Vanina Agostini[1] y Laura Lettieri[2]
INTRODUCCIÓN
En 2010 el Poder Ejecutivo Nacional promulga el Decreto 04/10 por el que se releva de la clasificación de seguridad a toda la documentación e información vinculada al accionar de las Fuerzas Armadas Argentinas en el período comprendido entre los años 1976 y 1983. Este hecho abre por primera vez las puertas de los archivos del estado y permite que distintas dependencias del Estado comiencen a trabajar con su documentación con el objeto de proporcionar información sobre los delitos cometidos en la última dictadura militar.
En este marco el Ministerio de Defensa crea por Resolución 308/10 un grupo de trabajo para que “emprenda la tarea de relevamiento y análisis de toda la documentación que pueda resultar de valor histórico y/o judicial que se encuentre archivada y/o custodiada en dependencias de los Estados Mayores Generales de Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea” dependiente de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Se conforma así un equipo de trabajo por cada Fuerza (Ejército, Armada y Aérea), a los que se denomina “Equipos de Relevamiento y Análisis Documental en Archivos de las FFAA”.
Desde entonces estos Equipos trabajan de manera continua y sistemática aportando documentación e informes sobre el modo de funcionamiento de las Fuerzas Armadas en el período 1976-1983. Su tarea permite la recomposición orgánica de las estructuras administrativas y operativas de las Fuerzas durante el Terrorismo de Estado, la reconstrucción de organigramas de las distintas dependencias de la Fuerza y el conocimiento de las cadenas de mando, tal las recomendaciones de los organismos internacionales sobre derecho a la verdad. De esta manera, respondiendo a través del relevamiento de diferente tipo de documentación a requerimientos judiciales y de organismos públicos, llevan adelante la función principal de mediación entre los documentos de archivos y la justicia.
Nos detendremos a lo largo de este escrito en el caso específico del Equipo que trabaja con la documentación de la Armada Argentina. Nuestra experiencia personal nos sitúa allí y es desde ese trabajo cotidiano que elegimos reflexionar sobre los aportes de la especificidad archivística para las tareas de relevamiento y análisis de documentos.
En este sentido hemos pensado esta ponencia a partir de dos ejes:
Inicialmente nos situamos en el análisis de las prácticas del Equipo para una de sus tareas principales, la realización de informes para la justicia. Estas prácticas componen un bloque temático que tiene su desarrollo en el relato de la metodología utilizada y culmina en el estudio de caso sobre la documentación relevada en relación a la Megacausa ESMA. El enfoque de este primer apartado está puesto en el ejercicio concreto del trabajo que se realiza.
La sección siguiente está dedicada a la conceptualización de “archivos vinculados a los Derechos Humanos” y sus tipologías con el objeto de reflexionar sobre el aporte de los documentos de archivos estatales en uso para las causas de Lesa Humanidad. Hablar de “archivos vinculados a graves violaciones a los Derechos Humanos” suele ser aún un tema confuso. Es frecuente encontrarnos con que algunos autores utilizan indiferentemente los términos “archivos represivos”, “archivos de la represión”, “archivos de derechos Humanos”, “archivos de seguridad del estado” al hacer referencia a este universo de archivos. Es en esta línea que intentaremos reflexionar sobre la especificidad de los Archivos de las FFAA y el valor de los archivos administrativos como pruebas en casos de violaciones a los DDHH.
PRÁCTICAS PARA UN ANÁLISIS
Dentro de las funciones desempeñadas por el Equipo se pueden diferenciar dos labores principales: la elaboración de informes como respuestas a requerimientos judiciales o a propuestas del Equipo de sistematización de información sobre un tema específico; y la capacitación a operadores judiciales brindando asesoramiento técnico para la correcta formulación de solicitudes de documentación, orientando en el diseño de metodologías de recolección de datos y aportando personal especializado en relevamientos de información de la Armada.[3]
Describiremos aquí brevemente las condiciones de producción y la planificación que realiza el Equipo de Relevamiento y Análisis al momento de abordar el relevamiento de una temática particular, haciendo hincapié en la instancia de realización de informes.
La planificación de la tarea de relevamiento está orientada fundamentalmente a la recomposición de estructuras y orgánicas para indagar en el aparato represivo y su funcionamiento, cadenas de responsabilidades, de comunicaciones, tipos de acciones y organización puestas en práctica. En esta línea se abordan ejes temáticos como el relevamiento de compañías o dependencias particulares de la Armada Argentina, grupos de tareas, fuerzas de tareas o incluso la actuación de un componente naval o de una división naval (como puede ser “Sanidad” o “Inteligencia”).
Al iniciar el trabajo de relevamiento se definen los objetivos y el alcance del análisis teniendo en cuenta los plazos disponibles. Con objeto de cuantificar los tipos documentales a utilizar y evaluar el volumen documental a consultar se utiliza una “planilla de relevamiento” que lista las bases de datos disponibles al Equipo. Esta planilla enumera 20 bases de datos del Archivo General de la Armada diferenciando los tipos documentales que incluyen, el inventario de Expedientes del Fondo Archivo Histórico de la Justicia Militar (Consufa-DAI), parte de los inventarios del Departamento de Estudios Históricos de la Armada (DEHN) y las bases de datos propias generadas por Equipo de Relevamiento como matrices de carga de datos, fichas y documentos digitalizados (con reconocimiento óptico de caracteres).[4] Para sistematizar el historial de la búsqueda realizada, la planilla cuenta con un apartado donde especificar las palabras claves utilizadas. Se deja asentado allí por ejemplo las diferentes denominaciones de una unidad, sus siglas, búsquedas por asiento geográfico o dependencias a las que pertenecen. En el caso de búsquedas de datos del personal las posibles variantes de un apellido o de su matrícula de revista son fundamentales para poder recomponer a futuro cuáles fueron los condicionamientos de esa búsqueda.
A partir de allí se planifica el orden de relevamiento de los diferentes tipos documentales para consultar luego las bases de datos y determinar la ubicación física de los documentos. Contando ya con el documento original, éste se releva en “matrices de carga” diseñadas por el Equipo.[5] Una vez realizado el relevamiento inicial de acuerdo a la relevancia que el Equipo le asigne para sus investigaciones presentes y futuras, se puede disponer su digitalización o directamente devolver para su guarda. En caso de ser necesario un relevamiento más extenso (como en el caso de reglamentos o documentos de gran extensión) se realiza una ficha del documento. Comienza entonces la etapa de análisis en la que se procesan los datos realizando el cruce entre los diferentes tipos documentales y contenidos para concluir con la elaboración del informe.
Trabajar de esta manera posibilita:
- Planificar tiempos y alcances garantizando que el trabajo sea abordable para los recursos con los que cuenta el Equipo, tiempos de trabajo y cantidad de personal.
