Nuestro continente, convulsionado por la violencia institucional, las masacres y atropellos a los Derechos Humanos, nos lleva a una reflexión permanente sobre las responsabilidades de los actores estatales y no estatales y también sobre la historia de las huellas del pasado.
Investigar sobre sus efectos y analizar las políticas y modos de reparar de manera integral a las víctimas de estos crímenes es una tarea que nos coloca frente a un complejo desafío que tenemos por delante como así también frente a la necesidad de identificar las deudas simbólicas y jurídicas en estos procesos inéditos en el mundo.
Asimismo, la puesta en práctica de las herramientas de justicia transicional (memoria, verdad, justicia y reparación) nos permite reflexionar sobre las consecuencias actuales del terrorismo de Estado, y cómo aquellas prácticas que tramitamos a partir y a través de los juicios son un aprendizaje para enfrentar las violaciones actuales de derechos humanos y para consolidar la garantía de no repetición.
Entre ellas, cobran un lugar determinante la violencia institucional y la violencia en razón de género, ya que implican continuidades de aquellas otras; las prácticas vejatorias reveladas en la actualidad así lo demuestran.
En ese sentido, se nos impone poner en juego y en cuestión las lecciones aprendidas, y así interrogarnos acerca de las formas que adoptan la memoria, la verdad, la justicia y la reparación en estas otras violaciones también.
Desde el área de Derecho Penal y Derechos Humanos, también, nos toca preguntarnos acerca de la función que desempeña el derecho penal en su intersección con el campo de los derechos humanos, frente a crímenes que, aún revistiendo enorme gravedad, no configuran crímenes de lesa humanidad.
Esos son nuestros desafíos.
Desde el Área de Derecho Penal y Derechos Humanos de TECME tenemos una gran tarea por delante.