Skip to main content
Publicaciones

Lo Psi-Jurídico en torno a los juicios por delitos de Lesa Humanidad en la Argentina. ¿Qué sujeto?

By 31 diciembre, 2020agosto 27th, 2021No Comments

Proyecto de Extensión Palabras que abren Puertas. Ciclos de escritura, lectura y conversación en contextos institucionales

Conversan:
Rousseaux, Fabiana. Psicoanalista Lic. en Psicología / Soiza Reilly, Mercedes. Abogada, Fiscal Ad hoc / Vega, Marina. Lic. en Psicología
Coordina: Sánchez, Mariela. Lic. en Psicología
E-mail: marielaeduarda@yahoo.com.ar / fabianarousseaux@hotmail.com
Desgrabación y 1ra Edición: Gorosito, Victoria / Timón, Marcelina
2da Edición: Estela Aganchul

 

Resumen

El presente es un simposio convocado por el Proyecto de Extensión “Palabras que abren puertas” en el marco del Séptimo Congreso Internacional de Investigación en Psicología, desarrollado en la Facultad de Psicología de la UNLP en el año 2019. En el mismo se desarrollan tópicos tales como la interpelación del discurso jurídico por parte del discurso psicológico y psicoanalítico, posibles aportes y tensiones entre ambos discursos, el lugar y valor de los testimonios de las víctimas de crímenes de lesa humanidad en nuestro país. En este sentido, también se aborda la categoría estatal de “víctima” y su entrecruzamiento con la figura de testigo que dé lugar a la emergencia del sujeto.

 

Mariela Sánchez: ¿Por qué el Proyecto “Palabras que abren Puertas” convoca a este simposio? ¿Qué articulación es posible con el trabajo incansable de quienes hoy me acompañan en esta mesa y vienen trabajando en torno a las Políticas de la Memoria? Ante estas preguntas se me ocurrió partir de un texto que extraje del prólogo de Jorge Foa Torres, del último libro que compiló Fabiana Rousseaux, Legado y Memorias. Debates sobre el futuro anterior:

“… Residen los fundamentos para un estado de Derecho otro. Las bases no ya para un Estado de Derecho en su forma liberal. Forma ésta devastada por el circuito ilimitado del (pseudo) discurso capitalista. Sino los fundamentos para la invención de una modalidad otra de institucionalidad en donde los conceptos de sujeto, testimonio y lazo social ocupan un lugar nodal”. (2019: 9) Jorge F. Torres

También quisiera que pusiésemos nuestra atención en una declaración –supongo que vamos a conversar sobre esto–, la declaración ofrecida por Fabiana  como testigo de concepto  en el marco de la megacausa Jefatura II / Arsenales II, en la provincia de Tucumán y que fuera incluida en el libro que ella escribió junto al ex Secretario de Derechos Humanos de la Nación (Duhalde, E.L., Rousseaux, F., 2015). Es impresionante, en primer lugar, soportar algunos modos de los fiscales y su manera de interrogar en el marco de un juicio –algo sobre lo que vamos a poder pensar hoy. Por suerte, también se encuentra hoy aquí Mercedes Soiza Reilly y podremos analizar cuál es la relación con lo “psi” –por llamarlo de un modo más genérico– con los testimonios. En la compilación Lacan en las lógicas de la emancipación (Appleton, T. Y Raymondi J. A., 2018), Fabiana escribe el texto “De la consistencia a la conjetura. Políticas públicas de Estado: Sujeto”,  y dice: “Allí me topé con la diferencia central que introdujo Jorge Alemán entre subjetividad y sujeto, lo cual me permitió establecer una orientación de la clínica al interior de la lógica generalizable de las políticas públicas. ¿Cómo custodiar ese lugar?”.

Bienvenidas, les damos la palabra

Fabiana Rousseaux: Mercedes es la ex fiscala de la megacausa ESMA y es una de las fiscales que sostuvo la posibilidad de interlocución entre ambos discursos a lo largo de todo el proceso de los juicios en Argentina, así que la vamos a escuchar primero a ella.

Mercedes Soiza Reilly: Gracias Fabiana. Buenas tardes a todas y a todos, agradezco la hermosa invitación que me hicieron para participar en este encuentro. Estar en esta Universidad rodeada de estudiantes interesadas e interesados en dialogar sobre lo psi-jurídico es alentador y más cuando está relacionado con el espacio en que venimos trabajando desde hace algunos años: los juicios donde se investigan graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el terrorismo de Estado en la década de los años 70.

Antes de comenzar mi exposición quisiera preguntarles: ¿quiénes de ustedes asistieron alguna vez a algún juicio oral y público como testimoniantes? Veo una sola mano levantada. Una segunda pregunta: ¿quién de ustedes confía en la Justicia Argentina? Y sí, no veo ninguna mano levantada. Antes de relacionar estos interrogantes y sus respuestas con el tema que nos convoca, es conveniente que reflexionemos sobre algunas cuestiones.

Los y las sobrevivientes de los centros clandestinos de detención atravesaron un largo camino para llegar a testimoniar. En este camino se presentaron ante la Justicia. Estos procesos se lograron, fundamentalmente, gracias a estos testimonios. Tanto las víctimas como los operadores de justicia tuvimos una gran tarea por delante. Los primeros, la tarea de escuchar; los segundos, la pesada carga de no olvidar. El testimonio pasó a tener un alto valor probatorio y se transformó en algo irremplazable.

En estos procesos, la justicia le iba a mostrar a los y las testimoniantes un lenguaje nuevo, casi incomprensible. ¿Y cuál es el lenguaje que la justicia muestra en las salas de audiencia? Es el lenguaje del exceso ritual. Exceso de normas que cumplir. Por un lado, tenemos un Código Procesal que respetar, normas penales que respetar, tenemos que garantizarles a los imputados un juicio justo y, en esta idea, tenemos que cumplir determinadas formas rituales demasiado excesivas y, muchas veces, incomprensibles. Y tenemos que cumplirlas para llevar a buen puerto lo que hoy son las más de 900 condenas a genocidas en toda la Argentina.

Lo que digo con esto es que nuestra tarea fue pensar, por un lado, ¿qué le pasa al testigo cuando se enfrenta en las causas, a la declaración? Y, por el otro, ¿qué le pasa a la Justicia cuando tiene que hacerle preguntas a ese testigo para que pueda llegar a reconstruir los hechos y así poder juzgar a los culpables?

Primero, yo tampoco creo en la Justicia, al menos no de cualquier modo, porque tal vez pensaron que la pregunta inicial la hice para decirles «chicxs crean» y no, no es así. La justicia no estaba preparada y, en algunos casos, vemos que aún no lo está para enfrentar el inmenso desafío que es escuchar a las víctimas, percibir el dolor y el trauma de éstas y proteger, a la vez, su integridad personal, tanto física como mental.

Lo que a mí me pasó a nivel personal y sí me hizo repensar el tema del testimonio fue la presencia en el discurso jurídico de la interdisciplina. Y esto lo pienso desde el primero de los juicios en que me tocó representar al Ministerio Público Fiscal, el día en que cruzaron las puertas de la Fiscalía Fabiana Rousseaux y Juan Ríos, dos profesionales del campo Psi y miembros de los equipos de acompañamiento a testigos en los juicios de lesa humanidad pertenecientes a la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Ambos ingresaron a la oficina ese día, y me dijeron: «quienes testimonian, las víctimas de lesa humanidad, llevan consigo un trauma». Por primera vez, un/a psicólogo/a acá, en la oficina, en la Fiscalía. Recuerdo que personas del equipo de la Fiscalía me decían: “pero ¿para qué escucharlos?». Y yo pensaba: «a mí me interesa, quiero saber por qué el discurso jurídico está siendo interpelado por otros actores».