- Evitar la manipulación excesiva de documentos. No volver a mirar documentos ya relevados de no ser estrictamente necesario.
- Planificar distintas etapas de un informe. Dejar asentado los límites del relevamiento (tareas que se realizaron y tareas que no se lograron llevar a cabo) permite poder retomar la tarea cuantas veces sea necesaria, sin necesidad de volver a repetir búsquedas.
- Minimizar el riesgo de pérdida de datos. Tener disponible lo relevado no solo para la investigación presente sino también para investigaciones futuras.
- Generar un archivo propio del equipo, que se convierte en una herramienta primordial de búsqueda de datos. Las bases de datos producidas y los documentos digitalizados son baluarte para las investigaciones presentes y futuras.
LA ESMA. UNA MEGACAUSA
La Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) fue el centro clandestino de detención más grande de la Armada Argentina. Por allí pasaron más de 5000 secuestrados a los que se sometieron a múltiples torturas, se realizaron partos clandestinos y los recién nacidos fueron apropiados.[6]
El primer juicio que abarcaba específicamente los crímenes cometidos en la ESMA se inició el 18 de octubre de 2007, teniendo un sólo imputado, Héctor Febres, y 4 víctimas. Febres falleció durante el debate dejando inconcluso el proceso judicial y evidenciando cómo, aún frente a la imprescriptibilidad de los crímenes juzgados, el tiempo se tornaba un gran aliado para la impunidad. El segundo juicio comenzó en diciembre de 2009 y finalizó en 2011, allí se juzgaron los delitos cometidos sobre 86 víctimas. Fueron condenados 16 imputados y 2 resultaron absueltos. El 28 de noviembre de 2012 se inició el tercer juicio que actualmente se encuentra en etapa de alegatos de la defensa y que por su volumen pasó a denominarse “Megacausa ESMA”. Conformada con la unificación de 13 requerimientos de elevación a juicio, la Megacausa comenzó con 68 imputados, entre miembros de la Marina, la Prefectura Naval, el Ejército, la Policía Federal y civiles, de los cuales actualmente continúan en proceso 52 (los restantes fallecieron en el transcurso del debate o fueron separados por razones de salud). Las víctimas cuyos casos son tratados en el juicio ascienden a 789 y por primera vez se juzga el tramo denominado “vuelos”.[7] Por el número de víctimas e imputados, pero también por la manera en que se lleva a cabo, este juicio resulta emblemático para la historia de la justicia y los Derechos Humanos. Hasta la fecha se realizaron aproximadamente 500 audiencias, conformando un expediente de 800 cuerpos, que arrojan un total de 160.000 fojas.
Con la constitución de los Equipos de Relevamiento y Análisis documental (ERyA) en los Archivos de las Fuerzas Armadas en 2010, y el Grupo Especial de Relevamiento Documental (GERD) en Archivos de las Fuerzas de Seguridad en 2011, se abre una nueva perspectiva para los juicios de Lesa Humanidad. ESMA no es la excepción, rápidamente el ERyA comienza a trabajar, desde los propios documentos de las fuerzas, indagando los hechos que allí ocurrieron. Tras años de testimonios orales de víctimas y testigos, por primera vez la documentación de archivos toma un rol protagónico en el proceso de justicia en Argentina.
Una Escuela con tareas operativas
Varios desafíos se presentaron al momento de abordar el relevamiento de documentos de este destino. La escasa información con que se contaba sobre su funcionamiento después de 35 años de ocurridos los hechos daban por suponer que conocer su estructura no sería una tarea sencilla. La ESMA era una escuela de grandes dimensiones, tenía alrededor de 5000 alumnos además de oficiales, suboficiales, personal civil y conscriptos, y funcionaba en un predio de 3 hectáreas. El tamaño del destino y el volumen de personal que se encontraba allí fueron una variable a considerar en la planificación del relevamiento.
Iniciando la tarea, una pregunta resonaba intermitente. Piezas de sus respuestas se presentaron dispersas durante años y el acceso a los Archivos de las FFAA traía la confianza de poder aunarlas ¿Cómo opera una escuela en la denominada “Lucha contra la subversión”?
Por reglamento la misión de la ESMA era “formar militar, intelectual, moral y físicamente al personal de alumnos y aspirantes, brindándoles los conocimientos básicos y fundamentales de la profesión Naval, en los diferentes escalafones y orientaciones para posibilitar su adecuado desempeño futuro, a fin de satisfacer en calidad y cantidad los requerimientos de la Armada” (Ministerio de Defensa, 2015: 347).[8] Siendo la ESMA un instituto de formación qué lugar tiene dentro de la estructura represiva de la Armada?
Para atender estos interrogantes fue necesario comprender la estructura administrativa de esta Fuerza, así como el diseño represivo que diagramó la Armada a partir de 1975. La Armada Argentina tiene una estructura administrativa que funciona según las normas, los planes vigentes y los reglamentos. En tiempos de conflicto despliega además una estructura operativa. Ambas estructuras podían funcionan en simultáneo, prevaleciendo las necesidades operativas por sobre las administrativas. El ordenamiento represivo a partir de 1975 estuvo reglado en el Plan de Capacidades de la Armada, conocido como Placintara/75, que establece la organización de las unidades de la Armada en 11 Fuerzas de Tareas para poder “ampliar sus áreas de control, desplegarse en territorio y realizar operaciones en lo que las Fuerzas Armadas denominaron „lucha contra la subversión‟” (Ministerio de Defensa, 2015: 341).
