo de la Memori Trans, Archivo Provincial de la Memoria Córdoba, RUV, Centro Documental Rubén Naranjo, Archivo del Museo de la Memoria Popular de Gualeguaychú, Departamento Histórico Judicial, RUVTE, Base de datos Parque de la Memoria, Universidades Nacionales, Sindicatos, Archivo Nacional de la Memoria, Archivo CONADEP, Archivo General de la Armada (Ministerio de Defensa), Archivo del Ejército (Ministerio de Defensa), Archivo fotográfico del D2 de la Provincia de Córdoba, Archivos del Sistema Penitenciario Federal, Archivo General de la Nación
v El primer encuentro en la provincia de Santa Fe con sede en el Museo de la Memoria de Rosario “Jornadas Regionales/ Territorios Clínicos de la Memoria” y el segundo en la localidad de Chapadmalal, provincia de Bs As, en el marco del encuentro “Sitios, archivos y testimonios como lugares de memoria” organizado por la Comisión Provincial de la Memoria y TeCMe
vi Seminario Internacional “Transmisión, legado y Memoria” organizado por TeCMe y el Centro Cultural de la Cooperación, “XI Seminario Internacional Políticas de Memoria, C.C. H. Conti, Mesa: “El trabajo en archivos, búsqueda y hallazgos: la construcción de memorias subalternas” y “X Jornadas de Historia, Memoria y Comunicación”, Universidad Nacional de Quilmes
Este texto fue publicado en Hilos Documentales / Año 1, Nº 2, e014, Revista del Archivo Documental de la UNLP: septiembre, 2019. Disponible en https://revistas.unlp.edu.ar/HilosDocumentales/article/view/6362