Porque lo extremadamente rico en los juicios de lesa humanidad es que el testimonio, además de irremplazable, tiene una potencia indescriptible y la justicia debe asumir ese desafío si tiene intenciones de promover la palabra de las víctimas al interior de las salas de juicio. Lo que tenemos que tener presente es que en estos procesos se disputa la apropiación política del pasado, se reconoce la militancia, se dignifica la palabra, se transita el verdadero dolor de una madre que pierde a su hijo/a, se confirma que pasaron 40 años de impunidad. Es entonces cuando todas esas lecturas deben ser leídas en otra clave, no como un discurso únicamente jurídico formal, que use los tradicionales mecanismos de la administración de Justicia, sino con la presencia de un lenguaje diferente, quizás más alejado del exceso ritual y más del lado de lo interdisciplinario.

Sin ir más lejos, cuando la Cámara Federal de Casación Penal de manera colegiada advierte, en el año 2012, que debíamos morigerar los efectos duros del Código Procesal Penal de la Nación, dicta la Acordada 1/12 porque había cuestiones que no podíamos seguir sosteniendo en un Código Procesal que no estaba pensado para ser usado en estas causas. Y no me refiero solamente a los juicios de lesa humanidad sino también, por ejemplo, al juicio donde se investigaron las muertes del 19 y el 20 de diciembre del año 2001, tras la brutal represión estatal. En ese entonces, era necesaria la promoción del uso de reglas prácticas para agilizar el trámite de las causas complejas en todo el país.

Digo esto porque, en los procesos de justicia que se desarrollan en la actualidad, se sigue utilizando un sistema procesal que resulta obsoleto y no es acorde con los tiempos que corren ni con las necesidades que presenta el sistema de administración de justicia.

Esta Acordada, que viene a modificar los excesos duros de las normas procesales, posibilitó una mejor operatividad de estas normas. Por ejemplo, en la regla quinta menciona el “tratamiento de los testigos” y explica que las audiencias testimoniales deben ser filmadas, entonces si existen registros fílmicos no es necesario que la víctima, si no lo desea, vuelva a repetir la historia traumática –es decir, testimoniar una y otra vez–. Agrega, también, que los jueces deben tener en cuenta los casos en que la presencia de la víctima pueda poner en peligro su integridad personal, su salud mental o afectar seriamente sus emociones, a fin de evitar su innecesaria o reiterada exposición y revictimización.

Y eso no es todo, también dice que la víctima tiene que tener apoyo y acompañamiento, es decir colaboración de los programas de protección estatal. El programa del Centro Ulloa[1], por ejemplo, fundado y dirigido por Fabiana Rousseaux y Victoria Martínez, a instancias de Eduardo L. Duhalde, ha dado cuenta de ello y trabajado en este campo.

Estos programas nos vuelven a insistir en lo imprescindible que es abrir el debate sobre los tradicionales mecanismos usados en la administración de justicia en la Argentina. Por eso, cuando yo les digo «no creo en la justicia», sabiendo que existen Acordadas y muchísimas interpretaciones favorables, en la actualidad, aún se sigue castigando a un testigo solo por el hecho de ser “ajeno” a ese sistema de justicia.

Los jueces, las juezas, las fiscalas, los fiscales damos por sentado que ustedes conocen el sistema de justicia y, como vimos acá, solo una persona levantó la mano haciendo referencia a que estuvo sentada alguna vez en una sala de juicio. Para aquel entonces, las madres, los familiares, los hijos y las hijas, nunca habían tenido contacto con la justicia, de hecho nunca habían tenido por qué acudir a ella. Lo cierto es que fue muy difícil encarar esa tarea para ellas y ellos. Insisto, por suerte contamos con el trabajo de los psicólogos y las psicólogas que acompañaron a cada testimoniante en el antes, el durante y el después de cada relato. Y esto fue verdaderamente un cambio sustancial al interior del sistema de justicia.

En el último libro Legado y Memorias, Debates sobre el futuro anterior, que compila la asociación civil Territorios Clínicos de la Memoria cuya directora es Fabiana, se menciona la idea de un “Estado de Derecho otro”. Un Estado de Derecho pensado de otra forma. No podemos seguir pensando al Estado de Derecho en su forma liberal. El Estado de Derecho que ahora contemplamos es con la inclusión de estos sujetos sociales, con el testimonio y con el derecho al lazo social (como bien marca Foa Torres en el prólogo). Es decir, se ha recuperado un espacio de resistencia y persistencia del legado en la lucha por los derechos humanos (Barros y Morales), (Rousseaux, F., 2019). Estos sujetos sociales recuperan espacios e ingresan con mucho poder y mucha potencia, articulando con la justicia lo que se venía llevando a cabo dentro de los movimientos sociales. Y menciono, también, a los movimientos feministas que se han instalado en las salas de juicio. Los movimientos en las calles han repercutido en el sistema de justicia patriarcal que necesita imperiosamente nutrirse de ese discurso feminista. Antes de este ingreso, el discurso jurídico no estaba atravesado por la perspectiva de género en sus sentencias ni en las investigaciones, hoy eso comienza a cambiar.

Entonces, piensen cómo vamos superando todas estas etapas para llegar a un modelo de justicia lo más ideal posible, que nos represente a todos y a todas.

Tengo una última pregunta que le quiero hacer a toda la sala, para después poder generar un conversatorio, porque me interesa hablar con todas y también con las panelistas, en especial con quien hace trabajo en cárceles. Digo esto, porque también tiene que ver con el tema que nos convoca: la palabra adentro, al interior del centro clandestino, también nos hace pensar y reflexionar sobre la palabra al interior de los espacios concentracionarios como las cárceles. De esto se habló mucho en el juicio ESMA, fundamentalmente lo mencionamos en el alegato que encabecé como representante del Ministerio Público Fiscal. Hablamos también de cómo era ese espacio concentracionario desde lo femenino, analizando el relato de las mujeres, qué pasaba con los crímenes sexuales invisibilizados durante años y qué ocurría con las mujeres que declaran sobre estos crímenes.

Como ven, hay muchísimo de lo que podemos hablar y me gustaría que ustedes también marquen la agenda para poder hacer una conversación entre todes. La otra pregunta es: ¿Quiénes de ustedes fueron alguna vez a un juicio oral y público en la Argentina donde se juzgan crímenes de lesa humanidad?, cuento 4 personas, exceptuando a las psicólogas que asisten a las víctimas. Claro, ustedes me dijeron que no creen en el sistema de justicia, pero yo les puedo asegurar que en los juicios de lesa humanidad están pasando otras cosas y sería muy importante la mirada de ustedes en esos juicios, los y las animo a que vayan, hagan el sacrificio, sé que por los horarios resulta bastante complicado. Un dato, acá en La Plata se desarrollan juicios de lesa humanidad. Incluso en esta Universidad funcionó un BIM, un Batallón de Infantería de Marina, espacios que nutrieron de soldados a los grupos de tareas que participaban en los secuestros de las víctimas. Me parece que ustedes están atravesados y atravesadas por toda esa historia, por este espacio, pero también por lo que estudian, entonces las y los invito a que realmente participen en los juicios para poder entre todas y todos hacer justicia, esa justicia que todos y todas queremos (aplausos).