De esta manera el Placintara/75 es el primer documento que nos permite acercarnos a la organización de la Armada en relación a la denominada “lucha antisubversiva”. Este Plan, puerta de entrada y documento contextualizador de cualquier relevamiento que tenga como eje a esta Fuerza fue producido por el Comando de Operaciones Navales. Dentro de la estructura administrativa, según lo señala el Reglamento Orgánico de la Armada, el Comando de Operaciones Navales tiene bajo su dependencia los tres componentes navales (Naval, Aviación e Infantería de Marina), pero dentro de la estructura operativa el COOP tiene bajo su dependencias las Fuerzas de Tareas.[9]
Siguiendo esta línea de análisis, el abordaje de cualquier destino de la Armada debe estar enmarcado comprendiendo esta doble función: administrativa y operativa. Para el caso de la ESMA, el relevamiento de reglamentos, memorias anuales, legajos y actuaciones de justicia permitirá comprender en qué medida la Escuela fue puesta al servicio de los objetivos de la Fuerza de Tareas 3 y de qué manera sus funciones como instituto de formación conviven con sus funciones operativas atendiendo a la orgánica del Grupo de Tareas 3.3.[10]
El relevamiento de personal de la ESMA
Para la comprensión de la estructura general de la Escuela y del Grupo de Tareas es imprescindible consultar los reglamentos, las memorias anuales y el Placintara 75. Para reconstruir la cadena de mando de la unidad (tanto Escuela como Grupo de Tareas) fue necesario relevar un gran volumen de legajos y actuaciones de justicia. Ahora bien, para iniciar el relevamiento de personal debemos tener en cuenta que toda la documentación producida por la Armada contiene siglas y códigos que pueden referir a cargos, destinos, cursos, etc. Para poder decodificarla es necesario consultar un tipo documental de gran valor para el análisis e interpretación de los documentos: el Catálogo de Códigos Administrativo. A través de él podemos saber, por ejemplo que a la Escuela de Mecánica de la Armada le corresponde el código “440” y el título abreviado ELAMECA.[11]
Teniendo en cuenta que no hay documentos disponibles donde se encuentre sistematizada la información del total de personal que compone cada destino, su recomposición debe realizarse a través de los “listados de pagos”, documento que asienta mes a mes el destino, matrícula, nombre, grado y monto que recibe como pago cada oficial, suboficial, conscripto y aspirantes navales.[12] Se toma un mes de referencia y se reconstruye manualmente anotando el personal correspondiente al destino “440”. Por las dimensiones de la ESMA, esta recomposición se realizó por etapas teniendo en cuenta las diferentes jerarquías del personal.
A partir de allí, contando con el número de matrícula de personal se accede a las bases de datos del Archivo General de la Armada para localizar la ubicación física del legajo de cada uno de los listados. Los legajos traerán diferentes niveles de lecturas y una gran complejidad a nivel documental. En principio es importante referir que desde el almirante al cabo cuentan con dos tipos de legajos, legajos de servicios y legajos de conceptos. En el caso de los oficiales estos legajos se presentan como expedientes separados, lo que ha acarreado en más de una ocasión inconvenientes al ser requeridos por la justicia, ya que al no aclarar qué legajo se solicitó, la Armada ha presentado sólo uno de estos (en la mayoría de los casos el legajo de servicios que corresponde a un resumen de destinos y cómputos de actividades). En el caso de los legajos de conceptos, al ser tipos documentales compuestos se puede encontrar en su interior junto a las “fojas de conceptos”, planillas demostrativa de sanciones, fichas censos, fotografías, memorándum, oficios y mensajes navales. Las fojas de conceptos son documentos en los que se registra el desempeño del calificado durante determinado período, y en los que los oficiales califican a sus subalternos. Allí se consigna el destino, cargo, tareas subsidiarias o rol de combate y las evaluaciones escritas por los superiores directos del calificado. Un oficial o suboficial puede tener entre tres y cinco instancias de calificación, sobre las que se señala la frecuencia del contacto entre el evaluado-evaluador. El espacio destinado para la calificación es abierto y no está pautado, por lo que suele tener gran riqueza, ser expresivo y aportar datos de diferente índole, como carácter de evaluado, tareas específicas realizadas, voluntad para cumplir ciertos roles, comisiones en las que estuvo dispuesto, hasta incluso problemas familiares manifestados a sus superiores o deseos personales. Cada calificación, tanto en el caso de legajos de oficiales como suboficiales, está acompañada por la firma del calificador, su aclaración, matrícula y, en muchos casos, el sello que informa su dependencia y cargo.
Con el relevamiento sistemático de legajos comienza a recomponerse la cadena de mando de la Escuela, y se detectan menciones al Grupo de Tareas 3.3. Las Fuerzas de Tareas, los Grupos de Tareas, las Unidades de Tareas y los Elementos de Tareas son unidades temporales establecidas para trabajar en operaciones concretas, por lo tanto no constituían un destino administrativo por sí mismos sino que debían funcionar bajo una unidad administrativa de la Armada.[13] Por ello -y teniendo en cuenta que el Archivo que consultamos es un archivo administrativo- los sellos con menciones a estas agrupaciones operativas se convierten en importantes baluartes de información. A través de los sellos se puede documentar que el Comandante del GT 3.3 era el director de la Escuela, que el GT tenía un Estado Mayor y que generalmente estaba compuesto por oficiales que desempeñaban cargos administrativos en la Escuela. Poco a poco se va iluminando cómo la ESMA dispuso su estructura al servicio del GT 3.3.
Un tipo documental que ha aportado datos de gran valor son las actuaciones de justicia militar[14] con el objeto de investigar determinados hechos ocurridos, actuaciones o afecciones padecidas principalmente por el personal, aunque pueden tener como causantes agentes civiles con alguna disputa particular con las FFAA (accidentes de tránsitos con vehículos de la Armada es el caso más común dentro de los que implican civiles). Son tipos documentales compuestos, que según el hecho que se trate pueden contener diferentes documentos.
Como información excepcional encontramos actuaciones de justicias que mencionan actuaciones operativas y modos de organización de los grupos de tareas. Un ejemplo paradigmático del valor que aporta este tipo documental es la actuación conocida como “caso Colquhoun”.[15] Este expediente fue originado por el robo de bienes en una casa de militantes que habían sido secuestrados por parte de un grupo operativo. La actuación contiene 135 fojas en las que describe cómo estaban compuestas las columnas operativas que secuestraron bienes en dos casas. Para lograr dar cuenta sobre lo ocurrido la Armada tomó declaración a todos los integrantes del grupo operativo que actuó esa noche, dando a conocer que parte de ellos se encontraba en la ESMA en comisión desde otros destinos de la Armada. También se tomó declaración a otros integrantes del Grupo de Tareas que dan cuenta de las prácticas habituales y roles que desarrollan estos grupos al momento de operar y de la utilización que hacían de los bienes de los secuestrados.
El hallazgo de este expediente aportó nuevos nombres del personal involucrado en los grupos operativos. A partir de la búsqueda de sus legajos se conoció un nuevo tipo documental, los “listados de separados de cursos”. Estos listados corresponden a nóminas de alumnos que por diferentes razones han sido separados de sus cursos de formación en la ESMA. En algunos casos los listados señalan como motivo de esta separación “razones operativas”, “razones de servicio” o “razones de mejor servicio”, en otros sólo las condiciones en que han sido separados “con prohibición de reingreso” y “sin prohibición de reingreso”. Estos listados fueron fundamentales al momento de seleccionar el corpus de legajos a analizar. Al indagar en el relevamiento de estos legajos se pudo comprobar que quienes estaban separados por “razones operativas”, “por razones del servicio” y por “razones de mejor servicio” “sin prohibición de reingreso” tenían participación en el grupo de tareas.
