Stella Segado*
La investigadora destaca la importancia en la construcción de la memoria colectiva de la publicación de los documentos históricos revelados por Télam en el especial «La mentira planificada». Además, amplía y profundiza en su análisis el objetivo de las acciones sistemáticas de manipulación informativa y de propaganda de la última dictadura.
Los documentos históricos abren ventanas, permiten mostrar lo que está por detrás. Podemos asomarnos o zambullirnos. Cualquiera que sea el modo, siempre es un viaje a la historia y una posibilidad de comprender mejor el presente.
La documentación presentada por Télam en “la mentira planificada” provoca interrogantes, debates y algunas confirmaciones sobre un mecanismo de alianzas extraterritoriales que articulaba las prebendas personales con la producción de determinados relatos para alcanzar o lograr sentimientos y comportamientos sociales.
El golpe de septiembre de 1955 no sólo fue el derrocamiento de un gobierno popular y la ilegalización del partido político más importante de la época, con él se inaugura un tiempo histórico de interrupciones de gobiernos democráticos y de alteraciones sistemáticas al orden institucional en el que las Fuerzas Armadas comienzan un profundo y complejo cambio de paradigma, una metamorfosis doctrinaria, es decir, una transformación de los principios, conceptos, normas y procedimientos que estructuraron el pensamiento militar: su cultura, cuyo punto de elevación de oscurantismo y represión cultural y política será en 1966 con el golpe de Onganía.
El cambio de paradigma fue de la mano de la influencia de la Escuela Francesa, basada en su experiencia en la guerra colonial de Argelia (1954-1962) e Indochina (1946-1954) y la Doctrina de Seguridad Nacional que se convirtió en una categoría política y que en América Latina, además, tuvo la particularidad de que esa seguridad se garantizó con la ocupación militar de las instituciones del Estado frente al supuesto peligro del comunismo que amenazaba las estructuras de poder vigentes y al propio capitalismo. Ocupación que se daba institucionalmente, como parte de pensar el Estado y que incluye los tiempos democráticos.
Ese contexto necesitó y revalorizó la actividad de obtención de información como acción exclusiva de la Inteligencia y, por lo tanto, como el medio privilegiado para distinguir y derrotar al enemigo, de allí que se instruye y capacita a oficiales y suboficiales en esas técnicas. Se crean los servicios de inteligencia de las distintas fuerzas armadas y de seguridad, y se constituye, así, la llamada “comunidad informativa”.
El otro concepto clave que se incorporó fue el de guerra, operación o acción psicológica1. Ésta debía neutralizar o captar no solo a la población, sino convencer a la propia tropa. Como se verá, estas acciones debían ser planificadas desde las propias estructuras de inteligencia de las Fuerzas y desde los más altos niveles del manejo de la información pública2.
Ya para fines de 1975 se reglamenta el funcionamiento del Sistema de Comunicación Social, al que abrevian como Sicos, (acorde con su misión real) conformado por tres niveles: nacional, conjunto y específico. A nivel del Estado Mayor Conjunto contaba con la Junta de Acción Sicológica (JUAS) cuya misión era la de evaluar, planificar, coordinar y asesorar sobre las actividades de Acción Psicológica, integrada permanentemente por representantes del Estado Mayor Conjunto, de los Comandos Generales del Ejército, de la Armada y la Fuerza Aérea y por el director de Comunicación Social de la SIDE, evidenciándose la íntima relación entre estas áreas y las de Inteligencia.
En sus propias palabras, la guerra psicológica es el enfrentamiento llevado a cabo por la estrategia nacional para influir en grupos hostiles a fin de lograr los objetivos políticos mientras que la operación psicológica es el empleo planeado de un blanco de la acción psicológica para influir en las conductas o actitudes a fin de favorecer o perjudicar a determinado público3. Mientras que sus métodos es toda acción que pueda obrar en forma persuasiva, sugestiva o compulsiva sobre públicos, procurando crear, afirmar o modificar sus conductas y actitudes.
Si bien su planificación era centralizada, la ejecución era descentralizada y así en cada Fuerza, cada comandante en su zona, respondiendo a la planificación estratégica nacional llevó adelante sus propias acciones, inoculando subrepticiamente un modo de percibir y entender la realidad.
La publicación en las revistas Gente, Somos y Para Ti, que mostraban a Alejandra Barry como una niña abandona por sus padres, mientras que estos habían sido secuestrados y asesinados, una nota titulada “Cómo viven los desertores de la subversión”, daba cuenta de la existencia de “Centros de Recuperación de Detenidos”, ilustradas con fotos que podrían ser de la ESMA. Más tarde y con la proximidad del mundial de futbol de 1978, se instala la campaña “Los argentinos somos derechos y humanos”. Al año siguiente, con Thelma Jara de Cabezas, quien estando secuestrada en la misma Escuela fue torturada y obligada a posar para un falso reportaje que publicó la revista Para Ti con el título “Habla la madre de un subversivo muerto”. En todos estos casos, la Armada estuvo involucrada en el diseño y puesta en escena y los medios periodísticos fueron sus cómplices.