 

Fabiana Rousseaux: Muchísimas gracias por la invitación, es un honor, y también gracias a los y las que están entre el público porque, como muchos y muchas, desde hace varios años venimos pensando y construyendo políticas en torno a la memoria en la Argentina. Cuando Mercedes preguntaba estas cosas, yo también pensaba, ¿cuántos de los estudiantes de esta carrera, que circulan por este edificio, saben que aquí funcionó el BIM 3? Quizás sí saben algo de esto, pero es una incógnita saber cómo se resignifica el hecho de estar tan familiarizado con este espacio físico, ¿no? Y eso también hace a la construcción de políticas de memoria. Hace un tiempo di una charla con unas compañeras en la Universidad de Luján.  En el lugar donde se hizo el conversatorio, del otro lado del predio, había funcionado un centro de menores y algunas investigaciones revelan que durante la dictadura fueron llevados allí algunos hijos de desaparecidos. Muchos de los alumnos se enteraron en ese momento, en esa charla, quizás no es exactamente que no lo supieran, pero se enteraban ahí de una dimensión nueva, resignificada podríamos decir. A pesar de una cantidad significativa de trabajos realizados para la reconstrucción de ese espacio y algunas actividades sobre las políticas de memoria realizadas en ese sitio, las caras eran de sorpresa. Muchas de las instituciones públicas en la Argentina están montadas sobre estos lugares y este aspecto hace a las políticas de memoria. Tenemos mucho trabajo por delante en Buenos Aires, pero también en muchísimos sitios del interior del país. Cuando lo recorremos se ve la cantidad de lugares donde funcionaron centros clandestinos de detención y cuántos de estos lugares estuvieron a disposición de la puesta en marcha del genocidio. Cuántas instituciones públicas se clandestinizaron o dispusieron alas de los edificios públicos para las tareas clandestinas mientras seguían funcionando, al mismo tiempo, como escenarios estatales. Es realmente muy impactante.

Y esto me trae otro recuerdo. Hace unos años fui a dar un curso a un hospital en Jujuy, en la ciudad que se conoce como Ingenio Ledesma, aunque el pueblo se llama Libertador General San Martín, pero todo el mundo lo conoce como Ledesma, todos le dicen Ledesma al hospital, al club social, todo está invadido por ese significante “Ledesma” que es el nombre otorgado por el ingenio azucarero de los Blaquier y, debido a la estructura panóptica del lugar, todo está “invadido de Ledesma”. Cuando entré al hospital lo primero que le pregunté a unas personas que estaba en el servicio de Salud Mental era el nombre del hospital, y me dijeron «Ledesma», y les pregunté, “pero, ¿no tiene otro nombre?». Bueno, tuvimos que ir a buscar el nombre del hospital en la placa de la entrada, resulta que se llamaba “Oscar Orías”, en homenaje a uno de los fisiólogos más importantes de toda América del Sur, nacido allí. Esto pasó hace 5 o 6 años, no pasó hace 40. Estaba totalmente borrado su nombre del hospital.

Pensar acerca de las políticas de memoria en nuestro país es una responsabilidad de todos y, particularmente, de quienes provenimos del campo de la salud mental que quizás no habíamos pensado en esto hasta hace pocos años, ya que en la formación casi no existe, en los cursos que se ofrecen en la formación de posgrado tampoco existe.  Quizás no se nos había ocurrido nunca que podíamos aportar a los procesos de construcción de memoria y de justicia en relación a los delitos de lesa humanidad en nuestro país. Esto que digo lo pude verificar cuando, al comienzo de mi trabajo en la Secretaría de DDHH de la Nación en 2004, comencé mis conversaciones con Duhalde y Victoria Martínez sobre la actualidad que las marcas que el terrorismo de Estado habían provocado no sólo en los sobrevivientes sino en toda la sociedad, y qué forma tomaban por esos años –estamos hablando de un período anterior a los juicios, incluso–, qué forma tomaban las demandas sobre la necesidad de hablar acerca de lo que les había ocurrido a los sobrevivientes y sus familiares, las respuestas que se encontraban en ese momento por parte de nuestros propios colegas eran: “no es bueno que recuerde tanto”, “le hace mal…”, “pasó mucho tiempo”,  “olvídese”,  “¿para qué va a volver sobre ese tema?” o, directamente, “acá en el hospital nadie trabaja ese tema, entonces tiene que ir con alguien que trabaje sobre derechos humanos”. Imagínense que, en el año 2004-2005 todavía muchos psicólogos de los servicios públicos de salud no se sentían responsables de atender estas temáticas, a pesar de haber transitado –en su gran mayoría– por universidades públicas, además por ser ciudadanos de este país habitado por esas marcas. Como siempre digo, somos ciudadanos de un país que todavía convive con cerca de 350 personas desaparecidas vivas, que son aquellas personas que siguen apropiadas, que nos cruzamos y convivimos con ellas y ellos y no sabemos quiénes son, y todavía en  nuestra sociedad  hay 21.000 nombres –por lo menos–, que no se han podido unir con sus restos óseos, nosotros todavía convivimos con esos crímenes.

Entonces, si partimos de esa idea, ningún profesional de la salud mental –nadie, pero especialmente ningún profesional de la salud mental–, puede decir que estamos lejos de esos hechos, que son hechos del pasado o que ya no estamos afectados por sus marcas. Nosotros estamos inmersos en esos hechos y por supuesto que, a pesar de la enorme tarea, a pesar de que a nivel internacional Argentina se convirtió en una referencia sobre esta temática y de haber sido reconocidos entre tantas otras cosas en este campo, también por la incidencia que el discurso “psi” tuvo sobre los juicios por delitos de lesa humanidad, así y todo algunos colegas siguen pensando que éste no es un tema que nos atraviesa a todos. Entonces me quiero basar en esto que decía Mercedes, en relación a la justicia como un escenario donde se juega un exceso de ritualidad, y cómo eso nos llevó al inicio de la tarea que instituimos desde la Secretaría de DDHH de la Nación, como les mencionaba anteriormente. Si yo tuviera que tomar en una frase la idea central que constituyó el objeto de creación de un equipo de psicólogos a comienzo de los 2000 desde el Estado, tengo que referirme a la actualidad del trauma derivado del terror de Estado, es decir, articular o por lo menos interrogar de qué temporalidad estábamos hablando cuando nos remitíamos a los problemas o a las consecuencias de los delitos de lesa humanidad en ese momento. El intento primero fue desarmar la idea de que esa temporalidad de los hechos era una temporalidad cronológica, y llevar eso al terreno de las consecuencias. Entonces, de entrada estábamos introduciendo un sujeto diferente al sujeto de los meros hechos objetivables, estábamos introduciendo al sujeto de la temporalidad lógica, una temporalidad inconsciente, que es el Sujeto que va a responder en la escena judicial cuando se lo interroga acerca de lo ocurrido, y ese Sujeto que responde no coincide casi nunca con el Sujeto al que el derecho penal le dirige sus preguntas.