A partir del recorrido de la estructura de la ESMA entre 1976 y 1979 se han logrado identificar dos modos principales de traslados de personal, las “comisiones” y las “adscripciones”. Las comisiones son temporales y el personal debe subordinarse a la cadena de mando del nuevo destino. Se dan tanto para oficiales como suboficiales y pueden ser realizadas de manera individual o hasta por unidades enteras. Las adscripciones, en cambio, presentan una mayor permanencia, hasta el momento se han hallado solamente en oficiales superiores y se sugiere que se realizan con tareas asignadas por las unidades de revista. Este modo de traslado se identificó a partir del relevamiento de los suboficiales de la ESMA de 1979 cuando se pudo observar que los oficiales calificadores del GT3.3 ya no revistan por la ESMA sino por la Jefatura de Inteligencia (JEIN), produciéndose un cambio sustancial en la organización del GT. Revisando los “Partes mensuales de novedades del personal naval superior” de la JEIN, que son listados mensuales que confecciona una unidad en los que se consigna el nombre, matrícula y cargo de cada oficial, como también los movimientos y novedades relacionadas a los oficiales que pasen por esa unidad (inicio y fin de comisiones, licencias, etc.), se pudo constatar la asignación del cargo “adscripto JEIN” para varios de los oficiales que calificaban a integrantes del GT 3.3 en la ESMA durante el mismo período que revistaban en la JEIN. Tanto las comisiones como las adscripciones deberían estar registradas en los legajos del personal que las realice. El relevamiento ha demostrado que no siempre los legajos arrojan esta información, pudiendo acceder a ella –como en este caso- recurriendo a otros tipos documentales.
También se consultaron las memorias anuales disponibles, en las que se registran las actividades de una unidad a lo largo de un año. Allí se consignan las novedades y el funcionamiento de la unidad sobre cuestiones relacionadas al personal, organización, etc. Debe quedar registrado el organigrama de los cargos de los distintos departamentos o divisiones, aunque no suele aportar datos referidos a quiénes ocupan los cargos. Este tipo documental es gran importancia por la información que registra, sin embargo son recurrentes sus faltantes. Se ha hallado hasta el momento una sola Memoria Anual de la ESMA para 1977 y para 1976 y 1978 únicamente las Memorias Anuales del Departamento de Instrucción de la Escuela.
A través de las Memorias Anuales podemos conocer las funciones de los distintos departamentos de la Escuela en tanto instituto de formación pero también ayudan a comprender cómo éstos fueron puestos al servicio de las necesidades operativas del GT3.3. La Memoria Anual de la ESMA de 1977 brinda valiosa información sobre el aporte de cada departamento de la Escuela en tareas operativas, por ejemplo describe que el Departamento de Ingeniería atendió requerimientos “de carácter operativo” para reparar, modificar y ampliar instalaciones. Sobre el Departamento de Sanidad, por ejemplo, la memoria informa que brindó “apoyo integral Médico, personal y equipo a las tareas operativas en forma continua” (Ministerio de Defensa, 2015: 359). Respecto al rol del Departamento de Instrucción, la Memoria de 1978, informa las actividades desempeñadas por cada curso, incluyendo la pérdida de horas de clase por las guardias y la merma de estudiantes debido a la separación de cursos por necesidades operativas.
Las memorias también pueden contener información sobre el movimiento de personal entre unidades. Un caso sustancial para la ESMA es la Memoria Anual del Batallón de Seguridad de la Sede del Comando General de la Armada (BISA) de 1976 donde se informa que entre las actividades de seguridad desarrolladas por ese Batallón se encuentra la de prestar apoyo permanente de personal y medios al “GT3.4. Escuela de Mecánica de la Armada” (Ministerio de Defensa, 2015: 360).
Sobre la formación que se impartía a los alumnos de la Escuela se destacan tres tipos documentales: los Historiales de materias, los Programas y los Informes de fin de curso. En los Historiales puede encontrarse los contenidos de las materias, los profesores que las dictaban (tanto civiles como militares), cargas horarias, progresos del curso y evaluaciones. Los historiales de curso son “el fiel reflejo de os hechos acontecidos, permite llevar al detalle cuál ha sido la evolución realizada dentro de distintos cursos, resultados obtenidos, inconvenientes encontrados, así como deja constancia de los fundamentos de las modificaciones introducidas” (Ministerio de Defensa, 2015: 355).[16] Los Informes de fin de curso registran, entre otros datos, listados de recibidos y separados de cursos y brindan datos sobre la asistencia del personal a la Escuela señalando por ejemplo que para 1976 la ausencia de cabos superaba un 60% por la “situación reinante”.
Los documentos de archivos en los alegatos de la fiscalía del tercer tramo de la Megacausa ESMA.
Entre julio y diciembre de 2015 transcurrieron los alegatos de la fiscalía de la Megacausa ESMA, parte del tercer tramo de esta causa que lleva ya casi cuatro años en juicio. Estos alegatos estuvieron a cargo de los fiscales Guillermo Freile y Mercedes Soiza Reilly y -a nuestra evaluación- fueron de gran relevancia e innovación en lo que respecta a la utilización de documentos en una causa judicial en Argentina.
Si bien los juicios llevados a cabo en el país en la última década han ido incorporando documentos de archivos paulatinamente (a medida que los Archivos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad han comenzado a ser relevados con este objetivo) el volumen de documentos utilizado y sobre todo, el lugar de prueba fundamental en que los fiscales colocaron estos documentos ha transformado a estos alegatos en un hito para la archivística y un caso de análisis obligado para reflexionar sobre el rol y la importancia de las unidades de acceso a la información vinculada a delitos de lesa humanidad.
La introducción y descripción de tipos de pruebas
Al comenzar los alegatos, el 6 de julio de 2015, la fiscal Mercedes Soiza Reilly se detuvo en una breve introducción para aclarar cuáles serían las pruebas que utilizaría en su argumentación durante los meses siguientes. En esta línea Soiza Reilly detalló la utilización de dos tipos de pruebas fundamentales, los testimonios y las pruebas documentales que aportan diferentes archivos.
El lugar del testigo, la gran fuente con la que han contado los juicios sobre el Terrorismo de Estado en Argentina, aparecerá a lo largo de los alegatos no solo a través de su expresión más común, las declaraciones, sino también de sus propios aportes documentales como el famoso caso de las fotografías rescatadas por el sobreviviente Víctor Basterra. En lo que respecta a los documentos, Soiza Reilly resaltó la importancia de las denuncias recibidas por la CONADEP y las pericias elaboradas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Destacó la importancia del acceso a la información y del aporte de documentos proveniente de los archivos de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires (DIPBA) -que se encuentran en custodia en la Comisión Provincial por la Memoria- y con un amplio detalle, se refirió el análisis de los “archivos abiertos” posibilitado por la desclasificación ordenada por el Poder Ejecutivo, por parte de los ministerios de Defensa y de Seguridad.