Con el advenimiento de la democracia y los procesos de memoria pudimos correr el velo de muchas de estas campañas ideadas por la Burson-Marsteller, contratada por el gobierno de facto con el objetivo de mejorar la imagen en el exterior de la dictadura argentina, apenas iniciada la misma, con el fin de contrarrestar el desprestigio del gobierno militar en el exterior y la amenaza del aislamiento diplomático y político.
El Ministerio de Relaciones Exteriores estaba a cargo de la Armada y para mayo de 1977 a instancias de su ministro, el Vicealmirante Oscar Antonio Montes, el gobierno dicta el decreto N.º 1871 de 1977, que crea un sistema destinado a restituir una imagen real y positiva de nuestro país en el exterior (…) que se ajusta a la propuesta emanada de la Presidencia de la Nación (…) que permitirá implementar una acción coordinada con dependencias oficiales y privadas para el mejor aprovechamiento de los esfuerzos informativos”.
El organigrama, que incluye dicho decreto y que fue publicado en el boletín oficial del 26 de julio de 19774, expone la nueva Dirección General de Prensa y Difusión (DGPyD), cuya misión será la articulación de las acciones propagandísticas de la dictadura a nivel internacional. Dependiente de dicha dirección se encontraba el Centro Piloto de París que debía accionar en todos los ámbitos que corresponda con el fin de difundir hechos, informaciones y material dirigidos a mejorar la imagen argentina, completando y reforzando el funcionamiento general del sistema implementado para expandir y multiplicar localmente sus alcances. Proyectar esa actividad a otros países de Europa, utilizando como base la Central de Comunicaciones de Ginebra (…)
Boletín Oficial 26 de julio de 1977 – Decreto 1871
Cada una de las ocho carpetas que se presentan en la nota “la mentira planificada”, da cuenta de la concreción de las misiones y objetivos expresados en decretos, directivas y reglamentos sobre las acciones desarrolladas por la dictadura con el fin de perpetuarse, pero sobre todo de instalar un modelo económico y social.
Pero además esta estructura, como el caballo de Troya, escondía tras el desarrollo de sus actividades las aspiraciones presidenciales de Emilio Massera.
La Memoria, siempre la Memoria
El legado de los procesos de Memoria nos compele a repensar y reflexionar sobre las continuidades de aquellos mecanismos de la acción psicológica utilizados durante la dictadura y que reverberan hoy con metodologías y herramientas acordes al desarrollo tecnológico, mediante la utilización de otros instrumentos en lo que ya no es necesario el uso de las armas, por lo menos en los países del Cono Sur.
El lawfare es un nuevo artefacto para dominar a los pueblos cuyo alcance y complicidad nuevamente trasciende las fronteras nacionales. Basado en la persecución política de líderes que luchan contra las desigualdades sociales, o amplían la participación de los sectores más excluidos, generalmente comienza con investigaciones periodísticas o injurias mediáticas que son multiplicadas en todos los medios afines, nacionales e internacionales, articuladas con denuncias, investigaciones judiciales o apertura de causas. A veces bajo presión, aunque la mayoría de las veces, con la complicidad judicial.
Pareciera que la fórmula es la misma, gobiernos con Estados mínimos, economías excluyentes, concentración del capital, embajadas, servicios de inteligencia (propios y ajenos), periodistas y corporaciones mediáticas, cuyo blanco es la eliminación del opositor político a través de nuevos métodos de tortura: el hostigamiento psicológico producido por allanamientos, persecución y amenaza a familiares, delaciones premiadas, acoso y desmoralización a través de medios de comunicación, abuso de prisiones preventivas, veredictos mediáticos mucho antes del debido proceso judicial y la generación de miedo a todos los allegados y cercanos.
Pero no es la única arma (o no lo será): Un documento reciente de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) define a la “Guerra Cognitiva” como el nuevo tipo de guerra, un nuevo dominio de la guerra cuyo campo de batalla está dado en las mentes con el fin de dominar opiniones, ideas, percepciones y sentimientos de la humanidad pensados como objetivos militares. Esto es mucho más que el control de la información, es la lucha por controlar, y por lo tanto poder alterar, la forma en que las personas perciben y reaccionan a la información. Para la OTAN es “la militarización de la opinión pública por una entidad externa para el propósito de influir en la política pública y gubernamental y desestabilizar instituciones”.
Conscientes de la capacidad de las redes sociales para transmitir información, verdadera o falsa, a miles de millones de personas en pocos minutos, pretende utilizar los algoritmos para identificar a posibles receptores susceptibles y más dispuestos a su difusión.
En un momento de debate mundial sobre el “derecho a olvidar” y de discusión de los marcos regulatorios para los servicios de búsqueda, en el que además florecen los discursos negacionistas se reeditan las discusiones sobre qué se recuerda y que se olvida, el derecho a la verdad, lo privado y lo público y el acceso a la información.