El derecho se dirige al sujeto del discurso positivista, un Sujeto que no tiene fisuras, no tiene fallas, que tiene la memoria intacta, completa, que responde siempre igual, que responde igual en el Juicio a las Juntas (1985) como en los Juicios de la Verdad (2000) o en los Juicios penales que se dieron a partir del año 2006 con los debates orales.  Es decir, no puede modificar su respuesta porque no hay derecho al olvido, no hay derecho al equívoco, no hay derecho a la falla. Es un Sujeto que responde ante el hecho objetivo y no debe salirse del relato de ese hecho. Es lo que decía Graciela Daleo (sobreviviente de la ESMA) al comienzo del proceso de los juicios. Ella decía algo así como –les recomiendo la entrevista que le hacen en la revista La Vaca Mu (Graciela Daleo, 2009)–: “los jueces nos tratan como si fuéramos grabadores, que nos encienden con el on y apagan con el off”, se estaba refiriendo a que si ellos en el testimonio se salen de lo que los jueces esperan, todo eso va a parar a la nada y parece inservible, no forma parte de la construcción de la prueba, sin embargo para ellos/as, por las condiciones en que han sido secuestrados/as y han estado detenidos/as –recordemos que el Estado ha clandestinizado sus crímenes y ha intentado borrar lo poco que había dejado escrito–, el modo en que los interroga la justicia en muchos casos les hace imposible responder. Entonces ese sujeto dividido, tachado, barrado, que se olvida y que además “necesita olvidar” y que además “necesita equivocarse” para poder darle un sentido nuevo y poder nombrar lo que es innombrable, nos sitúa  en el terreno del discurso extremado, estamos en el terreno de lo que no se puede nombrar, y cuando uno además transitó por una experiencia clínica en relación a esas problemáticas y a ese campo de las consecuencias subjetivas, esto lo percibe inmediatamente, hay muchas personas que para poder dar una declaración necesitan poder pasar por este campo de las fisuras en esa memoria, para decirlo con una situación concreta: durante muchos años escuché a una paciente que iba a declarar en juicios por delitos de lesa humanidad, pero cuando fue citada –casi un año antes de que su declaración se efectuara– empezó a tener muchos sueños, y lo que refería es que en esos sueños la desesperación que la invadía era que cada vez que se sentaba en el banquillo a hablar, en lugar de sentir que era una víctima en ese juicio, se sentía  sentada en el banquillo de acusados y que, en el sueño, cuando le preguntaban si ella había sido víctima de tal delito, contestaba  “no, yo soy culpable”. Esto la tenía totalmente angustiada y aterrada, al punto que dijo: “renuncio a declarar, porque el día que lo haga voy a terminar presa porque me voy a autoinculpar y no tengo la menor idea por qué eso aparece”. Bueno, fueron muchos años de análisis y muchísimos recorridos en donde es muy importante también que, si uno se dedica al campo de asistencia a víctimas, pueda renunciar a saber todo de entrada, al igual que con cualquier otra persona que consulta en un análisis. Ella se sentía culpable de haber sobrevivido a las experiencias atroces que vivió, mientras muchos de sus compañeros y compañeras continuaban desaparecidas. No podía salir de ese sitio y el retorno insistente y dramático volvía a imponérsele cada vez.  Vamos a hablar un momento sobre qué es una víctima y qué pasa a partir de que el Estado le pone el mote de “víctima” a una persona, en qué se constituye su vida, cómo cambia, qué consecuencias tiene, etc. Si es la pura víctima y entonces nos dirigimos a ella de ese modo, lo cual es un imposible por definición, o si hay otros nombres que puedan sobrevivir a la condición de víctima, porque la víctima es una figura del exceso, a la víctima se le pide todo y la víctima entra en un circuito ilimitado de demandas ya que hay algo ahí que se vuelve una especie de mar de goce –perdón por el concepto lacaniano–, en relación a la cuestión masiva de que todo en la vida pasa a estar constituido por ese lugar, arrasando los otros nombres que constituyen al Sujeto, donde esta particular categoría de víctima, la categoría estatal que el Estado impone sobre ese sujeto, es lo único que se hace posible escuchar dentro de los desfiladeros institucionales. Es decir, en este punto me parece que hay una gran diferencia que el psicoanálisis viene a aportar respecto de lo psicosocial, respecto de esa identificación tan fuerte a la figura de la víctima que es agujerear, en alguna medida, esa marca ilimitada y hacer un lugar posible al Sujeto que sí puede hablar en nombre propio y no sólo en nombre de la víctima. Es decir, fuera de esa categoría estatal, hay otro sujeto que habla.

Entonces ese exceso de ritualización del que hablaba Mercedes, que aparece en el libro que escribimos con Eduardo L. Duhalde, y que les recomiendo especialmente para esta conversación, tiene un artículo de mi autoría «Memoria  y verdad: Los juicios como rito restitutivo” (Duhalde, E.L., Rousseaux, F., 2015), donde intento hacer lugar a un terreno dentro de la justicia que ya sabemos que busca a través de los testimonios una restitución de la memoria y de la verdad, pero esa búsqueda tiene que ser “posible”, no se puede pedir una verdad imposible, no es toda la verdad la que se puede nombrar, no hay la verdad absoluta, sino aquella a la que Lacan se refirió cuando dijo: “La verdad sólo puede ser dicha a condición de no extremarla”, es decir, una verdad posible para cada sujeto, sobre todo cuando se está atravesando por el desierto del rito de la justicia. Ese testimonio y ese pasaje sólo podrán constituirse en un rito que restituya algo de la dignidad a ese sujeto, si paradójicamente deja emerger su condición de no-todo-víctima.

Mercedes Soiza Reilly: Fueron tiempos difíciles para las víctimas, el Estado represor era el mismo Estado al que le reclamaban justicia, era reclamarle al Estado que torturó al hijo o hija desaparecido/a.

Marina Vega: Me quedé pensando en que siempre que hablamos de delitos de lesa humanidad es necesario poder historizar, hay una necesidad política, real y también subjetiva, de dar un marco de historización de lo que ha sido el recorrido del juzgamiento a los genocidas. Cuando hacían mención del juicio a las Juntas, no dejaba de recordar que, cuando uno mira los audiovisuales que existen y aún son materiales de consulta sobre la época, se puede ver la crudeza de esos testimonios, de sus relatos inherentes a las condiciones humillantes e inhumanas de su detención. Y allí podemos observar –parados en este momento histórico– que  aparece un lugar para la justicia, que claramente no estaba pensado ni habilitado para contener la experiencia vivida por las personas que daban sus testimonios de tamaña descripción y atravesado por lo traumático, específicamente el relato de los delitos sexuales cometidos en el marco del terrorismo de Estado y que en ese momento claramente constituía, en el mejor de los casos, una forma de tortura más, no había posibilidad de alojar una escucha particular de ese hecho horroroso. Sirve para ilustrar el testimonio dado, en el juicio a las Juntas, por una mujer que relata su detención y describe todo tipo de violencias y da detalles de los abusos y violación sexual de los que fue víctima ella y sus compañeras de detención. Ni bien finalizado ese tramo del testimonio, el presidente del Tribunal –sin mediar ningún comentario ni agregar nada al tema– solo le pregunta si pudo reconocer a algún detenido más. Nada de lo dicho había podido ser escuchado.

Por esto insisto en la necesidad de reconstruir la historia de lucha y resistencia en el camino por la Memoria, la Verdad y la Justicia, porque es el efecto de una vivencia traumática que claramente se constituye como catástrofe social, deja marcas, deja heridas y todo el recorrido durante y posterior al terrorismo de Estado pudo facilitar una experiencia colectiva de resignificación. Y en este sentido, en el juicio a la Junta Militar incluido su posterior tiempo de impunidad, todo el movimiento de organismos de derechos humanos con las madres, los familiares, los ex detenidos y, luego, la ebullición social de los noventa, el surgimiento de HIJOS, fueron con sus demandas de restitución de derechos, a exigirle a un Estado que sostenía a dos demonios igualmente “culpables”. A partir de esto se fue configurando una noción de quiénes eran las víctimas y dónde estaba el lugar de la responsabilidad de los acontecimientos del pasado reciente.