El desarrollo de los alegatos y los informes del Ministerio de Defensa
El ERyA confeccionó dos informes que fueron incorporados a la Causa ESMA. Un primer informe aportó fundamentalmente datos sobre las estructuras orgánicas de la ESMA, la recomposición de sus organigramas a través de los años y el relevamiento de actuaciones y legajos de personal que participó en ese destino, mientras que un segundo informe sumó documentos relacionados a la reglamentación con la que se regía la Armada en la época y aportó documentos sobre el funcionamiento de los diferentes componentes de la Fuerza como lo son el componente Naval, la Infantería, y principalmente la Aviación Naval, uno de los ejes de este tramo de la Megacausa. Ambos informes presentaron un gran número de documentos anexos digitalizados.
A lo largo de los 6 meses de alegato y un total de 108 horas de audiencias, la fiscal Mercedes Soiza Reilly estructuró su exposición comenzando siempre por el testimonio de los acusados, seguidos de los testimonios de las víctimas para contrastar estos datos con las pruebas documentales. La riqueza de este trabajo, producto de una investigación exhaustiva y minuciosa producida por la Fiscalía, logró aportar pruebas fundamentales confrontando por ejemplo las fechas alegadas por los acusados de su permanencia en la ESMA con las fechas aportadas en los legajos relevados por el Ministerio de Defensa. Incluso frente a los faltantes de documentación que presentaban algunos legajos, el trabajo de relevamiento logró aportar datos surgidos de una búsqueda transversal en los documentos y así en casos – por ejemplo- donde un acusado no presenta en su legajo su foja de calificaciones sobre su paso por la ESMA, se pudo detectar su firma relevada en el legajo de un suboficial a su cargo con roles en los grupos de tareas de la Escuela de Mecánica. De esta manera, la Fiscalía pudo ubicar a los acusados en la estructura organizada, relacionando el cargo desempeñado, el período de actuación y la prueba testimonial.
Una llamada especial merece el análisis realizado sobre la Aviación Naval. Para juzgar a los pilotos acusados de participar de los vuelos de la muerte, el aporte primordial no surgió de los legajos y actuaciones de justicia en las que se encontraban involucrados los acusados sino en aquella documentación que permitía recomponer las estructuras vigentes en la época y los procedimientos formales establecidos para el componente aeronaval, su personal y sus aeronaves. El resultado de este relevamiento focalizado en reglamentos, manuales y directivas y su utilización por los fiscales marcó otro punto de innovación en estos alegatos.
“En los juicios de lesa humanidad las responsabilidades son probadas por testimonios y documentos pero uno de los aspectos centrales es probar el lugar que tuvo cada imputado en la estructura criminal. No se busca probar quién picaneó o torturó a determinada persona, sino si la persona participó del sector de Inteligencia encargado de los interrogatorios ilegales. Esta lógica, sin embargo, se invirtió en cierto momento con los acusados por los vuelos. De pronto, dicen los fiscales, todo el mundo se puso a buscar quién voló en cuál avión. El problema adicional que generó ese camino es que así como los testimonios de los sobrevivientes fueron claves para identificar a represores de la patota del GT, no había lógicamente testimonios que pudieran dar cuenta del último tramo del plan represivo. Nada que diera cuenta de pilotos, ni tripulantes ni mecánicos. Justamente porque de esos vuelos los desaparecidos no volvieron. Por eso, la reconstrucción de la estructura es central para trazar la relación entre aviones, vuelos e imputados. Esa línea piensa a los pilotos y mecánicos como los últimos eslabones necesarios para cumplir el plan” (Dandan: 2015).
A diferencia de las pruebas aportadas a través del relevamiento de legajos y expedientes de la Justicia Militar, gran parte de los documentos relevados para recomponer la estructura de la Aviación Naval fueron publicaciones de la Fuerza. El aporte del Equipo de relevamiento fue sistematizar esta documentación, funcionar como medio entre la justicia y el documento para colaborar en su accesibilidad. Teniendo en cuenta las tramas de ocultamiento que las instituciones que fueron parte del Terrorismo de Estado llevaron a cabo durante décadas en lo que respecta a sus Archivos, que aún en la actualidad estos archivos no tienen a disposición de la ciudadanía sus herramientas de descripción y que además, en caso de acceder a estas la justicia, no son autodescriptivas, la realización de la búsqueda de documentación y el relevamiento por parte de este Equipo especializado en la documentación de la Armada se vuelve primordial.
Consideraciones finales de la Fiscalía: el acceso futuro a las pruebas.
Por último cabe resaltar que al finalizar los alegatos en diciembre de 2015, los fiscales solicitaron que la causa ESMA en su totalidad quede preservada y sea declarada de interés histórico y patrimonial, para el fácil acceso de las generaciones presentes y futuras.[17] Con este requerimiento, la fiscalía se coloca en línea con lo enunciado por Pablo De Greiff en 2007 en sus recomendaciones a las Comisiones de Verdad, promoviendo que se otorgue a los documentos producidos en la búsqueda de la verdad y la justicia un trato archivístico adecuado (CIDH, 2014). Sin duda los alegatos colocaron el tema en agenda, quedará en poder del Tribunal expedirse en favor de la protección del documento como prueba para que la producción y recopilación de documentos de la justicia compongan archivos judiciales que sean posibles de consultas futuras.
LA ESPECIFICIDAD DE LOS ARCHIVOS VINCULADOS A GRAVES VIOLACIONES DE LOS DDHH
Como señala Gabriela Karababikian “Hablar de los documentos que guardan información sobre violaciones a los derechos humanos perpetradas por regímenes represivos presupone, en primer lugar, especificar de qué archivos y de qué tipos de documentación hablamos, definir cuál fue el motivo por la cual que fueron producidos y cuál es el valor específico que hoy poseen, tanto jurídicamente como por su aporte para la investigación histórica, sin perder de vista su potencialidad como documentos productores y legitimadores de memoria” (2006: 9).