Por detrás, siempre están los Archivos, cualquiera sea su formato.
El reto de los Archivos
El hallazgo de documentación, referida al período 76-83, siempre es de buena esperanza: además de su valor testimonial como prueba para los juicios o como parte de la reparación integral de las víctimas, aporta mayor amplitud de conocimiento sobre nuestra historia reciente, permite comprender las luchas políticas y sociales, abriga la ilusión de encontrar información del destino final, enterramientos y a quienes fueron entregades les niñes que faltan.
¿Por qué creemos en la información de estas ocho carpetas? Dada la numeración de las mismas podemos suponer que al menos existieron 484 carpetas, porqué lamentamos la inexistencia de todas las que faltan.
El modo de rescatar la documentación que aquí se presenta, también permite pensar el lugar de los documentos que conforman los archivos de las instituciones: qué se guarda, qué se destruye y cómo se regula esa actividad.
Los Estados son burocráticos, necesitan serlo para administrar, gestionar y garantizar sus políticas públicas. Los Estados autoritarios, que no son la excepción, incorporaron en su burocracia la gestión y administración del “estado terrorista” (E.L. Duhalde).
Cada documento que provenga de un archivo oficial emana su autoridad. Al conjunto de documentos generados por la actividad de una persona u organización, en este caso la Dirección General de Prensa y Difusión, se la denomina Fondo, mientras que cada carpeta, podríamos decir que, es un expediente, porque trata de un mismo tema o asunto. Los expedientes son indivisibles, es un eslabón en una cadena que está inserta en un contexto que le da un valor que no tendría el documento aislado por sí mismo15.
Contar con el fondo generado por dicha dirección, permitiría seguir el hilo de Ariadna, hacer el recorrido, saber de los asuntos y sus jerarquías según los tiempos, quienes eran sus destinatarios y quienes las personas que lo firmaron.
Y esa es la clave para comprender la importancia de garantizar la protección de los documentos y archivos, sean estos de las Instituciones del Estado o de las empresas privadas, (a través de los procesos de Memoria, Verdad y Justicia ha quedado demostrada la responsabilidad y complicidad en las privaciones ilegales de la libertad, los tormentos, homicidios y la desaparición de sus trabajadores).
Cuando un documento se encuentra archivado o en guarda en un lugar designado como archivo, no deja de estar sujeto a interpretaciones. Al contrario, el acto mismo de conservar un documento, cualquiera sea su soporte (papel, foto, película, etc.), y que haya ameritado su preservación, su clasificación y almacenamiento, implica un conjunto de decisiones y prácticas que no son ingenuas, aunque no todos estos actos sean cuidadosamente planificados, y en muchas ocasiones tanto los documentos como sus organizaciones y descubrimientos parecerían estar marcados por eventos fortuitos. El archivo no es un simple depósito organizado (o no) y preservado de cierta manera, es un espacio en el cual y a través del cual se atraviesan y conjugan relaciones sociales y formas de poder.
Toda organización vehiculiza su propio pasado y la imagen que forjó para sí misma, además ejerce un trabajo de control sobre esa imagen que implica una oposición fuerte entre lo “subjetivo” y lo “objetivo». La clasificación, organización y protección de los documentos en los lugares donde fueron generados permite que los mismos no sean desmembrados, que no pierdan el contexto histórico institucional ni su procedencia, con la posibilidad de reconstruir y contextualizar de forma privilegiada cómo, dónde, quién y para qué fueron producidos.
Por eso el hallazgo de estás ocho carpetas habla por ausencia de las que faltan, de lo que no podremos reconstruir completamente, de lo que quiso ocultarse. Por lo tanto, ¿será momento de repensar una política pública que tenga una perspectiva futura, con una mirada que incorpore las nuevas tecnologías, que garantice la protección de los mismos en el lugar donde fueron generados y el acceso a los mismos por parte de la población en general como un derecho? Porque la Historia se disputa y construye a diario.
Sostener los archivos dentro de las instituciones donde fueron generados permite un intercambio fluido entre la institución y la sociedad que favorece a transformar internamente la cultura del secretismo y del “Estado Terrorista” que aún resiste entre sus pliegues.
*Stella Segado es Lic. en Gestión de Políticas Públicas y Coordinadora del Área de «Memoria y Archivos» de Territorios Clínicos de la Memoria.
1 Es importante aclarar que el término utilizado es sicológica, y estaba inspirada en la corriente conductista que aborda el estudio de la conducta humana observable para predecirla y controlarla y cuyo objetivo es conseguir una conducta determinada.
2 Los sótanos de la dictadura. V. Loredo Rubio- S. Segado, 2021
3 RC 5-2 Operaciones Sicológicas (1968). IGM.
4 Boletín Oficial de la República Argentina, 26 de julio de 1977.
5 Dictionary of Archival Terminology. Diccionario de términos archivísticos. Múnich [etc.]: K. G. Saur, 1988.
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