Creo que si hay algo que nos marcó a los que éramos militantes en los 90′ y también a toda una sociedad y a una generación, tiene que ver con haber hecho una transformación absoluta del lugar del Estado en el reconocimiento de todo lo que tenía que ver con la dictadura cívico-militar. Por lo cual en los últimos años, conceptualmente, la noción de terrorismo de Estado empezó a ser una categoría que logró anudarse a la idea del juzgamiento de sus genocidas, y ese Estado pudo  sostener y alojar a quienes fueron estas “víctimas” desde un lugar muy interesante en relación a lo que planteaban Fabiana y Mercedes, un lugar donde prima la verdad subjetiva que siempre abre puertas para anudar simbólicamente, de ahí que devino también necesario el trabajo de acompañamiento para esas personas que pasaron por una experiencia catastrófica.

La consideración sería, entonces, partir de un Estado que se erige como responsable frente a lo ocurrido por el terrorismo de Estado como un crimen de lesa humanidad, disponiendo de recursos y decisiones en la construcción de la política pública para facilitar las condiciones de la intervención de la justicia.

Desde este posicionamiento del Estado es de donde también surgen nuevas aristas para la concepción de «víctimas» en tanto, en un doble movimiento, el Estado reconoce la violencia ejercida y sus efectos, a la vez que pone en escena el grado de vulneración y desvalimiento ocasionados a quienes fueron sus damnificados. De esta manera, la condición de “víctima” puede ser resignificada, se brinda un marco propicio de elaboración y, por lo tanto, se inaugura para esta población una acción política reparadora ante el horror perpetrado.

Una política de Estado que confluye en la producción de subjetividad, logra un impacto en la misma, ante la cual no da lo mismo los lugares que se asignan y las condiciones de existencia que de ahí se desprenden. Y con esto considero que ese punto de partida de una nueva presencia estatal se da a partir del gesto del Presidente Néstor Kirchner en el año 2004 de “bajar los cuadros”, donde éste asume, encarna, el lugar simbólico del Estado. Aparece finalmente el imperativo de ley después de tantos años de impunidad y ordena el lazo social en tanto logra eficacia en el reconocimiento del lugar del horror del pasado y la necesaria intervención de la justicia para reparar el daño a la sociedad toda.

En el año 2006, con la puesta en funcionamiento de los juicios de lesa humanidad, logra corporeidad el lugar de la víctima en tanto función de testigo que relata, es decir el lugar de la víctima devenido en testimonio en el marco de un proceso judicial que habilita hablar de lo padecido; pero lo hace bajo ciertos condicionamientos. Sobre todo, teniendo en cuenta que para la justicia lo más importante son los elementos probatorios, lo que prueba fácticamente que tal cosa ocurrió. Sin embargo, para quienes venimos trabajando y abonando esfuerzos en el camino de consolidación de la memoria, claramente no vamos a desconocer la verdad jurídica, pero tenemos la responsabilidad, como política pública, de poner en consideración y relevancia ante todo la verdad subjetiva en la situación del testimoniante. Y en este sentido es donde cobra real importancia el trabajo de los Equipos de Acompañamiento, la necesidad de acompañar a las víctimas y a sus familiares en el proceso judicial, de apuntalar su recorrido, de alojar sus dudas, miedos, sus inseguridades, la actualización de su vivencia traumática, lo desconocido de la justicia que estuvo la mayor parte de sus vidas ausente, las expectativas que se ponen en juego, etc. Ahora bien, también merece recordar que los acompañamientos toman una mayor importancia y se establecen como figura central a partir de la desaparición de Julio López, en un contexto diferente y en el cual el Estado también salió a dar una respuesta. Entonces me parece que fue absolutamente necesario, porque no es lo mismo que una persona y su familia, sea acompañada y pueda tener una referencia que acompañe su tránsito por la justicia, y ese hecho nos marcó para siempre.

Hoy en día me parece que estamos ante una lógica totalmente distinta, porque fueron cuatro años de Cambiemos en el gobierno, y esto implicó una modificación y un corrimiento del Estado que no es gratuito ni casual.

También ha tenido un impacto muy grande en las políticas de derechos humanos a nivel nacional, provincial y local. Incluso considero que hoy hablamos de los juicios desde otro sentido, y no se trata de que los juicios se hayan continuado o que no estén vigentes porque siguen en pie, pero lo que me parece que sí habría que repensar y discutir es qué de esos juicios sigue en pie. ¿Sigue la dinámica de la justicia puesta sólo en el objetivo del sostenimiento del aparato judicial en materia de lesa?, ¿cómo se los acompaña?, ¿qué sentido tiene seguir declarando sobre lo mismos hechos? ¿Tiene efecto sobre los testigos los intentos de la justicia como el 2×1? ¿Cómo impacta sobre ellos la política negacionista del gobierno de Cambiemos? ¿Qué libertad tengo de contar mi experiencia de esos años?

También está presente la imperiosa necesidad de repensar este contexto para quienes trabajamos desde hace años en esta temática, hemos estado acompañando en el interior de la provincia de Buenos Aires, y vemos el impacto que han tenido las acciones negacionistas que, si bien fueron llevadas a cabo por el gobierno de turno, las instituyen como un posicionamiento estatal.

Una infinidad de preguntas se abren en este sentido, pero solo para mencionar algunas cuestiones para reflexionar, y tienen que ver con estos juicios desde la posibilidad de simbolizar, de resignificar. Me refiero a la importancia que tuvo, para muchos territorios, que los juicios se realizaran en las propias localidades donde transcurrieron los hechos, donde funcionaron los centros clandestinos de detención y demás… Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con Monte Peloni, en la ciudad de Olavarría, pero la segunda parte del juicio se realizó en la ciudad de Mar del Plata. Me parece que está bueno pensarlo en estos niveles, un nivel que tiene que ver con los juicios, la participación, el acompañamiento, qué de nuestra práctica Psi puede aportar a esta temática –que por cierto está bastante invisibilizada–, pero también dar cuenta del hoy, en qué situación nos encontramos hoy en este suelo arrasado por los cuatro años del macrismo y sus amigos. Sobre todo, porque tenemos que asumir la responsabilidad de pensarnos como profesionales de la salud y, ante todo, por los ciudadanos y ciudadanas que somos y por nuestra capacidad y gesto ético puesto siempre en la transformación social.

Preguntas del público.

Sabrina Montoya: Trabajamos en el equipo de acompañamiento de DDHH de la provincia de Buenos Aires, estos últimos años estuvimos en Monte Peloni II […] acompañamos en la Base Naval de Mar del Plata también, causa que se está llevando desde hace dos años, también hay otros juicios como Falcón, Brigada de San Justo, muchos de esos juicios se llevaron a cabo acá, en la ciudad de La Plata, en estos últimos años. Mañana de hecho –es algo importante que quiero comentar–, hay una audiencia preliminar en el juicio de los pozos de Banfield y Quilmes. Es una audiencia pública y es importante poder estar allí porque es un juicio donde se juzga “La Noche de los Lápices”, que tiene una relevancia muy grande para la ciudad de La Plata, y el tribunal tiene muchas ganas de trasladar este juicio a San Martín, por eso la importancia de acompañar y así presionar para que se lleve adelante acá

Volviendo a Monte Peloni, éste es un centro clandestino que está ubicado en Olavarría, por lo que el primer tramo de ese juicio se llevó adelante en Olavarría, con las familias, los sobrevivientes, la sociedad, etc. El segundo tramo del juicio, Monte Peloni II, se llevó adelante en Mar del Plata, en un lugar donde los familiares, las víctimas, los sobrevivientes, no participan de la audiencia, por lo tanto no se compone esa reparación social, no es lo mismo un juicio completamente aislado.