A través de la bibliografía dedicada a la temática de Archivos y DDHH se presentan distintos modos de llamar a los archivos que contienen documentación vinculada a los derechos humanos: “archivos de la represión”, “archivos represivos”, “archivos de la dictadura”, “archivos de la seguridad del estado de los desaparecidos regímenes represivo”, “archivos de derechos humanos”, “archivos de memoria”, entre otras. Bajo estas variadas denominaciones hay grandes diferencias especialmente en cuanto a las funciones para las que fueron creados, coyunturas en las que desarrollan sus tareas, dependencias y administraciones que los regulan, pero también un elemento común: de una u otra manera sus documentos tienen huellas de los procesos represivos, tienen la posibilidad de aportar a los procesos de justicia y colaboran al conocimiento de la verdad.[18]
Indagando sobre las diferenciaciones que puede hacerse sobre este universo de archivos, al que denominaremos genéricamente “vinculados a graves violaciones de los DDHH”, Elizabeth Jelin postula que “se fueron constituyendo tres tipos de acervos archivísticos”: los acervos de las instituciones represivas; los acervos documentales de instituciones u organizaciones de investigación, como las comisiones de la verdad; y los acervos de las organizaciones sociales y civiles de defensa a los DDHH (2002: 7). Por su parte, al tratar estos mismos archivos, Ramón Alberch Fugueras distingue modelos “en estado puro” de instituciones “dedicadas al acopio, organización, preservación, difusión y acceso a los documentos y archivos relacionados con los derechos humanos y la memoria histórica” (s/d: 2), otorgando exclusividad a los archivos “ex novo”, de nueva planta o archivos nacionales con nuevas competencias.
Para pensar el caso argentino en la actualidad, sin embargo, es fundamental tener en cuenta la perdurabilidad en el tiempo de las instituciones públicas que tuvieron actuación en la represión. Así es posible distinguir entre las instituciones que dejaron de existir y al haber sido eliminadas sus documentos se conservan hoy en organismos “ex novo de nueva planta” o en el Archivo General de la Nación y los organismos que en determinado momento cumplieron funciones represivas y que en democracia continúan teniendo la guarda de sus archivos.
Es en esta última especificidad donde se incluyen los Archivos de las FFAA y las FFSS: archivos administrativos del Estado, que si bien tienen en sus acervos documentación vinculada a los DDHH y deben garantizar su guarda, ésta no se encuentra separada, seleccionada, resguardada o identificada como tal, sino que forma parte del conjunto documental que albergan. De esta manera, la documentación que da cuenta del sistema represivo se halla custodiada por las mismas instituciones que cometieron esos crímenes. Los trabajadores de estos archivos son personal militar y civil dependiente de las FFAA, cuyo vínculo con ésta puede ser parte de un recorrido familiar de tradición dentro de las Fuerzas o incluso trabajadores que han atravesado -dentro de la institución- los diferentes regímenes políticos.
Dentro de estos mismo Archivos y bajo responsabilidad de la Dirección Nacional de DDHH y DIH del Ministerio de Defensa, cada uno de estos Equipos tiene asignado un espacio de trabajo al interior de los Archivos de las Fuerzas. Esta cotidianeidad con los documentos y con los mismos trabajadores del Archivo es una característica fundamental de la tarea ya que no podría abordarse desde otra ubicación física.
CUANDO LA BUROCRACIA ATENTA CONTRA LO CLANDESTINO[19]
Los documentos de archivo son el registro de las misiones y funciones de la institución que eríodo comprendido entre 1975 y 1983 la misión principal de las FFAA era la “lucha contra la subversión”, por ello la documentación que se produjo en ese tiempo y la referida a esos años, tiene rastros que permiten obtener de cada documento información valiosa para comprender la estructura y orgánica represiva[20].
Como describe Elizabet Jelin “Los regímenes dictatoriales actuaron desde la arbitrariedad del poder y muy a menudo con acciones de carácter ilegal y clandestino. Es de esperar, entonces, que muchas acciones no hayan dejado registro escrito o documental. Sin embargo, se trató de regímenes con cadenas de mando, con organización burocrático- militar, con instituciones policiales o de inteligencia, La práctica de estas instituciones implica llevar registros, redactar informes, organizar prontuarios y archivos” (2002: 3).
Comprendemos así que aquellos documentos que las Fuerzas Armadas decidieron preservar para su futuro, aquellos registros seleccionados para perdurar en el tiempo, son herramientas indispensables cuando el objetivo es la comprensión de los hechos ocurridos y la búsqueda de la verdad.
Sin embargo lo acontecido no se refleja en los documentos bajo una narrativa lineal sino que se presentan como datos que necesitan del cruce de información para aportar a la construcción de la lógica represiva. Como afirma Ramón Alberch Fugueras no existe “el carácter de individualidad del documento, sino que éste únicamente adquiere su significación cuando se pone en relación con el conjunto documental de donde procede, expresado en el principio de respeto del fondo” (2003: 20).
Respetando la integridad del documento es posible interrogarlo más allá de lo que evidentemente dice, explorarlo y colocarlo en relación con otros. Su integridad y el respeto al principio de procedencia respaldan que un documento sea original y único. Aún así estas características, que determinan la autenticidad del documento, no avalan que la información sea veraz ni que el documento sea capaz de enunciar todo lo que se pueda decir sobre el pasado en el que fue producido. Imposibilitado de poseer una verdad intrínseca y la visión total sobre los hechos, una memoria, un historial, una notación en un legajo de personal, una ficha técnica o en un expediente, se presentan como una herramienta para reconstruir los hechos. Lejos está la veracidad de ser una condición inherente al documento.
Comprender para qué fue producido un documento no es sólo parte de la historia institucional de la misma forma que identificar la “unidad productora” no es un mero dato para completar un inventario. Responder a ¿Quién produjo el documento? ¿Qué recorrido tiene? ¿Qué oficinas involucra? ¿Cómo es su circulación? ¿Cuándo comienza y cuando termina el proceso administrativo que lo motiva? ¿Genera otros documentos? ¿Es parte de una serie documental? ¿Qué clasificación de seguridad tiene?¿Por qué? guiará la tarea de relevamiento. Como afirma Anna Carla Ericastilla directora del Archivo General de Centroamérica (Guatemala) “el análisis de las series documentales nos permite conocer los procedimientos empleados, los tipos documentales que las conforman, el flujo documental y el contenido” así como su estudio permite «Incrementar el conocimiento sobre el origen de los documentos, los órganos productores, las funciones que cumplían, establecer las acciones que llevaban a cabo y las relaciones de subordinación entre las entidades involucradas, así como el grado de conocimiento de las autoridades sobre las gestiones realizadas” (2015: 516-517).[21]
Consideramos que en todo relevamiento de un documento administrativo, el material a consultar puede ser analizado desde la excepcionalidad de su contenido o desde sus constantes burocráticas. La excepcionalidad reclama al documento información sobre el accionar clandestino de las FFAA, por ejemplo indagar el destino de una víctima o el día y hora de su secuestro. Desde esta perspectiva los documentos administrativos tienen una relevancia acotada, que quedará ligada a su información literal. Si el documento es rico en el relato de los hechos, aportará información sustancial para este análisis; si en cambio se distingue por ser un documento de asiento de datos meramente administrativos (documentos contables o técnicos por ejemplo) perderá todo su potencial. Si miramos los documentos desde su producción burocrática, este nos hablará a través de pequeñas huellas y fisuras que permitirán recomponer una estructura mayor. Los registros de una actividad organizada y regulada exhiben la lógica de producción de la documentación y es desde allí que todos los documentos se vuelven potenciales para contribuir a la reconstrucción de la estructura represiva. La burocracia no fue interrumpida durante el periodo de represión, la continuidad la tarea del registro burocrático posibilita diferentes y nuevas respuestas.
Si nos enfrentamos a un archivo administrativo como un “archivo de víctimas” posiblemente no nos pueda dar las respuestas que buscamos. Que los documentos no incluyan el nombre de una víctima ni relaten el momento exacto de su secuestro y desaparición no implica que el archivo no pueda colaborar a comprender la lógica represiva que actuó para la desaparición de esa persona. Entendemos que cuestionar al documento, trabajar en la fisura, “meterse en esas pequeñas brechas que se van abriendo”[22] es una tarea minuciosa y un desafío que demanda abordar con responsabilidad el análisis archivístico de documentos desde el Estado.
CONSIDERACIONES FINALES
Hemos analizado que estos Archivos no “hablan” por sí solos sobre la represión y que sólo conociendo sus condiciones de producción y dialogando con diferentes tipos documentales pueden aportarnos los datos necesarios para recomponer los eslabones del Terrorismo de Estado. Allí es donde la “burocracia atenta contra lo clandestino”.
Como afirma Anna Carla Ericastilla en referencia a los archivos guatemaltecos, la apertura a posibilitado un “cambio de visión” de la política de persecución penal pasando, de la persecución individual a la persecución de las estructuras delictivas (2015: 518). De la misma manera vimos que alega la fiscal Mercedes Soiza Reilly en el caso argentino de la Megacausa ESMA reafirmando que la reconstrucción de la estructura a través de los documentos es central para probar el plan criminal.
Ya no queda duda del valor del documento en la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia. El proceso de justicia sobre las dictaduras de Latinoamérica ha demostrado su lugar en la lucha contra la impunidad. Así la archivista norteamericana Kate Doyle afirma en el documental “Granito de Arena: cómo atrapar un dictador”:[23] “Tradicionalmente los investigadores de derechos humanos han tenido que apoyarse casi exclusivamente en testimonios, testigos y sobrevivientes, gente que se presenta para contar sus historias. El hecho es que cuando quieres construir un caso contra alguien, cuando quieres enjuiciar a un violador de derechos humanos, cuando quieres enjuiciar a un dictador, necesitas pruebas (evidence). Y no puedes armar todo un caso, o es bien difícil armar un caso solo con testimonios”.
En esta línea resalta la importancia de expandir y perfeccionar las políticas de Estado relacionadas al acceso a la información y los archivos en Argentina. Con una reciente Ley de Acceso a la Información Pública en el país aprobada el 14 de septiembre de 2016, podemos decir que son enormes los desafíos todavía pendientes.[24]
Es responsabilidad del Estado de Derecho promover el ejercicio de prácticas archivísticas responsables y éticas que garanticen un verdadero acceso a los documentos y sean capaces de llevar a cabo las recomendaciones internacionales para el tratamiento de los archivos con documentación vinculada a graves violaciones de los DDHH.[25]
“El derecho a una memoria no condicionada por la ausencia de fuentes documentales o la destrucción selectiva de pruebas debe ser irrenunciable. El olvido voluntario o el perdón, asumidos libremente por una comunidad que opta por esa vía de transición política, no pueden hacer desaparecer del patrimonio documental de un pueblo, la parte o partes de su historia más siniestra o negativa. Las naciones tienen el derecho y la obligación de preservar su memoria, de la que es testimonio esencial la depositada en sus archivos. Una generación, aun siendo libre para decidir sobre los procesos políticos que protagoniza no puede hipotecar las raíces de las generaciones futuras: El derecho a elegir la vía de transición excluye el de la destrucción de los documentos”. Antonio González Quintana en “Políticas archivísticas para la defensa de los derechos humanos” (2009:79).
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Espacio Memoria y DDHH (Ex – ESMA) http://www.espaciomemoria.ar [consulta: septiembre de 2016]
Ministerio de Defensa, Archivos Abiertos: http://www.mindef.gov.ar/archivosAbiertos/index.php [consulta: septiembre de 2016]
Publicación Voces en el Fénix: http://www.vocesenelfenix.com/content/la- pol%C3%ADtica-de-archivos-de-las-ffaa-en-el-proceso-de-memoria-verdad-y-justicia [consulta: marzo de 2016]
*Este trabajo fue presentado por nuestra compañera Laura Lettieri en coautoria con Vanina Agostini en el IX Seminario Internacional de Políticas de Memorias organizado por CC Haroldo Conti.
[1] Licenciada en Ciencias de la Comunicación, desde 2011 es integrante de los Equipo de Relevamiento y Análisis documental en Archivos de las Fuerzas Armadas (Ministerio de Defensa).
[2] Profesora de Historia (ISPJVG), desde 2013 es integrante de los Equipo de Relevamiento y Análisis documental en Archivos de las Fuerzas Armadas (Ministerio de Defensa).
[3] Entre los proyectos especiales en los que participó el Equipo y de resonancia por fuera del ámbito ministerial y la justicia se destacan la participación en el relevamiento y análisis de documentación para la desclasificación del “Informe Rattenbach” y Fondo Malvinas de la Armada Argentina (2012); el Fondo Secretaría General de la Fuerza Aérea y Actas de la Junta Militar el cual obtuvo repercusión como “Las Actas de la dictadura Argentina” (2013-2014) y el Fondo documental del marino y vicepresidente de facto Isaac Francisco Rojas (2014). Todas estas tareas se complementa con la realización de publicaciones como el “Instructivo para la consulta de los Acervos documentales de las Fuerzas Armadas”, y “Relevamiento y Análisis Documental de los Archivos de las Fuerzas Armadas 1976 – 1983”, un compendio que da muestra de los distintos informes producidos entre 2010 y 2015.
[4] Es de destacar que la principal institución de consulta del Equipo es el Archivo General de la Armada (AGARA) situado en Bolívar 1622, Ciudad de Buenos Aires. Allí cuenta con una oficina y equipamiento desde sus inicios en 2010. Los siguientes acervos más consultados son el Departamento de Estudios Históricos Navales (DEHN-Casa Amarilla), situado en Almirante Brown 401 y el Fondo Archivo Histórico de la Justicia Militar (CONSUFA) en guarda en el Departamento Archivo Intermedio del Archivo General de la Nación (DAI-AGN) ubicado en Paseo Colón y Humberto Primo.