Anabela Bracco: Y como dice Fabiana, que el juicio se lleve a cabo en la jurisdicción donde ocurrió todo tiene que ver también con esta lógica en que se basa las políticas de memoria.

Fabiana Rousseaux: Sí, y además en el Monte Peloni I fue importante el involucramiento de la universidad, el involucramiento de las instituciones del Estado con lo que ocurrió desde el Estado, con los crímenes que cometió el Estado…

Sabrina Montoya: Por eso pensaba, en relación a las políticas del Estado, no es lo mismo una política que está pensando en la reparación de un daño –que ya sabemos que es simbólica–, a estos últimos cuatro años porque las políticas de reparación tienen que ver con  la reparación en términos de justicia, reparación económica en términos de una ley de reparación, la reparación social, restituyendo cada sitio como sitio de memoria, por lo cual cuando hay una política que va en otra línea, el trabajo de quienes van a acompañar también se arma diferente porque tenemos que posicionarnos de otra manera a la hora de acompañar. La secretaría de Provincia no tiene asistencia terapéutica sino acompaña, arma un proceso que tiene un inicio y un fin, no asistimos, no tenemos ese espacio.

En relación a esto de la “perspectiva” (una pregunta que realizó alguien del público) hay un punto en el cual disiento, porque no cualquier persona puede tener una escucha atravesada por derechos humanos. Aunque creo que deberíamos tenerla, hay algo que nos pasa constantemente en el acompañamiento y sobre todo en estos últimos cuatro años, y es tener que decir, en algún punto, de qué lado de la mecha nos encontrábamos, tener cierto posicionamiento y poder denunciarlo. Esto, que en el psicoanálisis se llama la abstinencia, tener que aclarar nuestra perspectiva, de dónde venimos, desde hace cuánto tiempo, es importante porque en un marco donde la política de Estado no va en la línea de la reparación tienen que poder, al menos, confiar en que quien va a acompañar no está del otro lado.

Mariela Sánchez: Sabrina, cuando decís “del otro lado”, ¿a qué te referís?

Sabrina Montoya: Lo digo desde mi posición como trabajadora desde antes de esta gestión de Cambiemos.

Público: Tuvimos una persona, hace poquito, que cuando la vamos a entrevistar nos preguntó: “¿desde cuándo están ustedes?, ¿qué piensan de esto?”.

De todos modos, es algo que pasa siempre, son las marcas que han quedado por ser perseguidos como tener cuidado de con quien hablan, en su momento no pudieron hablar y hay ciertas marcas en relación a eso, y encima cuando las políticas de Estado cambian en ese sentido –se nos ha presentado un poco eso–, se abre un espacio de confiabilidad si uno plantea cierta posición en ese sentido.

Sabrina Montoya: Quisiera aclarar que no hacemos un tratamiento especial, no es que la escucha de quien está ahí tiene que estar atravesada… para mí es un posicionamiento ético político desde la perspectiva de los DDHH, una formación que deberíamos tener todos y todas.

Fabiana Rousseaux: Efectivamente, creo que no se trata de una especialidad, pero sí una especificidad, y sobre todo se trata también del deseo de quien escucha, no se puede obligar a escuchar lo que no se puede escuchar. Esto también pasa en otras áreas, la gente que atiende suicidios, la gente que atiende la problemática de trata… pero hay una cuestión fundamental y es que hay que conocer mínimamente las coordenadas en las cuales estos crímenes de Estado han transcurrido, así como para trabajar en otros campos hay que conocer ciertas especificidades.

Esto me parece una clave clínica fundamental y que, finalmente, tiene que ver con el deseo del analista […] Ahora, esto tampoco quiere decir que todas las personas que trabajan en el acompañamiento de víctimas-testigo en juicio por lesa humanidad  o en los diversos dispositivos que abordan esta temáticas tengan que ser analistas y tengan que escuchar todo desde ese lugar, por supuesto que no; eso sería  inútil porque se trata de  una política de Estado y uno tiene que poder diferenciar lo que significa un dispositivo al interior de una política de Estado, por ejemplo desde una secretaría de derechos humanos, o  desde  la escucha en un consultorio o la escucha desde un servicio público de salud, porque este proyecto de trabajo de acompañamiento surgió en el marco de una política integral de reparación que al encarnar el lugar de representantes del Estado –y por eso pensamos en el efecto reparatorio– asume la intersección de múltiples discursos. Siempre repetimos esto: una ONG, un analista, no tienen por qué –en términos jurídicos– encarnar el lugar de la reparación, pueden encarnar el lugar donde es posible un tratamiento, pueden encarnar múltiples lugares, pero no el lugar de la reparación, porque ésta es una obligación del Estado. Entonces, si seguimos esta línea, podemos decir también que una cosa es encarnar el lugar de alguien que acompaña desde un Estado que repara en el marco de una política integral; que encarnar el lugar de alguien que acompaña desde un Estado negacionista, como fue el Estado en los últimos cuatro años y, por supuesto, el efecto de acompañamiento no tuvo nada que ver, por eso estas cuestiones quedaban en “el cuerpo a cuerpo”, porque el Estado ya no era el marco y yo creo que esto no se pensó lo suficiente en estos años, porque me parece que estuvo muy bueno sostener un dispositivo de acompañamiento […] pero si el equipo interviene en nombre de la Secretaría, si el equipo está hablando en nombre de las políticas de reparación, el dispositivo mismo se va corriendo hacia un lugar mucho menos sólido, menos consistente y sin el sentido que tenía cuando el Estado de verdad asumía esas políticas. Yo creo que el dispositivo en estos años se fue convirtiendo en otra cosa, y es un debate muy fuerte que tuvimos en relación a lo que decía Marina. Hace poco también discutíamos con una jueza en un encuentro que tuvimos, donde reinaba la idea de que “ahora vamos a retomar”, pero no retomamos en el mismo lugar, porque en el medio hubo cuatro años de un Estado negacionista y tenemos que retomar con los efectos de esto incluidos también en el discurso. Recuerdo haber discutido con un Fiscal sobre los efectos complejos que tiene el que una persona declare en el marco de un Estado negacionista, porque nosotros no podemos hacer oídos sordos a eso, porque  el acompañamiento nunca es a secas en estos juicios, forma parte de una política de reparación, y creo que fue muy importante que las víctimas supieran que había un equipo que quedaba trabajando como parte de lo que habían sido las políticas públicas que lo originaron, y que podían seguir confiando en ese equipo porque estaba construido al calor de lo anterior. Pero me parece que sin las políticas públicas de dignificación de la palabra de las víctimas no se puede, no da lo mismo y para sostener esas políticas es necesaria una articulación interestatal importante entre los poderes, de lo contrario se torna otra cosa. Por eso creo que entonces, en la construcción de lo que viene, así como cuando se piensa en el proceso de duelo en las desapariciones , no es que si se encuentran los restos de un desaparecido años después se anulan los efectos subjetivos de la desaparición, igualmente nosotros no podemos anular los efectos de cuatro años de negacionismo en Argentina, y ni hablar del contexto latinoamericano que estamos viviendo hoy, donde lo imposible se hizo posible, por eso creo que tenemos muchísimo que pensar respecto de lo que viene.

Mariela Sánchez: ¿Tiene que ver con esto el subtítulo del último libro editado por Territorios Clínicos de la Memoria, Legados y Memorias: debates sobre un futuro anterior?

Fabiana Rousseaux: “Lo que habremos sido para lo que estamos llegando a ser”, como dice Lacan, es que sin esa lectura de lo que hemos sido, no podemos pensar lo que viene y me parece que es eso lo que garantiza, en todo caso, el lazo de confianza que se establece entre la víctima y el Estado, la víctima de Estado y el Estado. No es cualquier víctima, ahí hay un punto nodal, es la víctima del Estado que tiene que confiar en el Estado que la desapareció, la torturó, la violó, etc. ¿Cómo hacemos? Si nosotros corremos esa categoría, ¡podemos encarnar ese lugar desde el Estado del mismo modo?, la reparación, ahí crujía. En Brasil, la semana pasada el Estado brasilero avanzó unos pasos más en este sentido y le está haciendo un juicio penal a una persona que denunció a la policía militar por torturas. Por eso es muy delicado el tema, porque la Comisión de la Verdad  funcionó en el momento en el que el Estado intentaba sostener políticas de reparación, y resulta que ese Estado está encarnado en otro, uno que reivindica los crímenes, entonces haber hablado recae sobre los cuerpos,.Por eso creo que todo esto hay que analizarlo con mucha profundidad, sobre todo porque siempre decimos que hablar tiene consecuencias y ahí las consecuencias son para quien habla, no para el Estado, ahí hay que hacer un corrimiento, por eso en el libro de “Lacan en Las lógicas de la emancipación” (Appleton, T. y Raymondi J. A., 2018) planteo el sentido que cobra construir una política pública para todos sin perder de vista el uno a uno, porque ahí es donde nosotros podemos pensar las consecuencias en cada caso. Mucha gente, durante estos años, declaró y sostuvo la decisión no solamente personal sino política, sabiendo a qué se atenían (Matías Manuele) puede ser distinta, pero no dejó de haber una instancia reparatoria porque esos equipos, cuando nombrábamos de qué lado estábamos dentro de esas políticas, nunca hablábamos como personas, es decir yo no soy “Matias x” siempre fui el Estado, Secretaría de DDHH, ahora en manos de este otro equipo pero, en todo caso, para reflexionar sobre la complejidad, ni fue blanco ni fue negro, me parece que tuvo instancias del blanco y también en las mejores épocas de la promoción de políticas, muchas veces no había confianza en el Estado porque era el Estado de la desaparición de López también.

[…] Así y todo me parece que se logró construir una política tan fuerte que en muchos momentos se logró distinguir esa dimensión estatal del gobierno que tuvimos y hubo todavía cierto vínculo y posibilidad de alojar en el Estado, no en la gestión…

Marina Vega: Creo que, en todo caso, la marca inaugural de la dimensión y el lugar de la política de Estado […] ha sido tan fuerte que me parece que ha alojado desde otro lugar el escenario que tiene que ver con el terrorismo de Estado, los crímenes de lesa humanidad, me parece que hay como una posibilidad de pensarse desde un lugar muy distinto, histórico, nuevo, pero con mucha apropiación, y no solamente la apropiación simbólica. Por otro lado me parece que, no sé si tiene que ver, habría que pensar lo reparador en este escenario de los cuatro años de la gestión Cambiemos, lo que sí me parece que está claro en esta coyuntura de estar a pocos días del cambio de gobierno es que, en muchas instancias en los lugares que hacen a las políticas de DDHH y políticas públicas, éstas se han sostenido en gran parte por los propios trabajadores, se puede ver en salud, en las salas de salud mental, cuando se va al que se cae a pedazos, y hay alguna forma de conectar con algún colega que resuelva determinada demanda… me parece que hay ahí otra vía con mucha posibilidad porque depende de los propios trabajadores […].

Fabiana Rousseaux:  Creo que hay que diferenciar lo que es el efecto terapéutico, donde se evalúe si hizo bien o no, el hecho de declarar; de la dimensión de la reparación en términos de la obligación del Estado, construir una política no es saber si el compañero que quedó en el programa está de este lado o no, hace falta un Estado que esté decidido a llevar esa política. Durante el macrismo uno sabía que, si no había compañeros en determinadas estructuras estatales que habían quedado de la administración anterior, no había a quién llamar, a quién apelar para tratar determinados temas, no había Estado, estas cosas quedaron a cargo de los compañeros/as que quedaron como el residuo de las políticas… Son cosas distintas que no hay que confundir […] una cosa es que una persona salga de declarar y diga “Ay qué suerte, me hizo bien, estoy aliviada”, con el efecto de la reparación del Estado y las obligaciones del Estado de asumir esa política en su integralidad. El tema de la reparación ha llevado a muchos debates, las reparaciones económicas nos llevan a otro debate que se toca con este ya que tampoco es lo mismo cobrar bajo la gestión de un gobierno negacionista que cobrar bajo la gestión de un gobierno que hace de las políticas indemnizatorias un lugar de dignificación reparador, destrabando la mera traducción económica de daño de su dimensión simbólica.

Mercedes Soiza Reilly: Retomo lo que explicó Fabiana. En la gestión del macrismo se pusieron todo tipo de trabas para el cobro de las indemnizaciones. Hubo muchísimos reclamos iniciados por los y las sobrevivientes en este sentido. Las políticas de reparación estaban frenadas. En el año 2015 decidimos continuar en materia de reparación al interior de la Justicia. Y, por ejemplo, en las salas de audiencias sucedía que los testimoniantes comenzaron a plantear otra vez el miedo a dar testimonio. ¿Qué pasaba al interior de las salas de juicio en el año 2015? ¿Esperábamos realmente lo que iba a venir?. Recuerdo el primer triunfo de Macri, algunos imputados pidieron la palabra, había otro clima en el juicio. Uno de ellos llevó una foto de Macri y Awada y la puso en el estrado cuando solicitó ampliar la declaración indagatoria. La fotografía desde lo simbólico es el acto reparatorio de las Madres cuando declaran, ellas llevan la imagen de sus hijos desaparecidos. Empezaba a verse un panorama diferente. Por otro lado, ¿qué pasaba con el testimonio? Era diferente, los testigos no querían declarar, y yo se los digo porque yo los escuché, porque me llamaban y me decían: “¿Es necesario señora Fiscal que yo vaya a prestar declaración?, y a pesar de que estaban los equipos de acompañamiento y llamábamos inmediatamente al Centro Ulloa para explicar lo que sucedía. Y a pesar de pensar que teníamos políticas públicas sólidas en materia de juzgamiento en este tipo de crímenes, estaba pasando algo. Y se sentía.

Lo primero que hace el gobierno de Macri es desmantelar los equipos de los archivos del Ministerio de Defensa y de Seguridad. Esto traía aparejado que los/las fiscales no íbamos a poder consultar más los archivos que eran base fundamental del juicio para probar las responsabilidades penales de los imputados. No puedo decir que Macri haya cerrado o haya ordenado cerrar los archivos. Pero sí que los desmanteló. Desmanteló áreas específicas y también a los equipos de acompañamiento a las víctimas, quienes quedaron reducidos. Aunque el valor de las personas que trabajan en ellos, que provenían de la gestión anterior, hicieron un gran trabajo.  Pero pensémoslo desde el lado de las políticas públicas, para ver qué nos va a pasar a futuro, ¿cómo podemos estar sólidos para que, venga quien venga, esto siga funcionando del modo en que funcionaba, aceitadamente? Sé que todos/as quienes ocupamos espacios públicos en la era macrista trabajamos con compromiso y resistiendo. Está claro, y es lo mismo que me replanteo cuando veo lo que está pasando en el continente, cuando nosotros decimos “acá en Argentina los conceptos de ‘Memoria, Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de No repetición’ están totalmente aceitados”. Pensemos en la garantía de no repetición y analicemos ¿qué pasa en Bolivia?, ¿en Chile? ¿Dónde queda la garantía de no repetición? En concreto, ¿qué pasa con los países que no revisan el pasado? ¿Cuáles son las consecuencias de no revisar el pasado autoritario?