[5] Actualmente estas matrices están organizadas por dependencias de relevamiento: “matriz de carga centralizada AGARA”; “matriz de carga DEHN” y “matriz de carga CONSUFA-DAI”.
[6] Para un mejor conocimiento sobre el centro clandestino de detención de la ESMA véase: Actis, Munú y otras, Ese Infierno. Conversaciones de cinco mujeres sobrevivientes de la ESMA, Buenos Aires, Sudamericana, 2001; Calveiro, Pilar Poder y desaparición: los campos de concentración en Argentina, Buenos AIres, Colihue, 2006; Lewin, Miriam Wornat Olga Putas y Guerrilleras, Buenos Aires, Planeta, 2014; Verbitsky, Horacio Rodolfo Walsh y la prensa clandestina 1976-1983, Buenos Aires, La Urraca, 1984, Verbitsky, Horacio, El Silencio, Buenos Aires, La Página, 2006; Pierron, Yvonne Misionera durante la dictadura, Buenos Aires, Planeta 2009.
[7] Un gran número de las personas que pasaron por la ESMA fueron “trasladados” en los llamados “vuelos de la muerte”.
[8] Reglamento Orgánico de la Escuela de Mecánica de la Armada, segunda edición año 1982, Armada Argentina (citado en Ministerio de Defensa; 2015).
[9] La estructura administrativa se puede conocer a través del Reglamento Orgánico de la Armada, R.A-1-007 de 1975.
[10] 10 La ESMA integró la Fuerza de Tareas 3 (FT3), “Agrupación Buenos Aires”. El Placintara/75 enumera las siguientes unidades como componentes de esta FT: Batallón de Seguridad de la Sede del Comando General de la Armada (BISA/Capital Federal), Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA/Capital Federal), Base Aeronaval Ezeiza (BAEZ/Ezeiza), Arsenal de Artillería de Marina de Zárate (ARZA/Zárate), Apostadero Naval Buenos Aires (ADBA/Capital Federal), Apostadero Naval San Fernando (ADSF/San Fernando), Escuela Nacional de Náutica (ESNN/Capital Federal), Arsenal Naval Azopardo (ARAZ/Azul) y establecimientos, organismos y dependencias ubicadas en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.
[11] Nos referimos a la publicación R.A-1-005. Para nuestra tarea utilizamos la edición de 1975 vigente hasta 1994.
[12] Para una mayor comprensión de los distintos tipos documentales de las FFAA ver Ministerio de Defensa, Instructivo para la consulta de los acervos documentales de las Fuerzas Armadas, Buenos Aires, 2011.
[13] Cada Fuerza de Tareas (FT) estaba compuesta a su interior por Grupos de Tareas (GT) y éstos a su vez por Unidades de Tareas (UT). Cada FT tiene asignado un número, los GT se ligaban al número de su FT, lo mismo ocurría con las UT. Por ejemplo la FT3 tenía Grupos de Tareas que iban del GT3.1 al GT 3.12, y lo mismo para las UT, del GT3.3 que operaba en la ESMA se desprendían dos UT, la UT 3.3.1 y la UT3.3.2.
[14] Las actuaciones de justicia del AGARA se organizan en una base de datos en la que pueden realizarse búsquedas por código de destino y año, apellido, nombre del expediente y número de caja de guarda. Sobre estos datos el “Instructivo para la consulta de los acervos documentales de las FFAA” señala: “El apellido cargado suele ser el del causante, aunque en algunos casos se cargan otros (el de una víctima, el del oficial actuante, etc.) […] Por eso, no encontrar algo en base a una búsqueda de este tipo, no significa que lo que se busca no exista o no esté ingresado. […]” (Ministerio de Defensa, 2011: 132-133).
[15] Sobre este caso se puede ver las notas publicada en el periódico Página 12 “Sumario por Hurto” (Dandan, 2013ª) y “El Pillaje” (Dandan, 2013b).
[16] Cita tomada del Historial de Enseñanza del curso electricidad 1973-1977.
[17] Por el volumen de la causa el Tribunal cuenta con dos habitaciones enteras de documentación en guarda, y mucha otra digitalizada, como por ejemplo la “Causa 13” (Juicio a la Junta Militar).
[18] En tanto “archivo” nos referimos aquí a la “institución responsable de la acogida, tratamiento, inventariado, conservación y servicio de los documentos” (Cruz Mundet, 2011: 27) entendiendo que atiende a una triple función como fuente para la investigación, garante de derechos de los ciudadanos y el Estado y memoria institucional.
[19] Esta frase fue tomada de un comentario de la fiscal Mercedes Soiza Reilly en referencia a la documentación de los Archivos de las FFAA, en una visita guiada al Sitio de Memoria ESMA en junio de 2016.
[20] En esta misma línea señala Antonio G. Quintana analizando el caso español “[…] los archivos son siempre un reflejo de la sociedad que los ha producido y, así, en una Dictadura como la vivida en España entre 1939 y 1977, los archivos de todos los organismos y administraciones públicas reflejan actividades represivas y podemos encontrar información sobre violaciones de derechos humanos en fondos documentales no siempre previstos” (González Quintana, 2009).
[21] 21 Sobre el tratamiento en el análisis documental que caracteriza a Guatemala, el Director del AHPN, Gustavo Meoño desarrolla “[…] tuvimos que agregar al servicio de acceso a la información, el servicio primero de análisis documental con lo cual los fiscales, los querellantes, los abogados pueden auxiliarse para poder entender mejor las posibilidades de documentos que en la mayoría de los casos no se refieren de manera explícita a los hechos que están siendo investigados; los documentos de contexto son fundamentales y a raíz de este servicio de análisis documental también pasamos al servicio de pericia técnica”. Entrevista publicada en: http://www.aletheia.fahce.unlp.edu.ar/numeros/numeros/numero-8/dossier/entrevista-a-gustavo-meono-director-del-archivo-historico-de-la-policia-nacional-de-guatemala-201cel-valor-reparador-que-tiene-la-informacion201d
[22] Cf Gustavo Meoño, en el documental “Granito de Arena” al referirse a la tarea archivística señala “Hay que meterse en esas pequeñas brechas que se van abriendo”.
[23] Film en el que se documenta el proceso de búsqueda de Justicia en Guatemala.
[24] La ley 27275 fue publicada en Boletín Oficial al cierre de este trabajo el 29/9/2016. Ver https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/151503/20160929
[25] Para profundizar en estas recomendaciones ver “Políticas Archivísticas para la defensa de los Derechos Humanos” (González Quintana, 2009).