Argentina revisó su pasado, se ha hecho mucho para que eso suceda, pero sabemos que no es suficiente. A Santiago Maldonado lo desaparecen, lo asesinan.  Rafael Nahuel es asesinado por la espalda. Ambos son casos de violencia institucional; las violencias del pasado son las violencias del presente. Entonces, pensemos y replanteemos que tal vez algo nos faltó de esa política pública o tenemos que consolidarnos de otra forma, porque yo también pensé que esto no iba a pasar, pero a mí me llamaron los testimoniantes para decirme: “¿Es necesario declarar?”. Y la verdad que no. Y yo como operadora judicial empecé a pensar que no era tan necesario que ese testigo venga a hablar de su militancia porque tenía una causa penal aún abierta después de cuarenta años, y lo podían responsabilizar por algún suceso ocurrido en la década del setenta, entonces me puse a pensar: “yo era la misma que años atrás decía que el testimonio de la víctima era fundamental en un juicio de lesa humanidad”. Lo sigo sosteniendo, pero insisto, debemos preservarlos frente a estos ataques. Esto lo quería dejar más como una experiencia práctica, de qué nos pasa y cómo tenemos que pensar a futuro, cómo consolidarnos de una manera para que estos pilares de “Memoria, Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de no Repetición” sean los pilares que permitan prevenir e impedir que las violaciones a los derechos humanos no se cometan nuevamente a futuro.

Mariela Sánchez: Fabiana, te pregunto sobre algo que has compartido en varias ocasiones, ya que estamos hablando de la reparación… en lo singular, más allá de la cuestión de la reparación económica, al parecer cada quien se repara de algún modo…

Fabiana Rousseaux: Claro, en distintos lugares, esta es precisamente la tensión que existe. Primero el concepto de “reparación” que proviene del Derecho y que su definición misma es “volver las cosas al estado anterior” o sea, nosotros ya de entrada nos enfrentamos con un imposible en el campo del Derecho y, en particular, del Derecho penal. Ahora, el problema de la reparación es que uno ya sabe de entrada que se va a enfrentar con un imposible, lo que se define jurídicamente como reparación es algo que no tiene forma de ser reparado, restituido, como tampoco la restitución de la identidad, porque la restitución de la identidad es un hecho jurídico, pero la restitución de la identidad también es otra cosa, y lo mismo sucede con la restitución de los restos óseos de las personas desaparecidas, no es que a partir de que se encuentran los restos ya está, se termina todo y el duelo se resolvió. En todo caso podemos decir que se abren las “vías de posibilidad hacia”

Entonces, en esta particular tarea de encarnar el lugar de un Estado que repara, lo que nosotros encontramos es que, ya de entrada, nos enfrentamos a un imposible porque es imposible reparar, lo mismo que me lleva a decir desde hace muchas décadas que hablar no repara, depende cómo, depende para quién, depende de las circunstancias, depende ante quién, porque ha habido gente que luego de declarar no quiso seguir con su vida, o mucha gente que quedó muda después de declarar.

Es tan delicado y es tan serio con lo que estamos trabajando, es tan importante saber que hay un límite de verdad, y que no se puede extremar ese límite que, en ese sentido, es necesario salir del paratodismo de la idea de que hablar repara, de que testimoniar repara, de que cobrar una reparación repara… La mayor cantidad de leyes relativas a las reparaciones económicas en Argentina fueron hechas durante el menemismo y, sin embargo, se quebrantó la lógica de los organismos de DDHH porque este dinero no se inscribió en una lógica significante atravesada por lo reparador del asunto; yo siempre lo enuncio del siguiente modo  “dinero maldito” maldicho, mal escrito, mal nombrado, si no está dentro de una lógica simbólica que le permita a cada sujeto articular eso a un lugar de reparación, puede ser un dinero complicado.

Cuando nosotros dentro del centro Ulloa, pasamos a tener bajo nuestra competencia las evaluaciones del daño de las Leyes Reparatorias pudimos ubicar mejor aquello que sospechábamos y es que hubo personas que después de cobrar ese dinero cometieron acciones que comprometieron muy seriamente sus vidas, entonces a veces poder privarse de cobrar ese dinero o poder asumir cobrar ese dinero, también implica un sujeto que no es el puro sujeto del derecho. Mucha gente rechazó cobrar durante el menemismo, porque además en el menemismo era una indemnización lisa y llana, cruda podríamos decir. Cuando se reabrieron las causas a partir de 2005/06, fue impresionante la cantidad de gente que se acercó nuevamente a la Secretaría de DDHH, a plantear que en la medida en que se anudaba a la justicia, ese dinero ya no era “ese” dinero, no era “ a cambio de”, no era “en nombre de” y una diferencia muy importante también fue cuando surgió la mal llamada “Ley de Hijos”, porque era muy distinto cobrar en nombre propio que cobrar en nombre de los padres desaparecidos y esto también marcó diferencias clínicas respecto de qué implicancias pueden tener estas diversas formas jurídicas. Una vez uno de los hijos de desaparecidos me dijo “tengo todo el derecho ahora, como es mi plata, de matarme con esta plata” […] o sea lo estaba advirtiendo, pero ya no en un consultorio, sino al interior del Estado, y ¿qué hace el Estado con eso? Es complejo, pero esto es un tema central que implica una enorme responsabilidad. En uno de los libros que escribimos contamos cómo un hijo de desaparecidos dijo “para mí cobrar este dinero no es reparación, yo no quiero dinero, no quiero ese dinero  del Estado, lo único que yo quiero, si ustedes me preguntan que es para mí ser reparado, es que me consigan una piscina para nadar con mis hijos porque es el último recuerdo que yo tengo con mi padre y como no tengo plata para pagarlo, si ustedes quieren conseguirme un lugar eso sería para mí la reparación…”.


Referencias

Appleton, T. y Raymondi J. A. (comp., 2018). Lacan en las lógicas de la emancipación: en torno a textos de Jorge Alemán. Miguel Gómez Ediciones.

Duhalde, E. L., Rousseaux, F. (2015). El ex detenido-desaparecido como testigo de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Buenos Aires: Fundación Eduardo Luis Duhalde.

Entrevista a Graciela Daleo (sobreviviente de la ESMA) por la revista Mu la vaca (2009, 27 de junio) Decí Mu con Graciela Daleo: para la libertad. Mu La Vaca. Recuperado de https://www.lavaca.org/deci-mu/deci-mu-para-la-libertad/.

Rousseaux, F. (comp. 2019) Legado y Memorias. Debates sobre el futuro anterior. Buenos Aires: TeCMe.


[1] Centro de Asistencia a Víctimas de violaciones de Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa” dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, fue creado en marzo del 2011. Con anterioridad, se crea en 2007 el Plan Nacional de Acompañamiento a testigos y querellantes, víctimas del terrorismo de Estado,

Compartir: